Un técnico del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha declarado ante la jueza que los bomberos forestales movilizados para vigilar los cauces durante la dana del 29 de octubre nunca llegaron a informar de su situación, creando un vacío crítico de información en plena emergencia. Según su testimonio, la jefa de la Estructura de Guardia, Inmaculada Piles, ordenó el despliegue de estas brigadas para medir caudales en puntos de riesgo como Ribarroja, Paiporta y el Poyo. Sin embargo, esta instrucción nunca fue cumplimentada en los canales oficiales.
El declarante, técnico facultativo en la sala de mando, explicó que se abrió un caso específico en el sistema CORDCOM para gestionar esta movilización, pero los bomberos “nunca respondieron”. Ante la falta de feedback, el propio técnico realizó una llamada al consorcio de bomberos entre las 12:45 y las 13:15 horas. La respuesta que obtuvo fue ambigua: “ya veremos lo que podemos hacer”. Nunca volvieron a comunicarse. Los equipos no utilizaron el canal de radio correcto, que requiere dirigirse a “Control 2” para establecer contacto con la sala, por lo que su paradero y acciones permanecieron desconocidos para los coordinadores.
Este fallo en la comunicación se vio agravado por la falta de un seguimiento activo por parte del propio centro. El técnico admitió que, tras la movilización inicial, no se volvió a contactar con los bomberos para verificar su posición o el estado de los cauces. Se dio por hecho que la orden se estaba ejecutando y se esperaba que ellos reportaran cualquier incidencia. La orden de desactivación de estos servicios nunca se llegó a emitir durante su turno.
La declaración también arroja luz sobre otra limitación crucial en la gestión: el uso restringido de datos hidrológicos. Aunque el CCE tenía acceso al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en tiempo real, su protocolo interno, basado en instrucciones reiteradas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), les impedía utilizar esos datos para la toma de decisiones de protección civil. La CHJ argumentaba que la información del SAIH no estaba certificada. En su lugar, el centro se basaba únicamente en los correos electrónicos oficiales que la CHJ les enviaba, considerados “verificados”, y en los datos de la asociación AVAMET, una práctica que podría haber introducido retrasos significativos en la evaluación de la crisis.
Respecto a la cadena de mando, el técnico detalló que la decisión de decretar la alerta hidrológica fue tomada por Inmaculada Piles y el jefe de la Unidad de Análisis de Riesgo, Juan Ramón Cuevas. Los máximos responsables políticos del plan, el conseller José Luis Pradas y el director de Emergencias, Emilio Argueso, llegaron al centro pasadas las 12:30 horas, cuando las alertas del Magro y el Poyo ya estaban activadas. Finalmente, el declarante fue contundente al aclarar un punto clave: la alerta hidrológica nunca fue desactivada durante la mañana del 29-O, contradiciendo así informaciones previas que circulaban sobre una posible desactivación.