La verdad sobre la gestión del 29-O no aparece: se reconstruye, a trompicones, empujada por audios, vídeos y contradicciones oficiales. El último empujón lo dio el “mudo” de À Punt difundido por RTVE: a las 19:00, en el Cecopi, Salomé Pradas —entonces consellera de Emergencias e imputada— aparece dictando una parte del texto del Es-alert. El mensaje no llega a los móviles hasta las 20:11. Entre una cosa y la otra, una hora y once minutos. En ese lapso, la riada golpea y se escriben buena parte de los 228 nombres que hoy ya no están.
Una reunión del Cecopi con varias personas conectadas de forma telemática.
Ese vídeo añade piezas que no encajan con lo declarado ante la jueza. También muestra a un presidente de la Diputación, Vicent Mompó, exasperado por la tardanza en adoptar decisiones, y deja otra imagen difícil de explicar: la máxima responsable de Emergencias que evita hablar con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar; al final, es Mompó quien contacta con él. Y mientras tanto, el 112 reconoce que el cauce va al límite y el jefe de bomberos sitúa a las 17:30 los avisos sobre el barranco del Poyo. ¿Qué más hacía falta para accionar sin demora el dispositivo de alerta?
La sensación de bucle es insoportable. Cuando no es el comunicado de Maribel Vilaplana corrigiendo horarios del almuerzo con el president Mazón —¿terminó a las 17:30 o a las 18:45?—, es una grabación que rebaja aún más la credibilidad de los relatos oficiales. Ya ocurrió con la hora de llegada al Cecopi: primero “pasadas las siete”, después la evidencia de una entrada a las 20:28. Cada dato nuevo obliga a reescribir la escena, como si el guion oficial se adaptara a las pruebas y no al revés.
Aquí el mosaico aparece con toda su fuerza: cada tesela ilumina y, a la vez, revela huecos. Y para los familiares de las víctimas —y para las decenas de miles de damnificados— esa indefinición es una condena añadida: el duelo sin certeza, la memoria sin relato fiable.
La instrucción judicial ha dado un paso que importa: la magistrada incorpora como prueba documental la carta abierta de Vilaplana, a petición de una acusación popular, pero rechaza citarla como testigo por lo que supondría de acto directo de investigación respecto del president, aforado. No obstante, como ya hizo en otras ocasiones, recuerda a Carlos Mazón su posibilidad de comparecer como investigado al amparo del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El auto subraya por qué la carta es relevante: incide en elementos que afectarían no solo a la toma de decisiones en el Cecopi por los ya investigados, sino también en la posible participación del propio president; desde la duración del almuerzo (que la carta estira a la horquilla 18:30-18:45) hasta sus comunicaciones telefónicas en el restaurante con, entre otras, Salomé Pradas.
Además, la jueza deniega la aclaración de un auto anterior solicitado por otra parte y ordena nuevas testificales: la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, un sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos y un comandante de la UME. Traducción procesal: el círculo de hechos, decisiones y responsabilidades del 29-O se cartografía con mayor precisión, y las líneas de mando —políticas y operativas— quedan más expuestas a la luz del sumario.
No se exige infalibilidad ante una emergencia sin precedentes. El error es humano; la descoordinación, plausible en un escenario de colapso. Lo que no admite excusa es la administración confusa de la verdad: el goteo, la rectificación a remolque de las pruebas, el silencio cuando se pide una explicación. Si a las 13:05 una unidad ya estaba en el Poyo; si a las 14:40 se ordenó retirarla; si a las 17:30 el propio 112 alertó de que el cauce iba “al límite”, y a las 19:00 se dicta el Es-alert que no llegará hasta las 20:11, entonces la pregunta no es técnica: es política y es moral. ¿Quién decidió, quién demoró, quién calló?
El mosaico del 29-O no está cerrado. Falta encajar piezas que duelen. Pero la sociedad valenciana no puede vivir indefinidamente en el sobresalto de cada nueva revelación”
Se acerca el primer aniversario. València no necesita una liturgia vacía; necesita claridad. La memoria de los 228 exige un relato completo de las horas decisivas: por qué no se lanzó antes el aviso; por qué se evitó una llamada clave; por qué se retiró una vigilancia que debió mantenerse con periodicidad. A la jueza le corresponde fijar responsabilidades; a los responsables políticos, aportar todos los datos sin resistencia; a los medios, continuar alumbrando con rigor las zonas oscuras, lejos del ruido y la propaganda.
El mosaico del 29-O no está cerrado. Falta encajar piezas que duelen. Pero la sociedad valenciana no puede vivir indefinidamente en el sobresalto de cada nueva revelación. La verdad no devolverá la vida; sí puede devolver algo que también se perdió ese día: la confianza. Y esa solo se recupera con una imagen completa, sin teselas escondidas en cajones. Ha pasado casi un año. Ya no es tiempo de excusas. Es tiempo de encajar, por fin, el mosaico.
