La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, acudió ayer por la tarde a las puertas del Palau de la Generalitat acompañada de otros afectados, alentados por la posible renuncia de Carlos Mazón, satisfecha porque “doce meses después, 365 días tardes, hemos conseguido de una manera histórica, que el president vaya a dimitir”, como aseguró en declaraciones a À Punt. Varios familiares de víctimas se habían acercado al edificio de la calle Caballeros expectantes ante una posible renuncia.
Álvarez, que representa a familiares de 90 fallecidos, abrirá el martes la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Rosa, cuyo padre, Manuel Álvarez, falleció en su casa de Catarroja la tarde de la dana, arranca el primero de tres días de comparecencias de las asociaciones de víctimas, las tres mayoritarias, en las que los familiares y afectados describirán en primera persona qué fue de ellos y de sus familias aquella tarde.
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El martes es el turno de su asociación, de la que forman parte unas 200 personas que perdieron a sus familiares aquel día; el miércoles comparecerán representantes de la Asociación de damnificados Dana Horta Sud- Valencia, presidida por Christian Lesaec; y el jueves será el turno de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre de 2024 que preside Mariló Gradolí. Ambos presidentes estarán también en las comparecencias, así como otros afectados.
Las asociaciones comparecerán martes, miércoles y jueves en el Congreso
Según la planificación que se les ha facilitado, el primer día intervendrán cinco familiares y entre ellos, además de Rosa Álvarez, hablará Dolores Ruiz, quien perdió a su marido y sus dos hijos, o Maite Pagán, cuya hermana, sobrino y cuñado fallecieron en la carretera a causa de las inundaciones. El segundo día serán cuatro intervinientes, al igual que el último día. Cada uno de los participantes tendrá un turno de una hora, aproximadamente, que se dividirá en unos 15 minutos de exposición inicial, media hora de preguntas de los diputados a razón de cinco para cada grupo parlamentario, y otros 15 minutos finales para concluir, contestar o exponer cualquier información relevante.
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Estos días, inmediatamente posteriores al funeral de Estado, que les inquietaba y preocupaba especialmente, han estado preparando sus comparecencias, que llevarán escritas en su mayoría. No será fácil, asumen, tras las emociones de la última semana por el homenaje de Estado celebrado en València. Lo explica Rosa Álvarez, quien remarca que los miembros de su asociación son todos familiares directos de fallecidos y en su mayoría se encuentran en tratamiento psiquiátrico, “y tenemos que recomponernos desde el dolor, cuando además tampoco somos personas acostumbradas a hablar en público”. Asume la invitación para hablar en representación de las víctimas como “una responsabilidad” y se plantea el objetivo de dar voz a todas y se compromete a responder sin distinción: “pregunte quién pregunte, lo haré desde el corazón”.
Pregunte quién pregunte, contestaré desde el corazón”
Mariló Gradolí quiere también poner en valor también a quienes sufrieron las consecuencias de la dana y conviven hoy en día con el trauma. “Hablaremos de las 229 víctimas y de las innumerables personas que esa noche lo pasaron mal, que siguen sufriendo. Aún no se han asumido las responsabilidades y no descansaremos hasta que no se sepa la verdad”, apunta. Gradolí destaca la importancia de poder “llevar la voz de las víctimas al Congreso” y prefiere ignorar a quienes aseguran que las víctimas están “instrumentalizadas”, como señaló la pasada semana el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tras el funeral de Estado. “Quien dice esto lo que debe hacer es pasearse por cualquier pueblo y hablar con la gente”, apunta Gradolí, mientras Rosa Álvarez remarca al respecto que “tenemos criterio propio y no atendemos a ningún color político”.
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Por su parte la asociación de damnificados que coordina Christian Lesaec, que acaba de plantear una reclamación patrimonial por daños físicos, morales y materiales contra la Generalitat valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar por valor de 58 millones de euros, pretende centrarse en los días 30 y 31 de octubre y primeros días de noviembre de 2024, cuando cientos de valencianos se sintieron “solos, esperando una ayuda que no llegaba”. Lesaec planteará en su intervención la tardanza en las ayudas o por qué el Gobierno no asumió el mando de la emergencia.
