Alicante cuenta con el menor presupuesto por habitante entre los 20 municipios más grandes

Política local

Los 367,3 millones de euros para el ejercicio 2026 suponen poco más de mil euros por residente censado

Vista aérea del puerto de Alicante, ciudad Mediterránea y Capital Española de la Gastronomía 2025

Vista aérea de Alicante, que cuenta con un presupuesto municipal de 367,3 millones para 2026 y unos 366.000 habitantes censados 

Ayuntamiento de Alicante

Los gobiernos de los principales ayuntamientos de España vienen anticipando las cifras de sus presupuestos para el año 2026. Unos han aprobado ya las cuentas, otros están a la espera de cerrar los pactos que les permitan hacerlo, alguno quizá tenga que prorrogar los de este año, pero ya es posible realizar una comparativa interesante: ¿de cuánto dinero disponen los principales municipios españoles por cada habitante censado? Una vez realizado el ejercicio, la ciudad de Alicante, que tras superar a Bilbao entró el año pasado en el Top-10 de población censada gracias a un aumento que la sitúa por encima de los 366.000 habitantes, se sitúa a la cola de fondos disponibles por habitante entre los veinte mayores municipios españoles.

En concreto, los 367,3 millones de euros con los que espera contar el equipo de Gobierno del PP, liderado por el alcalde Luis Barcala, en el próximo ejercicio, un 5,8 % más que en el actual, le permiten apenas superar los mil euros por habitante (1.004 en números redondos). La cifra no solo está lejos de los más de 2.400 euros por cabeza de que dispone Barcelona, o de los más de 2.000 de la mencionada Bilbao, de una potencia económica evidente la primera y con una singularidad fiscal la segunda -la capacidad distributiva de la Diputación Foral- que dificulta la comparación, sino muy por debajo de las otras dos ciudades de la Comunidad Valenciana –València y Elx- que figuran entre las veinte más pobladas del país.

Los 367,3 millones de euros con los que espera contar Alicante le permiten apenas superar los mil euros por habitante

En el caso de València, con más de 840.000 habitantes censados, el presupuesto previsto para 2026 es de 1.415 millones de euros. Si el consistorio que preside María José Catalá decidiera mañana repartir ese dinero entre sus residentes, cada uno tocaría a 1.683 euros; eso es un 60% más que en Alicante.

Debido a sus dimensiones y la extensión de sus servicios públicos y de transporte, se entiende que el gasto que debe afrontar la capital de la Comunidad es superior no solo en términos absolutos, sino también relativos, pero para afrontar ese gasto mayor es necesario que también lo sean los ingresos.

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Según un informe publicado este año por el Consejo General de Economistas, con datos del Ministerio de Hacienda, sobre lo que recaudan los ayuntamientos de las capitales de provincia por cada habitante (con datos de 2023), València obtiene 626 euros y Alicante 531, una de las cantidades más bajas de España, solo por encima de Cáceres, Badajoz, Jaén y Pamplona (cuya pertenencia a una comunidad con régimen foral le compensa sobradamente).

Esa diferencia por sí sola no basta para explicar la diferencias, que hay que buscar por un lado en la mayor actividad económica (que repercute en el IAE) de una ciudad con un puerto y una actividad logística indiscutiblemente superior, y por otra en el efecto ‘capitalidad’ que le permite, entre otras cosas, obtener más transferencias del Estado.

Caso distinto es el de Elx, que dispone de unos 355 euros por habitante más que Alicante en su presupuesto para 2026, con una población de unos 245.000 habitantes, pero una estructura económica distinta, enfocada a la industria en lugar de al turismo y los servicios, como la capital provincial.

Por supuesto, para evaluar la gestión municipal es necesario considerar la eficiencia, la ejecución efectiva de los proyectos anunciados y la distribución del gasto según las tendencias ideológicas de los gobernantes y las características de municipios que son muy diferentes y exigen por tanto distintos enfoques, pero contar con más o menos recursos condiciona sin duda la capacidad de maniobra de los ayuntamientos.

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