La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana ha requerido en un auto a la testigo Maribel Vilaplana “al objeto de que aporte, en su declaración testifical, el ticket del aparcamiento correspondiente al día 29 de octubre de 2024, así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al president de la Generalitat en dicha fecha”.
La magistrada argumenta que “en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la investigada Salomé Pradas Ten, a la sazón Consellera de Emergencias, y el President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón Guixot, y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo, tal como resolvió la Audiencia Provincial de Valencia en auto de 16 de octubre de 2025”.
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Recuerda la jueza que “dicho auto señalaba que el Presidente ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas -art. 1 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano- funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell -art. 12 de la Ley 5/1983, acordándose la declaración como testigo de Maribel Vilaplana”, declaración que se producirá el próximo lunes.
Para la instructora, determinar “hasta qué momento la testigo Sra. Vilaplana acompañó al President, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron entre el President y la investigada Salomé Pradas, convierte en útil la prueba solicitada, la obtención del ticket de entrada y salida del parking”.
Determinar hasta qué momento la testigo pudo estar presente durante las llamadas entre Mazón y Pradas “convierte en útil la prueba solicitada”, dice la jueza
Añade que el requerimiento “ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del parking entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el President, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024”. Y explica que la solicitud de prueba subsidiaria consistente en solicitar la aportación de los tickets de entrada y salida del vehículo de la periodista a la empresa que gestiona el aparcamiento (Interparking Hispania) “se proveerá una vez se reciba declaración a la testigo”. Es decir, que si Maribel Vilaplana no los aporta o no prueba de otro modo los horarios de entrada y salida de su coche, la jueza requerirá la documentación a los gestores del parking.
De momento, Nuria Ruiz Tobarra no cree necesario volver a llamar a declarar a Salomé Pradas, pero señala la posibilidad de que lo haga más adelante. Tampoco llamará al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como también ha solicitado una de las partes, aunque sí ha aceptado, en otro auto emitido hoy, que se incorpore como prueba a la causa la entrevista a Mompó emitida por RTVE dentro de un programa especial sobre la dana.
La jueza suma a la causa una entrevista en la que el presidente de la Diputación “contradice” su declaración en el juzgado
En concreto, la jueza justifica sumar esa entrevista a la instrucción porque en un fragmento de ella el presidente de la Diputación expresa, en relación con la investigada Salomé Pradas, lo siguiente: “De totes formes, en este cas la qui dirigia l'emergència era ella, no era el President, vull dir, al final, te parle de la meua persona, quan al final tens que pendre decisions i tens que consultar-les les consultes, i si no pots consultar-les, pues prens les decisions.”
Considera la jueza que esas declaraciones de Mompó “contradicen lo expresado en sede judicial, como se pone de manifiesto de los pasajes de la transcripción citados por la representación de ACPV en su escrito”.