El informe definitivo de la inspección de seguridad, rubricado en mayo de 2024 por Typsa, la compañía responsable de la operación y mantenimiento de la presa de Buseo, alertó que la “insuficiente capacidad de laminación” se encontraba “el principal condicionante para la seguridad de la presa y, evidentemente, no cumple con lo exigido en la normativa y ha de ser estudiado y, en lo posible, resuelto, para alcanzar una seguridad suficiente”.
El voluminoso informe, presentado en el marco de la investigación judicial en curso en el tribunal de Catarroja, contiene una sección denominada 'Evaluación de la seguridad de la presa y el embalse'. Su sección inicial, titulada "Seguridad hidrológica e hidráulica", señala: "Las principales conclusiones establecidas por el estudio son: El aliviadero existente no puede evacuar un flujo mayor a 215 m3/s, lo que significa que una inundación con un período de retorno de tan solo 50 años desbordará la cresta del parapeto".
Reporte: El vertedero actual puede evacuar un caudal máximo de 215 metros cúbicos por segundo.
Añade que “la no operatividad de órganos de desagüe confía la generación de resguardo tras una avenida a la filtración de caudales al macizo rocoso, lo que no es nada eficiente” y concluye que “incluso en el caso de vaciar completamente el embalse, éste vertería por coronación para periodos de retorno superiores a T=100 años. Por tanto, la seguridad hidrológica de este embalse es muy inferior a la exigida para una presa de categoría A”.
El estudio hidráulico precisaba que existía afección a viviendas aisladas para un caudal superior a 48 m3/s; afección a un grupo de viviendas para un caudal superior a 190 m3/s y una afección significativa al núcleo de la población de Sot de Chera para un caudal superior a 249 m3/s. “Es decir”, reseñaba el informe técnico, “existen viviendas en zona inundable para caudales relativamente ordinarios en el río Sot”, y añadía “esta situación (insuficiente capacidad de laminación) es, actualmente, el principal condicionante para la seguridad de la presa y, evidentemente, no cumple con lo exigido en la normativa y ha de ser estudiado y, en lo posible, resuelto, para alcanzar una seguridad suficiente”.
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La magistrada Nuria Ruiz Tobarra solicitó el documento en cuestión a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. En el vehículo en cuestión, la magistrada detallaba y exponía las condiciones de varios decesos ocurridos al caer la tarde del 29 de octubre de 2024 en Sot de Chera y Pedralba., muy posiblemente debido al desbordamiento de la presa administrada por la Generalitat Valenciana, y detallaba que los afectados tampoco fueron informados sobre el peligro que enfrentaban.