El impacto oculto de la carencia financiera valenciana.
Análisis
El IVIE indica que en distintos ejercicios, la Comunitat ha priorizado los fondos para servicios públicos fundamentales (SPF) a cambio de destinar menos capital que otras regiones a infraestructuras y fomento económico.
La intención de sostener una inversión en SPF cercana al promedio causa que los fondos asignados a las demás categorías por persona se ubiquen un 14% por debajo del parámetro regional.
Roser Villalonga
Por más de veinte años, la Comunitat Valenciana ha mantenido una estabilidad tan discreta como onerosa. Aunque la financiación per cápita ha estado de forma constante por debajo del promedio de las comunidades, el desembolso en prestaciones esenciales —sanidad, educación y servicios sociales— ha conseguido permanecer en cifras casi idénticas a la media nacional. Tal sacrificio, no obstante, ha tenido consecuencias. El coste se ha reflejado en otros ámbitos: la inversión pública y las demás partidas presupuestarias que no están ligadas de modo directo al Estado del Bienestar.
La propia investigación Análisis del gasto público en España del IVIE redactada por José Antonio Pérez y Juan Pérez Ballester al concluir el año anterior lo manifiesta con total claridad: “La escasez de financiación ha provocado que, durante estos últimos 22 años, la inversión pública valenciana por habitante haya sido un 15% inferior al promedio autonómico”. Un dato que sintetiza una realidad de carácter estructural y constante, lejos de ser una irregularidad pasajera.
Las disparidades de recursos por ciudadano ajustado entre las distintas regiones llegan a los 72,4 puntos porcentuales.
Atendiendo a las cifras de liquidación final de 2023, la Comunitat Valenciana representa la autonomía con menor nivel de recursos del sistema de régimen común. Las brechas de financiación por habitante ajustado entre regiones llegan a los 72,4 puntos porcentuales, ubicándose el País Vasco en la parte más alta y la Comunitat Valenciana 11 puntos por debajo del promedio autonómico.
Esta diferencia resulta significativa al considerar que, según indica el informe, el desembolso en prestaciones públicas esenciales acapara cerca del 75 % de los fondos autonómicos. Bajo ese escenario, lo razonable habría sido un recorte del gasto en sanidad, educación o servicios sociales. Sin embargo, tal situación no se ha producido.
En vez de repercutir la falta de fondos en las prestaciones fundamentales, la Comunitat Valenciana ha preferido restringir los recortes a otros apartados. El documento lo manifiesta de forma clara: “Desde la perspectiva de la Comunitat Valenciana, el gasto valenciano en SPF por habitante ajustado prácticamente es igual a la media autonómica, evitando que la falta de recursos repercuta en los servicios fundamentales para sus ciudadanos”
La inversión valenciana en SPF por habitante ajustado se sitúa casi al mismo nivel que el promedio autonómico, impidiendo que la escasez de fondos afecte a las prestaciones esenciales para su población.
Dicha conducta diferencia de forma evidente a la Comunitat Valenciana de otros territorios con financiación insuficiente, los cuales han derivado parte de los recortes hacia las partidas sociales. Respecto a la situación valenciana, resalta un hecho particular: la inversión en salud por unidad de necesidad se encuentra un 2,5 % sobre el promedio de las autonomías, constituyendo el único ámbito de gasto en SPF en el que la Comunitat sobrepasa la media de las regiones.
El estudio define como “resto de funciones” (RF) a la serie de acciones gubernamentales que comprenden obras públicas, hogares, movilidad, fomento financiero, artes, entorno natural o planes de crecimiento territorial. Este apartado es el que experimenta la principal reducción.
Una vez más, la valoración resulta clara: “Este esfuerzo en mantener un gasto en SPF similar a la media provoca que el gasto en el resto de las funciones por habitante se sitúe un 14% por debajo del gasto medio regional”
La valenciana se ubica en los niveles inferiores de inversión respecto a las demás actuaciones públicas.
De esta forma, la Comunitat Valenciana se sitúa de manera recurrente en los niveles más bajos del reparto autonómico de la inversión en RF. Durante 2023, mantuvo un gasto un –14,1 % por debajo de la media, en línea con otros territorios infrafinanciados como Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha. No obstante, a diferencia de varias de estas regiones, la Comunitat no equilibra este menor desembolso mediante un recorte proporcional en las prestaciones fundamentales.
Si existe una métrica que resuma la repercusión de este plan de largo alcance, se trata de la inversión pública. El estudio no se limita a proporcionar la estadística del margen acumulado —ese 15 % menor por residente durante 22 años—, sino que lo define como un resultado directo de la falta de financiamiento, en lugar de una decisión política deliberada.
El gasto público, señala el escrito, constituye uno de los rubros que más se contrajo tras la Gran Recesión, pasando de suponer el 13,5 % del desembolso regional en el ciclo 2002-2008 al 8,3 % en la etapa posterior a 2009. En el entorno valenciano, este descenso se ha mantenido y agravado por la carencia de medios estructurales. El propio análisis recalca los efectos: una menor inversión constante “repercute en su productividad y competitividad”. Por tanto, el impacto no es solo contable, sino también financiero y territorial.
El conflicto entre la escasez de recursos y el mantenimiento de las partidas sociales se manifiesta igualmente en la deuda pública. La Comunitat Valenciana registra un desembolso en intereses que supera en un 28 % el promedio de las regiones, aunque el estudio desmiente una lectura común: esto no deriva de un volumen de gasto superior ni de una apuesta inversora más fuerte. El motivo resulta evidente y literal: “Su infrafinanciación le obliga a endeudarse incluso para financiar un gasto por habitante que es inferior al de la media”
Esta información ratifica la tesis principal del reporte: la corrección ya se ha efectuado —en inversión y RF— y, a pesar de todo, no ha alcanzado para nivelar los saldos sin depender del endeudamiento.
El contraste con distintas regiones permite comprender la particularidad de la autonomía valenciana. Los territorios forales, al disponer de fondos considerablemente mayores, no requieren recortar inversiones para mantener sus servicios sociales. Diversas autonomías con ingresos altos, tales como Madrid, disminuyen el desembolso en SPF basándose en una oferta privada más amplia. Por el contrario, la Comunitat Valenciana conserva un sistema de gestión pública operando con una carencia de medios estructural.
El cotejo con diversas regiones facilita la comprensión de la especificidad valenciana.
Esto deriva en un sistema de control que ampara el hoy en detrimento del mañana. El documento lo expone con total claridad: “Para la Comunitat Valenciana, el esfuerzo para mantener un gasto en SPF por habitante ajustado similar a la media regional supone alejarse del gasto en el resto de las funciones por habitante”
Tras más de dos décadas, esta dinámica se ha vuelto común. Sin embargo, el estudio manifiesta que no resulta viable ni compatible con la norma de equidad territorial integrada en la LOFCA. Las brechas en la renta continúan derivando en desigualdades tangibles respecto al potencial de inversión, crecimiento y competitividad de las regiones.
La Comunitat Valenciana no desembolsa por encima del promedio. No destina mayores recursos. Tampoco brinda prestaciones más extensas. Únicamente gestiona de forma interna la falta de fondos para impedir que los recortes afecten a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Tal irregularidad queda reflejada en el informe mediante cifras, aclarando el motivo por el cual la inversión pública valenciana se mantiene en un retraso constante desde hace más de veinte años.
Un cargo oculto, aunque progresivo, que no se manifiesta de inmediato, pero que limita el desarrollo, la unidad y las posibilidades de la Comunitat en el futuro próximo y distante.