Más valencianos, mismos recursos
Diario de València
En apenas dos décadas, la Comunidad Valenciana ha experimentado una transformación demográfica de gran calado. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hoy somos cerca de medio millón de valencianos más que a comienzos de la década de los 2000. Solo entre 2024 y 2025 la población aumentó en más de 100.000 personas. Este crecimiento, sostenido y en buena medida impulsado por los flujos migratorios, no es un fenómeno coyuntural, sino una tendencia estructural que sitúa a la geografía valenciana entre las que más crecerán en población en los próximos años. Sin embargo, a esta realidad incontestable no le ha acompañado una adaptación equivalente de los recursos financieros de los que dispone la Generalitat. Y ahí radica el núcleo del problema.
El actual modelo de financiación autonómica fue diseñado en 2009, cuando la Comunidad Valenciana no superaba los cinco millones de habitantes. Desde entonces, el sistema no solo no se ha actualizado, sino que permanece formalmente caducado desde 2014. Es decir, durante más de una década se ha mantenido un esquema de reparto de recursos pensado para una comunidad más pequeña, con menos necesidades y menores demandas de servicios públicos. Pretender que este modelo siga siendo válido en un contexto demográfico completamente distinto es, sencillamente, una ficción insostenible.
El actual modelo de financiación autonómica fue diseñado en 2009, cuando la Comunidad Valenciana no superaba los cinco millones de habitantes”
Las consecuencias de esta infrafinanciación estructural están ampliamente documentadas. La economía valenciana ha sufrido un retroceso relativo de su PIB en comparación con la media estatal (la mitad que el de Madrid), la deuda pública autonómica ha crecido de forma espectacular y los servicios públicos soportan una tensión creciente. Sanidad, Educación y Servicios Sociales hacen equilibrios permanentes para mantener estándares mínimos de calidad, mientras la población usuaria no deja de aumentar. Somos más valencianos, pero contamos con los mismos recursos financieros que hace veinte años. La ecuación no puede salir.
A esta situación se suma una dependencia crónica del Fondo de Liquidez Autonómica, FLA, que lejos de ser una solución estructural, actúa como un parche que genera más deuda y refuerza la tutela del Estado sobre la autonomía financiera de la Generalitat. Una comunidad que necesita recurrir sistemáticamente a mecanismos extraordinarios para pagar sus servicios básicos no puede considerarse plenamente autónoma en términos financieros. Mantener este status quo es aceptar un modelo de funcionamiento anómalo que limita la capacidad de decisión y planificación a medio y largo plazo.
Somos muchos más valencianos, pero contamos con los mismos recursos financieros que hace veinte años
Por todo ello, resulta difícil de comprender que el Gobierno valenciano no se abra con mayor determinación a negociar con el Gobierno de España una reforma del modelo de financiación, incluso aunque la propuesta que se haya puesto sobre la mesa no sea del todo satisfactoria o haya sido pactada en un contexto político incómodo, como el acuerdo con ERC. En política pública, la pureza formal no puede estar por encima del interés general y menos aún el partidismo cuando los datos son asfixiantes. Lo verdaderamente relevante es que la Comunidad Valenciana necesita, con urgencia, un nuevo marco financiero acorde a su realidad demográfica y económica.
Porque el problema no se limita a sostener los servicios públicos esenciales. Sin una mejora sustancial de la financiación, será imposible modernizar la red de transporte autonómica, reforzar las políticas públicas de apoyo a los sectores productivos o apostar decididamente por ámbitos estratégicos como la investigación y la innovación, tradicionalmente ahogados por la escasez presupuestaria. Una comunidad que crece en población pero no invierte en su capacidad productiva está condenada a perder competitividad y oportunidades de desarrollo.
Lo más preocupante es que esta descompensación entre crecimiento demográfico y recursos disponibles no parece estar siendo plenamente asumida ni por la administración valenciana ni por una parte significativa de la sociedad civil. Los empresarios, que sufren directamente las carencias en infraestructuras, formación o innovación, conocen bien los efectos de esta infrafinanciación, pero el debate público sigue avanzando con una lentitud alarmante. Ocultar o minimizar esta realidad no hará sino agravarla.
Los valencianos somos muchos más que hace dos décadas y todo indica que seguiremos creciendo. Persistir en un modelo de financiación pensado para otra época es caminar, de forma consciente, hacia el deterioro progresivo de los servicios públicos y, en última instancia, hacia su colapso. Más población exige más recursos. Negarlo es renunciar a la sostenibilidad del autogobierno y al bienestar de las generaciones presentes y futuras.
