Bronca política por un acento
Diario de València
Una tilde. Una sencilla línea inclinada encima de la “e” de València. Abierta o cerrada. “València” o “Valéncia”. Se antoja un detalle gramatical irrelevante, un debate propio de expertos lingüistas en un aula de facultad. No obstante, en la ciudad del Turia es suficiente ese pequeño símbolo para activar nuevamente una división ideológica, de identidad y social que jamás llegó a sanar por completo.
El último episodio lo ha protagonizado el Ayuntamiento que dirige María José Catalá, con el apoyo de Vox, al promover el cambio de la forma oficial a “Valéncia”, con acento cerrado, y recuperar además la doble denominación bilingüe. Frente a ello, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha rechazado el informe y ha ratificado la grafía vigente desde 2016: “València”, con acento abierto. La izquierda ha cuestionado, por su parte, la posición de la corporación municipal.
No es la primera vez que el nombre de la ciudad se convierte en campo de batalla. A finales de los años noventa, el Partido Popular logró una frágil pacificación de la llamada “batalla de València” con la creación de la AVL, una institución concebida para fijar una autoridad normativa reconocida y desactivar la guerra simbólica entre secesionistas anticatalanistas y defensores de la unidad lingüística. Aquella solución institucional permitió rebajar la temperatura del conflicto. Pero no lo extinguió.
Hoy, la discusión sobre el acento funciona como síntoma. La derecha municipal defiende que la forma “Valéncia” refleja la pronunciación mayoritaria y tradicional, apoyándose en un informe del filólogo Abelard Saragossà (miembro de la AVL). El ayuntamiento afirma que la Acadèmia ha desperdiciado una “oportunidad histórica” para aproximarse al entorno social. Y acusa a la institución de falta de lealtad. Incluso apunta a precedentes como el de l’Énova para justificar el cambio.
Sin embargo, el dictamen de la AVL es vinculante y mantiene la grafía “València”. Y más allá de los argumentos técnicos —que existen y son legítimos— la cuestión de fondo es otra: cada vez que se abre una polémica en torno al valenciano desde posiciones conservadoras, el efecto político suele ser el mismo. No tanto enriquecer el debate lingüístico como erosionar la autoridad de la AVL, cuestionar su legitimidad y, con ello, cuestionar el uso del valenciano normativo.
La secuencia es conocida. Se plantea una revisión —un acento, un topónimo, un criterio—; se presenta como una defensa de la “realidad del pueblo”; se acusa a la institución normativa de estar alejada de la ciudadanía (lo ha hecho recientemente el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó) o capturada por intereses ideológicos; y, finalmente, se instala la sospecha sobre su independencia. Es una estrategia que no necesita ganar siempre en lo formal. Basta con sembrar duda.
El contexto no es neutro. Vox ha anunciado una ofensiva cultural contra lo que denomina “pancatalanismo”, y en ese marco la lengua se convierte en un terreno privilegiado de confrontación. Es la “guerra cultural” que ansía la derecha extrema. No es casual que, paralelamente, la concejalía de fiestas —en manos de Vox— haya eliminado grupos que cantan en valenciano de las celebraciones de julio, ni que en otros municipios gobernados por PP y Vox la presencia del valenciano en actos festivos y culturales se haya anulado o reducido. La polémica lingüística no es un hecho aislado: forma parte de un clima político.
Por eso el debate del acento no puede analizarse solo en clave filológica. La discusión sobre si la vocal tónica es abierta o cerrada importa, sin duda, a los especialistas. Pero el verdadero conflicto reside en la utilización política de la lengua como arma arrojadiza. Cada bronca reaviva viejos fantasmas, reactiva trincheras identitarias y debilita el consenso que permitió, con todas sus imperfecciones, dotar al valenciano de una autoridad normativa propia.
La paradoja es que la lengua, que debería ser un espacio compartido, se convierte así en un campo de disputa permanente. El acento sobre la “e” pesa más que su valor gráfico: simboliza la tensión entre institución y poder político, entre norma y relato, entre convivencia y confrontación.
Hacer de la lengua una guerra cultural fomenta la
Dentro de un entorno con dos idiomas, administrar con sabiduría la pluralidad requiere cautela y compromiso con las instituciones. Transformar cualquier detalle del lenguaje en un conflicto ideológico únicamente sirve para fragmentar a la ciudadanía y erosionar o desacreditar los organismos que aseguran el equilibrio, tales como la AVL. Una tilde podría aparentar poca relevancia. No obstante, dada la intrincada situación valenciana, es suficiente para evaluar cómo el habla continúa funcionando como un escenario de confrontación.
