Por qué barrancos como el de la Rambla del Poyo, uno de los epicentros de la tragedia, quedaron desprotegidos la tarde del 29 de octubre de 2024 es una de las grandes incógnitas que trata de desentrañar la jueza de Instrucción nº 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La respuesta parece esconderse en una serie de conversaciones telefónicas que la Guardia Civil ha transcrito y aportado al juzgado. Estas grabaciones, obtenidas del sistema COORDCOM del 112, dibujan un panorama de descoordinación y minusvaloración del riesgo en horas clave, a pesar de que la alerta hidrológica estaba activa.
El último informe de la Benemérita, al que ha tenido acceso este diario, incluye la transcripción literal de una conversación de 3 minutos y 11 segundos mantenida a las 12:23 horas del día de la catástrofe, es decir, apenas tres minutos después de que la Generalitat decretara oficialmente la alerta hidrológica. En ella, un técnico de la Sala de Emergencias de la Generalitat llama al Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Valencia, para transmitir una petición urgente.
“Nos estaban consultando si se podía movilizar bomberos forestales a hacer unas rondas o controlar la zona al lugar”, explica el operador del 112 al sargento coordinador de Bomberos.
La respuesta del mando bombero es un frío y cuestionador: “¿Para qué?”.
“Pues para ver cómo va la evolución del paso de agua y demás”, responde el empleado de Emergencias.
“Si es por tema de estadística...”
La explicación que ofrece entonces el sargento coordinador es reveladora de la percepción que se tenía de la situación en ese instante: “Bueno, nosotros tenemos nuestros medios, quiero decir, estamos solventándolo todo de momento. Si por ejemplo, hemos enviado a bomberos forestales a la zona de creo que l'Eliana, a un árbol. No sé, si queréis que salgan ellos y echen un vistazo, es cosa vuestra, no sé. A ver... no lo sé, si es por tema de estadística y tal, por justificar un poco el trabajo que puedan tener ellos, pues no sé lo que queráis”.
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El técnico de Emergencias, insistente, detalla entonces los puntos críticos: la preocupación se centraba en el puente de Carlet, sobre el río Magro, y especialmente en el barranco del Poyo a su paso por Torrent, Picaña y Paiporta. Ante la concreción, la actitud del bombero cambia ligeramente. “Espera que me lo anote”, señala, añadiendo una frase que ha cobrado un peso significativo en la investigación: “Así yo lo justifico”. Acto seguido, asegura: “Vale, pues ahora les movilizamos”.
Sin embargo, la movilización no fue suficiente o no se mantuvo. Según la investigación de la jueza Ruiz Tobarra, en el caso del Poyo, los bomberos forestales que habían acudido se retiraron a partir de las 14:30 horas, cuando se observó un descenso transitorio del caudal. Lo más grave: lo hicieron sin informar de su retirada a la central de Emergencias de la Generalitat, dejando el cauce sin vigilancia en un momento crítico.
Esta decisión resultaría fatal. Horas más tarde, el cielo se abriría sobre la zona de Chiva. El suelo, ya completamente saturado y sin capacidad de absorción, convirtió la rambla en un monstruo de agua y lodo. Un auténtico tsunami interior se abatió sobre l'Horta Sud, con el Poyo como principal arteria de la muerte, llevándose por delante vidas, vehículos y viviendas en una de las escenas más dramáticas de la DANA.
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En un auto reciente, la propia jueza instructor manifiesta que “no se entiende” que aquel 29 de octubre “no se movilizase recurso material alguno” para la vigilancia continua de los barrancos, una responsabilidad que, insiste, recaía y recae en la Generalitat Valenciana por ser la dirección de la emergencia. Sin embargo, las transcripciones apuntan a que, en la cadena de mando operativa, la petición concreta de Emergencias encontró una primera barrera de escepticismo en el cuerpo que debía desplegar los recursos sobre el terreno.
El informe de la Guardia Civil no solo se centra en la coordinación con Bomberos, sino que también arroja luz sobre otro de los puntos más controvertidos de aquel día: la supuesta información errónea de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que, según versiones de la Generalitat, habría desviado la atención hacia la serranía de Cuenca.
La transcripción de una llamada crucial a las 16:14 horas entre un operador del 112, Juan Ramón Cuevas Camps, y un predictor de AEMET desmonta esta teoría y sitúa la famosa frase en su contexto real.
La conversación, de una crudeza extraordinaria, comienza con el predictor de AEMET informando proactivamente de que van a “volver a activar el aviso rojo en el litoral sur”, alertando de “precipitaciones torrenciales en la última hora” cerca de l'Albufera. Incluso menciona un “posible tornado por Alginet” del que el 112 no tenía noticia.
Es el operador del Centro de Coordinación de Emergencias quien, mostrando una lógica angustia, presiona para conocer la evolución. Describe la zona de Utiel-Requena como “la zona cero”, con carreteras cortadas, la A-3 colapsada y barriadas inundadas por el desbordamiento del Magro. “Tenemos muchísimo interés en saber cuál es la evolución en esa zona en concreto”, implora.
El predictor, consultando los modelos, responde con precisión: “De las dieciocho a veintiuna, el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca, hacia la meseta”. Acto seguido, matiza crucialmente: “Y en el interior de la provincia de Valencia continúa lloviendo pero con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que va sumando litros a los que ya se han acumulado”.
Lejos de ser una información que alejara el peligro de Valencia, era un parte detallado de la evolución, que no solo no descartaba la persistencia de lluvias en el interior valenciano, sino que además alertaba de la reactivación del aviso rojo en el litoral. La frase sobre Cuenca era una pieza más de un puzzle meteorológico extremadamente complejo, y no la simplificación que luego se utilizó en el debate político.
Las piezas que aporta el informe de la Guardia Civil encajan en un rompecabezas de fallos sistémicos. Muestra que, aunque el protocolo de alerta se activó, la comunicación operativa entre salas falló. La petición de vigilancia específica de puntos críticos como el Poyo fue inicialmente minusvalorada y vista casi como una molestia burocrática (“si es por estadística”), y la retirada de los efectivos sin notificar dejó el campo libre a la catástrofe.
Mientras, en otra línea telefónica, los predictores meteorológicos y los coordinadores de emergencias intercambiaban datos técnicos complejos y acertados sobre la evolución de la tormenta, en un esfuerzo por anticiparse a lo que se venía encima.
La jueza Ruiz Tobarra sigue atando cabos para determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de estas actuaciones. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) es la siguiente en la lista, a la que la magistrada ha requerido para que explique si desplegó a su propio personal para vigilar los cauces de su competencia. Pero en su auto, es contundente al recordar que la dirección última de la emergencia y el control de los barrancos era, y es, una responsabilidad autonómica.
