Los acreedores exigen a Benidorm que liquide los 350 millones de euros vinculados al proceso Serra Gelada.
Compensación multimillonaria
El gobierno municipal incrementa en 50.000 euros diariamente su deuda por intereses tras la sentencia que exigía abonar 280 millones para indemnizar a los dueños de suelos en el Parque Natural.
Vista de Benidorm (Alicante), en una imagen de archivo.
Con el transcurso de cada jornada, el débito que contrae la urbe de Benidorm frente a los dueños de las parcelas de Serra Gelada, quienes se vieron obligados a desistir de edificar tras su catalogación como Parque Natural, se incrementa en 50.000 euros. Esta cifra responde a la estimación de intereses que ha elevado a cerca de 350 millones de euros el resarcimiento, establecido en un principio en 280 millones de euros, que la Justicia dictaminó como indemnización ante la constante falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos con los titulares de las tierras -vinculados principalmente a la familia Murcia Puchades- por el Ayuntamiento. Los portavoces jurídicos de los demandantes informaron ayer que, tras expirar los términos temporales y confirmarse judicialmente que el Ayuntamiento tiene la obligación de abonar la suma, confían en que el compromiso financiero se liquide a la mayor brevedad.
Por consiguiente, resultaba esperable que, aun sin figurar en la agenda oficial, el tema se abordara en la sesión plenaria que se celebró ayer lunes en Benidorm. No es de extrañar, dado que el monto a liquidar multiplica por 2,5 el presupuesto municipal de 2026, situado cerca de los 150 millones de euros. No obstante, la consulta del grupo socialista dirigida al alcalde Toni Pérez (PP) no recibió contestación alguna. ¿De qué forma pretende el Ayuntamiento encarar el desembolso de tan gigantesca deuda? Pérez indicó que la materia se analizaría después del pleno en la Junta de Portavoces.
¿De qué forma pretende el Ayuntamiento gestionar el abono de esa enorme deuda?
El alcalde ha señalado en anteriores momentos que, si se terminan las opciones legales y Benidorm tiene que afrontar el abono, la institución municipal necesitará la ayuda de otros entes públicos para no arriesgar la solvencia del gobierno local. Ayer, tras su reunión con el máximo responsable de la Generalitat. Como presidente de la Diputación, sin que este tema estuviese programado, indicó a la prensa que tiene voluntad “a llamar a cualquier puerta”, integrando las del Estado y la Unión Europea dado que, al fin y al cabo, “se trata de proteger un Parque Natural”.
También trascendió ayer que las firmas titulares del sector APR-7 de Serra Gelada, Murcia Puchades Expansión SL y Urbana Villajoyosa 2000 SL, han interpuesto un escrito ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Alicante solicitando la ejecución forzosa del fallo, al considerar que “no parece que el consistorio haya actuado con la diligencia debida” y que “haya desplegado actuación alguna” para su cumplimiento.
El regidor se muestra predispuesto “a llamar a cualquier puerta”, incorporando las del Estado y la Unión Europea
Esta solicitud se fundamenta en el fallo del 23 de mayo de 2024, emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, el cual impuso al ayuntamiento el abono de 283.055.750 euros, sumando los recargos legales desde la petición inicial, debido a la explotación urbanística de parcelas pertenecientes a las dos compañías. El montante de intereses devengados hasta hoy alcanza los 69.565.797 euros, situando la cifra global en 352.621.547 euros. El recurso resalta que la normativa exige a los organismos públicos acatar los dictámenes definitivos y que el retraso en su aplicación provoca un perjuicio financiero notable por los intereses generados, aparte de quebrantar el derecho a recibir una protección judicial plena.
Tenga presente que el ayuntamiento pudo haber pedido recursos adicionales al Estado mediante el Fondo de Financiación de Entidades Locales para solventar el débito. La petición insta al tribunal a demandar a la administración local el cumplimiento instantáneo del fallo y que, de percibirse una omisión de prontitud, se eleven los intereses legales de acuerdo a la Ley, junto con el abono de las costas.
Con el fin de comprender el conflicto de Serra Gelada es necesario regresar al año 2003, momento en que el primer edil Vicente Pérez Devesa (PP) suscribió un acuerdo con los propietarios de los suelos para desplazar el potencial edificable de dichos solares hacia diversos sectores de la localidad.
Después de que se aprobara el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Serra Gelada en 2005, los terrenos se vieron condicionados por la catalogación de Parque Natural. Los acuerdos se extendieron por diferentes gobiernos locales en 2010 y 2013, hasta que los dueños tasaron las fincas en 280 millones de euros en 2015 y presentaron un pleito legal en 2018. El Ayuntamiento obtuvo la victoria inicialmente, no obstante, los titulares apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el cual dictaminó en beneficio de estos.
Luego de que el Supremo inadmitiera otra impugnación del municipio, la corporación apeló al Tribunal Constitucional, el cual, al desestimar la demanda local, deja al Ayuntamiento de Benidorm en una encrucijada que solo permite una resolución mediante un desembolso elevado.