La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, presumió esta semana en el debate sobre el estado de la ciudad de que el Consistorio ha instalado 40 cámaras de seguridad y vigilancia. En esta línea, entre las medidas expuestas para mejorar la seguridad ciudadana, la alcaldesa anunció que se está redactado el proyecto de cámaras del centro histórico del cap i casal, que contempla 462 unidades, más de 200 de ellas nuevas. También avanzó su intención de colocar este tipo de aparatos de vigilancia en el nuevo cauce del río.
Esta misma semana, el Ayuntamiento vecino de Torrent (el segundo municipio más poblado de la provincia de Valencia) hacía balance de su sistema de vigilancia de cámaras y aseguraba que, desde su puesta de funcionamiento en mayo de 2024, las 192 cámaras distribuidas “estratégicamente” por todo el término municipal han permitido a la Policía Local de Torrent y a otros cuerpos de seguridad resolver centenares de incidencias, prevenir delitos y agilizar investigaciones judiciales.
Contexto
En los últimos años, el debate de la seguridad se ha colado en la agenda política, coincidiendo con el auge de Vox
La localidad, gobernada por PP y Vox, destaca que desde el 25 de mayo de 2024 hasta los primeros días de septiembre de 2025, el sistema ha sido clave en más de 570 gestiones oficiales relacionadas con accidentes de tráfico, investigaciones judiciales, delitos y requerimientos de diferentes instituciones.
Y es que, cada vez más, los alcaldes recurren a estos mecanismos (más baratos que el aumento de los efectivos policiales) para combatir la inseguridad. Un problema creciente en algunas localidades y que se ha convertido en los últimos años en uno de los debates políticos de primer orden. La irrupción de la derecha extrema, y su llegada mediante pactos a los distintos gobiernos locales, ha hecho que estos prioricen la seguridad como uno de sus ejes de trabajo.
La instalación de una cámara en la localidad de Xirivella.
Así, por ejemplo, Xirivella anunció hace unos meses que iniciaba “la instalación de un sistema avanzado de cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad ciudadana y el control del tráfico en el municipio”. Una actuación, prevista en dos fases, que contempla la colocación de un total de 90 dispositivos en puntos estratégicos del casco urbano y el área industrial. El control de las cámaras, explicaba en un comunicado, estará centralizado en el retén de la Policía Local, donde se ha habilitado el punto de control para el seguimiento en tiempo real. “Con este proyecto, Xirivella se posiciona a la vanguardia en la implementación de herramientas tecnológicas al servicio de la seguridad urbana”, presumían desde el Consistorio.
Pero la instalación de cámaras no es solo una cuestión de gobiernos conservadores. Uno de los ayuntamientos que más ha apostado por este sistema ha sido el de Paterna, que ya en 2023 contaba con 300 cámaras y tenía la intención de sumar otras 150 a su equipo de videovigilancia. Pero no es el único consistorio socialista que ha apostado por estos operativos.
La instalación de cámaras no se hace solo en Ayuntamientos conservadores
Con motivo de la campaña estival, el Ayuntamiento de Gandía anunció que, dentro del refuerzo de seguridad para el verano, la Delegación del Gobierno había autorizado la instalación de un sistema de videovigilancia en varios barrios de la ciudad. “Las cámaras tienen como finalidad reforzar la seguridad ciudadana, proteger el uso pacífico de los espacios públicos y prevenir actos delictivos. Se instalarán siguiendo criterios técnicos y cumpliendo estrictamente los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima. Es una medida necesaria, argumentada y justificada para dar respuesta a problemáticas concretas detectadas en los barrios”, explicó la regidora de Seguridad, Lydia Morant.
Y es que estas cuestiones que menciona la concejala de la capital de la Safor son muy importantes. El abogado de la firma Ecija y miembro de la junta directiva del ICAV (Ilustre Colegio de Abogados de Valencia), Salvador Silvestre, explica a La Vanguardia que la instalación de este tipo de cámaras está sujeta a unos requisitos muy estrictos. Silvestre señala que se deben de regir bajo los criterios de proporcionalidad: “Cuantas más cámaras instales, el riesgo para la privacidad de las personas aumenta. Si pones muchos dispositivos, tienes más riesgos de grabar situaciones que afectan a la intimidad de las personas”.
El letrado recuerda que “los derechos a la intimidad no se pierden, aunque el Ayuntamiento tenga una habitación legal para grabar, esos derechos permanecen intactos”.
La utilización de las cámaras exige “la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana”
En este sentido, recuerda -como ejemplifica el caso de Gandia- que la Agencia Española de Protección de Datos establece que la autorización de la instalación de videocámaras fijas y la utilización de cámaras móviles se otorga por parte de la Delegación del Gobierno, con una vigencia máxima de un año que se debe renovar.
Además, la agencia estatal subraya que la utilización de las cámaras “exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caos de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles”. Y añade que “se deberá ponderar, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas”. En esta línea, Silvestre se pregunta quién tiene acceso a este tipo de imágenes y muestra su deseo de que la custodia de las mismas se haga siguiendo los criterios que marca la Agencia de Protección de Datos.
