Asesores, sueldos, gestión y demagogia: el eterno debate de los recursos del Consell valenciano
Análisis
Llorca elimina el límite autoimpuesto por Mazón de personal eventual, que calificó de “grasa administrativa”, en un contexto de máxima exigencia presupuestaria y reabre una polémica más política que técnica
El president Pérez Llorca
La decisión del Consell de Pérez Llorca eliminar el límite autoimpuesto por Carlos Mazón de 72 asesores y volver, de facto, al marco de 116 establecido durante el Botànic ha reabierto un debate tan antiguo como mal planteado en la política valenciana —y española—: el de los recursos de los gobiernos, especialmente en lo que se refiere a personal eventual y salarios de los responsables públicos. Un debate que rara vez se aborda desde la gestión y casi siempre desde la demagogia.
Conviene recordar el contexto. Al inicio de la legislatura, el expresident Carlos Mazón y su gobierno hicieron bandera de la reducción de asesores, presentándolos como “grasa administrativa”, en una línea discursiva que conectaba con un sentir social ampliamente extendido: la idea de que la política es un espacio sobredimensionado, caro y poco eficiente. Aquella decisión tenía un evidente componente simbólico y político, coherente con el discurso de austeridad y rebaja fiscal que el Consell quería trasladar. Sin embargo, la política simbólica tiene límites cuando entra en contacto con la realidad de la gestión. No pocos consellers se sintieron incómodos con esta decisión.
La eliminación del tope no supone, al menos por ahora, un aumento automático del número de asesores, como explicó ayer el portavoz y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, sino la supresión de una “autolimitación” para poder adaptarse a nuevas necesidades. Y esas necesidades no son menores: la Generalitat gestiona hoy el mayor presupuesto ordinario de su historia, al que se suma un presupuesto extraordinario derivado de la dana del 29 de octubre de 2024. Pretender que una estructura política reducida pueda absorber sin refuerzos esa carga de trabajo es, como mínimo, ingenuo.
Aquí es donde aparece la contradicción clásica de estos debates. En la oposición, prácticamente todos los partidos —de derechas y de izquierdas— han recurrido a cuestionar salarios y asesores como atajo discursivo. Es barato, electoralmente rentable y conecta con el malestar ciudadano. Sucedió en 2015 con Compromís, el PSPV y Podemos, y volvió a suceder en la última campaña con el PP y Vox. Pero cuando se accede al poder ejecutivo, la experiencia suele llevar al arrepentimiento silencioso. Gobernar exige capacidad técnica, tiempo, conocimiento sectorial y equipos. Y todo eso cuesta recursos.
El problema no es debatir sobre el número de asesores, sino hacerlo sin analizar las consecuencias positivas y negativas de cada decisión
El problema no es debatir sobre el número de asesores, sino hacerlo sin analizar las consecuencias positivas y negativas de cada decisión. Reducir asesores puede ser una medida razonable si se detectan duplicidades o usos espurios del cargo, pero se convierte en un error estratégico cuando limita la capacidad real de gestión. Un conseller que maneja miles de millones de euros y áreas complejas no puede apoyarse únicamente en la estructura funcionarial, por muy valiosa que esta sea. El personal eventual cumple una función específica: aportar confianza política, coordinación estratégica y apoyo directo en la toma de decisiones.
Existe una profunda falta de equilibrio entre responsabilidad y recursos en muchas instituciones. Resulta difícil de justificar que cargos con enorme exposición pública y una responsabilidad ejecutiva descomunal, como consellers que gestionan más de 6.000 millones de euros, estén peor pagados o peor dotados que representantes sin funciones de gobierno como los asesores del Ayuntamiento de València. Esa distorsión no solo es injusta, sino que tiene efectos prácticos muy negativos: expulsa talento y desincentiva la incorporación de grandes profesionales —incluidos altos funcionarios— a la gestión pública.
En este punto, la demagogia hace un daño estructural. Se ha instalado la idea del político como privilegiado, cuando la realidad es que la vida pública tiene un coste personal y profesional altísimo. Jornadas interminables, presión mediática constante y una exposición que no se compensa económicamente. El resultado es un empobrecimiento progresivo de la calidad del liderazgo público.
Se ha instalado la idea del político como privilegiado, cuando la realidad es que la vida pública tiene un coste personal y profesional altísimo
Con los asesores ocurre algo similar. En otros sistemas políticos son una figura prestigiada y regulada; aquí, por la dinámica partidista y el abuso histórico, han quedado asociados al “enchufismo”. Y aunque es innegable que ha habido —y hay— prácticas reprobables, generalizar conduce a soluciones equivocadas. El problema no es la figura, sino su mal uso. Combatir el enchufismo exige controles, transparencia y perfiles adecuados, no recortes indiscriminados. La decisión del Consell de eliminar el límite no debería analizarse como una rectificación ideológica, sino como el reconocimiento implícito de que la gestión pública no puede basarse solo en gestos.
Todos los partidos deberían abrir una reflexión serena y adulta sobre este asunto. Menos titulares fáciles y más sentido común. Porque si de verdad se quiere una administración eficaz, profesional y orientada a resultados, hay que asumir que la buena gestión no es gratis. Y que la demagogia, aunque rentable a corto plazo, acaba saliendo muy cara.