La aprobación por parte de PP y Vox en Les Corts Valencianes de una propuesta para incorporar al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 datos diferenciados entre “población nacional” y “población migrante” ha desatado una fuerte polémica política y sindical. Mientras el Consell presidido por Carlos Mazón defiende que la medida permitirá “mejorar las políticas públicas” y “dar una respuesta más eficaz” a la realidad migratoria, tanto el PSPV como Compromís acusan al Ejecutivo valenciano de “institucionalizar el racismo” y “alimentar los discursos de odio”.
La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, salió al paso de las críticas tras el pleno del Consell celebrado este martes. En su comparecencia, acusó a la oposición de “manipular” y de lanzar “acusaciones falsas y tendenciosas” contra el Gobierno valenciano. “Acusar a este gobierno de racista no solamente es manipulador, sino que es falso”, aseguró con contundencia.
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Camarero defendió que disponer de datos diferenciados “garantiza la equidad y la transparencia” y permitirá conocer mejor la situación de la población migrante para ofrecer “respuestas más adecuadas” a sus necesidades. Según la portavoz, “mejorar la información con datos complementarios puede beneficiar las políticas de integración”.
La propuesta, presentada por Vox y aprobada con los votos del PP en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts, insta al Consell a incluir en el Plan Valenciano de Estadística indicadores que diferencien entre población nacional y migrante, “en la medida de las posibilidades técnicas y materiales”. Entre los aspectos que se analizarían figuran la contribución neta al Estado del bienestar o la recepción de ayudas públicas.
“Estos datos —sostuvo Camarero— no se utilizarán para señalar a nadie, sino para mejorar las políticas sociales y de empleo. En ningún caso van a perjudicar la situación de nadie”. Recordó además que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya publica estadísticas que distinguen entre delitos cometidos por nacionales y extranjeros. “Hay que ser cuidadosos y no crear cortinas de humo que solo buscan el enfrentamiento”, advirtió.
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La portavoz no escatimó críticas hacia el anterior Gobierno del Botànic. Acusó a PSPV y Compromís de “abandonar a su suerte” a los migrantes del buque Aquarius y de no haber exigido al presidente Pedro Sánchez una política migratoria clara. “La izquierda valenciana no está para dar lecciones”, remató.
Sin embargo, la oposición no tardó en replicar con dureza. El síndic socialista en las Corts, José Muñoz, calificó la medida de “ataque directo a los derechos humanos” y anunció que el PSPV llevará el caso ante el Síndic de Greuges y el Parlamento Europeo por considerar que supone “racismo institucional”. “Estamos ante una muestra de violencia institucional con la que el PP, de la mano de la ultraderecha, está señalando a un colectivo”, denunció Muñoz.
El dirigente socialista afirmó que el presidente Mazón “está dispuesto a vender cualquier avance conquistado para garantizarse su supervivencia política”. Según Muñoz, “tenemos a un president sin valores, y eso provoca una sociedad sin valores”. Además, advirtió de que “la última concesión del PP a Vox vulnera la legislación española y europea” en materia de igualdad y no discriminación.
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“Cada día que pasa —añadió— Mazón demuestra que se identifica con la extrema derecha, con su racismo y su xenofobia. Ni vamos a dar un paso atrás ni nos vamos a quedar parados”. El PSPV, aseguró, prepara una batería de iniciativas en Les Corts y en las instituciones europeas para “frenar esta deriva xenófoba”.
También Compromís se sumó a las críticas y calificó la medida de “iniciativa peligrosa que divide a la sociedad y rompe los principios básicos de igualdad”. A su juicio, el PP y Vox “están utilizando las instituciones para difundir el discurso del miedo”.
El rechazo no se limitó al ámbito político. CCOO del País Valencià denunció que la resolución aprobada por PP y Vox “busca institucionalizar el odio”. La secretaria de Migraciones del sindicato, Isabel Barrajón, alertó de que “se trata de un intento velado de estigmatización, donde los datos se convierten en un arma arrojadiza contra una parte de la ciudadanía”. Según Barrajón, la iniciativa “no busca eficiencia, sino construir un chivo expiatorio al que culpar de problemas inexistentes”.
El sindicato aportó además datos del INE para rebatir el supuesto impacto negativo de la inmigración. Según el organismo, la población residente en España nacida en el extranjero —con o sin nacionalidad española— representa el 18 % del total, y casi la mitad procede de América Latina. Los migrantes, destaca CCOO, “viven de su trabajo y tienen una tasa de actividad superior (69,3 %) a la de la población española (56,4 %)”.
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Su presencia, además, es decisiva en sectores esenciales: el 72 % de las personas empleadas en el hogar y los cuidados son migrantes; el 45 % en la hostelería; y cerca de un tercio en construcción y agricultura. “Aportan más de lo que reciben: el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social y solo el 1 % del gasto”, recalcó el sindicato.
Mientras el Consell defiende la medida como una herramienta técnica de planificación y la oposición la ve como un paso hacia la “discriminación institucional”, el debate ha puesto de relieve la creciente tensión política en torno a la inmigración. La polémica no parece que vaya a cerrarse pronto: el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 aún debe aprobarse formalmente y su contenido detallado será objeto de nuevas votaciones en Les Corts.
Por el momento, la Generalitat insiste en que su objetivo es “mejorar las políticas públicas con datos reales”, pero la oposición teme que esos mismos datos acaben sirviendo para alimentar prejuicios y discursos excluyentes. En medio, los sindicatos y las ONG reclaman que no se utilice la estadística “como herramienta de división”, sino como un instrumento “para reforzar la convivencia y la igualdad de oportunidades”.
Camarero sobre eliminar la Comisión LGTBI
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha defendido que las cuestiones sobre el colectivo LGTBI se debatirán en una “comisión transversal” tras eliminar el Reglamento de Les Corts cuatro comisiones parlamentarias --LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana--.
Así se ha manifestado la también portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, al ser preguntada por la presentación por parte de PP y Vox de una proposición de ley conjunta para modificar el Reglamento de Les Corts, en la que plantean eliminar cuatro comisiones parlamentarias --LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana--.
Al respecto, Camarero ha defendido que las comisiones se incluirán en otras y ha asegurado que van a “seguir trabajando” por los derechos del colectivo LGTBI.
