El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presidido este miércoles la firma del Acuerdo por la Vivienda, un texto del que han participado la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras ante el “problema social, la crisis”, ha dicho, que condiciona el mercado inmobiliario.
Mazón ha explicado que este Acuerdo se basa en el Plan VIVE impulsado por el Consell para construir la friolera de 10.000 viviendas tanto de promoción pública como privada durante la legislatura a través de un convenio suscrito con la FVMP del que ya forman parte 317 municipios de todo color político. Firmado este miércoles por 35 entidades, desde el Consell remarcan que este es un acuerdo abierto al que se puede adherir más entidades. Ni los sindicatos mayoritarios, CCOO-PV y UGT-PV, ni la Federación de Asociaciones Vecinales de València han participado en la firma.
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Mazón ha explicado que para hacer realidad la construcción proyectada por el gobierno valenciano ya hay 206 solares públicos movilizados y según ha cifrado el jefe del Consell, un total de 4.000 viviendas en construcción, licitadas o adjudicadas. “Nadie debería tener que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera”, ha señalado el president, quien ha avanzado que habrá otros 1.000 inmuebles que se activarán antes de finalizar el año, hecho que “demuestra que la vivienda es una prioridad y que el Plan VIVE está dando sus resultados”.
Nadie debería tener que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera”
Entre los firmantes del acuerdo, la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, que trimestralmente da cuenta de la crisis inmobilizaria que azota a la ciudad de València y a la provincia en su conjunto. Su director, Fernando Cos-Gayón, ha tomado la palabra en el acto de rúbrica del Acuerdo en representación de los firmantes y, aunque ha valorado la propuesta, ha reconocido que “esto solo se soluciona con un Pacto de Estado, aunque no haya sintonía con la otra parte”. Cos-Gayón, quien ha lamentado que se apliquen “soluciones a espaldas del sector”, ha abogado por trabajar no solo en la creación de nueva vivienda protegida, sino también en la creación de vivienda asequible para dar respuesta a las necesidades del mercado.
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Informe
Amnistía Internacional critica que se siga permitiendo construir en zona inundable
El informe Llueve sobre mojado. La DANA: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda, elaborado por Amnistía Internacional pone el foco en que en España y en la Comunitat Valenciana, “a pesar del contexto de cambio climático y las advertencias de organismos internacionales de que los fenómenos meteorológicos serán más frecuentes y más graves, la normativa urbanística sigue permitiendo la construcción en zonas inundables”. La ONG critica que las distintas administraciones han ido desarrollando un ordenamiento jurídico que, “de espaldas a la legislación sobre cambio climático y al derecho a la vivienda, establece limitaciones pero no impide la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables”.
La vicepresidenta primera y consellera del ramo, Susana Camarero, ha asegurado en la presentación que este Acuerdo es “mucho más que un pacto, es la muestra más clara que la vivienda se defiende con diálogo y con gestión” para desarrollar una “prioridad política y moral”. El texto firmado es un decálogo que compromete a los firmantes a gestionar eficientemente el parque público de vivienda, reforzar la seguridad jurídica, avanzar en la simplificación administrativa, impulsar la economía social, conseguir mayor disponibilidad del suelo para vivienda protegida, modernizar el sector de la construcción, desarrollar un marco fiscal y financiero favorable, reconocer el compromiso con la vivienda protegida y dar visibilidad y difusión a las iniciativas vinculadas,
