El Mediterráneo está al límite. Esa fue la idea que sobrevoló desde el primer minuto en el seminario celebrado en la Universitat de València el 28 de octubre, dedicado a extraer lecciones de la devastadora Dana que un año antes arrasó el área metropolitana y dejó al descubierto un territorio más frágil de lo que creíamos. La frase no era una dramatización retórica, sino un diagnóstico compartido por todos los expertos reunidos: el Mediterráneo se ha convertido en una de las regiones del planeta más vulnerables al cambio climático, un espacio donde los episodios extremos se intensifican y donde los patrones del riesgo han cambiado de forma irreversible. La Dana de 2024 no fue una anomalía, sino un anticipo. Lo que hasta hace poco parecía improbable ahora es verosímil, y lo que se consideraba excepcional puede repetirse con mayor frecuencia y virulencia. Ese fue el punto de partida de una jornada que reunió a académicos, responsables públicos, empresarios, sindicalistas, técnicos, servicios esenciales y representantes de la sociedad civil, y que tuvo un tono emocionalmente subrayado por la presencia de Rosa Álvarez, presidenta de la asociación de víctimas mortales, encargada de la clausura. Su participación recordó que no se trataba de una discusión académica, sino de un ejercicio de memoria y responsabilidad colectiva.
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El seminario, organizado por los profesores Ana Camarasa y Joan Romero desde la cátedra Cambio climático, territorio y riesgos ambientales en el Mediterráneo, buscaba evaluar el primer año de gestión de la catástrofe y consolidar una hoja de ruta para afrontar episodios futuros. Y lo que emergió fue un consenso rotundo: València debe repensarse. La primera gran conclusión es que los riesgos no son nuevos; lo que cambia es su magnitud. Las lluvias torrenciales, los desbordamientos súbitos, los caudales inesperadamente altos en ríos y barrancos no pueden considerarse ya fenómenos extraordinarios, sino parte de un clima mediterráneo alterado. El territorio afectado por la Dana puso en evidencia las limitaciones de mapas obsoletos, de infraestructuras diseñadas para riesgos que ya no se corresponden con la realidad y de un urbanismo que, en demasiados casos, ha empujado a la población hacia zonas vulnerables. De ahí la urgencia, repetida por numerosos intervinientes, de revisar la delimitación de zonas inundables, actualizar y completar la cartografía, modificar la calificación de suelos en áreas de peligro y renaturalizar espacios donde el agua ya no tiene por dónde expandirse.
Junto a la revisión del planeamiento territorial y urbanístico, los expertos insistieron en la necesidad de integrar la adaptación climática en todas las escalas de decisión. La Generalitat, los ayuntamientos y las administraciones sectoriales deben trabajar con criterios comunes y con una visión compartida del territorio, algo que, según se repitió, está lejos de cumplirse. La falta de coordinación es, quizá, el gran talón de Aquiles de la gestión del riesgo. Durante la Dana y en los meses posteriores, la fragmentación competencial, la superposición de organismos y la ausencia de un mando claro provocaron retrasos en la toma de decisiones, confusión en la comunicación de alertas y lentitud en la gestión de ayudas y seguros. La propuesta más mencionada fue la creación de una estructura estable de coordinación a escala metropolitana o subcomarcal, un organismo capaz de articular respuestas rápidas y homogéneas, y de anticipar escenarios antes de que la emergencia estalle.
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La movilidad metropolitana fue otro de los puntos críticos del seminario. El área metropolitana registra 250 millones de desplazamientos anuales, con un 90% de uso del vehículo privado en la corona. Esta dependencia convierte a la movilidad no solo en un problema cotidiano, sino en un factor de vulnerabilidad frente a episodios extremos. Cuando todo depende del coche, cualquier colapso se vuelve una trampa y la evacuación o la respuesta se complican. Los especialistas reclamaron una transformación profunda: una EMT con visión metropolitana, el impulso decidido del Plan Territorial Metropolitano, la coordinación real entre administraciones de transporte y el avance hacia un modelo policéntrico que reduzca la presión sobre València ciudad. Pero lo que más se subrayó fue la «inmovilidad» de las políticas de movilidad, atrapadas en disputas competenciales que bloquean decisiones imprescindibles.
