El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha asegurado este miércoles ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que la amenaza de colapso de la presa de Forata “secuestró” la atención operativa y condicionó la respuesta ante lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo y en la comarca de l’Horta Sud, finalmente la más castigada por las inundaciones.
Suárez ha comparecido por segunda vez ante la instructora, después de que el pasado 4 de diciembre su primera declaración, que se prolongó durante cerca de ocho horas, quedara inconclusa por falta de tiempo para que intervinieran todos los letrados. En esta nueva sesión, las acusaciones centraron sus preguntas en cómo se gestionó la emergencia en los núcleos urbanos de l’Horta Sud durante aquella tarde.
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Según fuentes conocedoras de la declaración, Suárez ha explicado que a partir de las 19.30 horas se tuvo constancia de una “generalización” de problemas en municipios como Picanya, Paiporta o Massanassa, aunque aseguró no recordar que esa información llegara vinculada explícitamente al barranco del Poyo. “Siempre recuerdo municipios, no barrancos o ramblas”, ha señalado, admitiendo que no se “conectaron” los incidentes con el cauce concreto en el que se estaban produciendo.
El subdirector ha recordado que por la mañana se había declarado la alerta hidrológica tanto en el río Magro como en la rambla del Poyo, pero matizó que por la tarde se había registrado un descenso del caudal en este último. Aunque reconoció que se conocían incidentes en el Poyo desde las 17.30 horas, insistió en que la prioridad absoluta fue la presa de Forata, ante la posibilidad de pasar a un escenario de ruptura o colapso, lo que activó los protocolos específicos previstos en los planes de emergencia de presas.
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Suárez ha explicado que, una vez constituido el Cecopi a las 17.00 horas, no recibió información detallada de cada aviso que entraba en el 112, más allá de un “mapa de calor” con las zonas más afectadas. Aun así, ha negado que el Cecopi estuviera aislado y aseguró que existía comunicación constante con la sala de emergencias.
En cuanto a las medidas de protección a la población, ha relatado que inicialmente se planteó la evacuación y, posteriormente, el confinamiento, una opción sobre la que surgieron dudas legales que, a su juicio, alargaron en exceso los debates. La decisión final, ha recordado, correspondía a la dirección del plan, encabezada por la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
El subdirector ha afirmado también que tuvo conocimiento del primer fallecido alrededor de las 20.30 horas, cuando fue informado por el entonces responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. Ha dicho que no recordaba que Pradas le comunicara esa información previamente, pese a que la exconsellera había enviado un mensaje al jefe de gabinete del president Carlos Mazón a las 16.28 horas alertando de la primera víctima mortal.
Señala que tuvo conocimiento del primer fallecido alrededor de las 20.30 horas,
Durante el interrogatorio, Suárez ha defendido que muchas decisiones se tomaron conforme a los protocolos existentes y subrayó que la situación “siempre fue muy grave”. Admitió, no obstante, que la concentración de medios y atención en Forata impidió dimensionar a tiempo la magnitud de lo que estaba ocurriendo en el Poyo, cuyo desbordamiento acabó asolando buena parte de l’Horta Sud.
