La Acusación Popular ejercida por Acció Cultural en la causa penal que investiga la gestión de la dana ha solicitado a la jueza instructora de Catarroja que requiera los vídeos originales y con audio que fueron utilizados para un montaje publicado por la exconsellera Salomé Pradas en su perfil de Instagram.
Emilio Argüeso, segundo por la izquierda y junto a la consellera Salomé Pradas, la tarde del 29 de octubre en el CECOPI
En un escrito del letrado de la acusación, Manolo Mata, insta a la magistrada a reclamar ese material en bruto para su incorporación a la investigación. El objetivo es acceder a las grabaciones completas y con sonido, que podrían arrojar nueva luz sobre los hechos.
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El vídeo en cuestión, que permanece publicado en la red social y tiene una duración de aproximadamente un minuto, muestra a la entonces consellera llegando al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) junto a otros dos investigados: el ex secretario autonómico Emilio Argüeso y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. La secuencia continúa con imágenes mudas de Pradas tomando notas, conversando con personal de Emergencias, realizando llamadas telefónicas y visitando zonas afectadas por las inundaciones, posiblemente en la localidad de Carlet.
La petición se fundamenta en la existencia de tomas que, según la acusación, no coinciden con ningún otro material audiovisual conocido hasta la fecha. En su escrito, el abogado Manolo Mata destaca: “Si se observa detenidamente la grabación, se constata que hay tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora: un reloj que marca las 12:46, tomas de Jorge Suárez desde otros ángulos o conversaciones de Pradas con los técnicos del 112 en otros momentos que los conocidos hasta ahora”.
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Acció Cultural sostiene que estas grabaciones, realizadas en formato vertical para redes sociales, pudieron ser captadas bien por el operador de la productora contratada por la Conselleria de Emergencias, o por un asesor de la propia exconsellera, cuyo nombre figura en el escrito presentado al juzgado.
Para garantizar la localización de todo el material, la acusación solicita a la jueza que amplíe el requerimiento ya realizado a la productora y que se localice al asesor mencionado. El objetivo es que el juzgado pueda “contacte inmediatamente con él y le requiera las grabaciones conservadas en su teléfono o en cualquier otro dispositivo de su propiedad o de la Conselleria”.
Con esta medida, la Acusación Popular busca obtener las fuentes originales de las imágenes, incluyendo el audio completo, que considera esenciales para determinar con exactitud el desarrollo de los hechos y las acciones de los investigados durante la gestión de la emergencia. La decisión de la jueza sobre esta petición se espera en los próximos días.