La gestión de emergencias también fue objeto de una revisión crítica. El seminario coincidió en que la cultura de la prevención sigue siendo escasa. Los protocolos no siempre están claros, los niveles de alerta generan confusión entre la ciudadanía y los cuerpos operativos necesitan más formación específica y más simulacros. Una de las propuestas más repetidas fue la implantación de sistemas de alerta municipales autónomos que complementen los avisos regionales y permitan reaccionar con mayor rapidez. La otra gran necesidad es reducir la burocracia en situaciones extraordinarias: crear ventanillas únicas, revisar la normativa de contratación pública que, en la práctica, impide a los ayuntamientos gastar fondos concedidos, y agilizar los procedimientos que afectan a familias y empresas. El exceso de requisitos administrativos, recordaron varios participantes, ha provocado que ayudas urgentes hayan tardado meses en materializarse, cuando no han quedado bloqueadas por completo. Particular atención mereció las dificultades de los ayuntamientos para poder disponer de los recursos adjudicados por lasadministraciones central y autonómica por carecer de una nueva reglamentación que lo haga posible en situaciones extraordinarias.
La reconstrucción social y económica ocupa otra parte sustancial del diagnóstico. Las ayudas públicas, según se dijo, llegaron tarde y con poca claridad; la cobertura de seguros ha sido un laberinto para empresas y autónomos; los trabajadores en ERTE necesitaron complementos que no siempre se tramitaron a tiempo; y los autónomos en cese de actividad se encontraron con una normativa insuficiente para hacer frente a una situación sobrevenida. La inseguridad jurídica y la lentitud administrativa han frenado, en muchos casos, la capacidad de recuperación de comercios, talleres y pequeñas empresas. A esto se añade el deterioro de los servicios públicos esenciales, especialmente los sociales, que pese a su precariedad fueron decisivos para sostener a las familias afectadas. Pero la imagen más reveladora de esta fragilidad fue la situación de los ocho centros de secundaria arrasados por la Dana, cuyas direcciones denunciaron no haber recibido una respuesta adecuada ni una solución clara un año después.
La dimensión emocional de la catástrofe ocupó también un papel importante. La recuperación psicológica de los afectados avanza a un ritmo mucho más lento que la reconstrucción física. Las pérdidas materiales pueden repararse, pero las pérdidas simbólicas —fotografías, objetos familiares, recuerdos cuya desaparición rompe la continuidad de una vida— dejan heridas difíciles de cerrar. El acompañamiento psicológico, defendieron los especialistas, debe consolidarse como una parte estructural de los planes de emergencia, no como un recurso añadido después de la tragedia.
Finalmente, el seminario destacó el papel esencial del tejido asociativo. Muchas asociaciones vecinales, culturales y deportivas actuaron como redes de apoyo espontáneo cuando las administraciones aún estaban desbordadas. Sin embargo, gran parte de ese tejido quedó muy dañado. Recuperarlo es una tarea lenta y no improvisable, pero imprescindible si se aspira a reforzar la resiliencia comunitaria. La participación ciudadana, subrayaron, no es un adorno: es un factor determinante para enfrentar futuras emergencias y para reconstruir un territorio desde la base, no solo desde los despachos.
Tras horas de debate, un mensaje quedó claro: las conclusiones están sobre la mesa y el diagnóstico es compartido. El Mediterráneo se ha convertido en una región de alto riesgo, y València, por su densidad, su morfología urbana y su modelo de movilidad, es especialmente vulnerable. Pero también dispone de conocimiento científico, capacidad técnica y una sociedad civil activa. La cuestión decisiva es si las administraciones serán capaces de convertir estas recomendaciones en políticas reales. La Dana dejó una advertencia que no admite interpretaciones: el clima ha cambiado. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de si somos capaces de cambiar con él.
