La percepción de la sociedad civil valenciana
Diario de València
Resulta relevante —y merece ser destacado— que la sociedad civil valenciana haya logrado estructurar un frente unido respecto a uno de los desafíos fundamentales del Estado: la financiación autonómica. Patronal y sindicatos, que suelen ocupar posiciones opuestas en el ámbito social, han convergido en esta ocasión tanto en su análisis de la situación como en su postura política. Este fenómeno, dentro de un entorno como el valenciano, habitualmente alejado de la movilización colectiva y con escasa tendencia a influir de forma unificada en el tablero estatal, posee una importancia que supera el momento actual.
La CEV, liderada por su presidente Vicente Lafuente, junto a UGT y CCOO, han acogido favorablemente la propuesta del Gobierno relativa a un esquema financiero inédito, admitiendo que representa una mejora frente al marco actual, causante de un déficit de recursos persistente que ha perjudicado por años la aptitud de la Comunitat Valenciana para mantener sus servicios sociales y su entramado económico. Simultáneamente —lo cual demuestra la solidez de su postura— mantienen su demanda sobre puntos esenciales: la condonación del débito acumulado derivado de dicha carencia de fondos y la puesta en marcha de un mecanismo de compensación temporal que impida la continuidad de las asimetrías mientras se implementa el nuevo régimen.
En otras palabras, ni elogios ciegos ni una negativa absoluta. Se trata de una gestión práctica que choca con la resistencia directa del PP, formación que ha decidido invalidar totalmente el planteamiento del Gobierno centrándose en las formas (el acuerdo con ERC) antes que en el fondo. Esta postura es válida a nivel de partido, aunque resulta muy cuestionable si se analiza desde el beneficio valenciano. Sobre todo considerando que incluso los especialistas del IVIE ven con buenos ojos este proyecto.
Debido a que descartar el diálogo supone, de hecho, conformarse con la situación actual: mantenerse como la región con menos recursos del Estado y seguir sumando un endeudamiento masivo que no deriva de gastos excesivos propios, sino de un modelo desigual validado por los especialistas. Las cifras son claras: si no hay pacto, no existe progreso; y sin avances, resulta imposible romper este ciclo vicioso.
La ciudadanía civil valenciana lo ha comprendido de forma inigualable. Lo ha manifestado con una nitidez poco común, instando a cada formación política —sin excluir a ninguna— a dejar de lado posturas extremas y a asumir un compromiso que, en esta ocasión, se define con una palabra específica: dialogar. Dialogar con el fin de perfeccionar el planteamiento original, incluir la quita y el fondo de nivelación, y sacar partido de una coyuntura que no surge frecuentemente.
Resulta lógico que tales demandas concuerden en gran medida con las posturas que Compromís ha sostenido durante mucho tiempo. De igual modo, no sorprende que tanto las organizaciones sindicales como las empresariales mencionen “oportunidad histórica”. El hecho fundamental radica en que, en esta ocasión, el entorno valenciano va más allá de la queja y propone un plan de acción factible con el fin de condicionar una resolución clave del Estado.
Bajo tales circunstancias, el president Pérez Llorca acertaría prestando menos atención a Génova y atendiendo más a la ciudadanía que lidera. Ejercer el mando no consiste únicamente en aguantar o definir una postura política; la gestión pública implica lograr beneficios para la población representada. Y dichos habitantes cuentan actualmente con menos recursos que los demás españoles. Mantenerse en la negativa constituye un modo sutil de prolongar dicha irregularidad.
Desestimar el diálogo significa, en realidad, consentir la situación actual: continuar siendo la región con menor financiación del Estado y seguir incrementando un endeudamiento masivo.
La Comunitat Valenciana no debe continuar ocupando un rol irrelevante como una región conformista, constantemente rezagada ante las determinaciones importantes y asumiendo el coste de su ausencia en la distribución de la influencia. Resultaría conveniente —e incluso vital— que en esta ocasión el consenso no se limite únicamente a la ciudadanía organizada, sino que abarque a la totalidad de las formaciones políticas valencianas, con la voluntad de reunirse, por encima de ideologías, en favor de un beneficio compartido. Un espacio idóneo para ello sería la Plataforma per un Finançament Just, actualmente sin actividad.
No consiste en otorgar un apoyo incondicional al Gobierno, sino en acudir a la negociación con una postura sólida, común y valenciana. En el momento en que la sociedad civil se expresa de forma unánime, la clase política tendría que, como mínimo, prestar atención. Debido a que actuar de otra manera no demuestra determinación, sino que conduce a la insignificancia.