Mar Aguilera: “Hoy la democracia se tambalea en todo el mundo”

Mar Aguilera Vaqués (Igualada, 18 de julio de 1971) es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y lleva tres décadas observando procesos electorales en distintos puntos del mundo como experta legal y analista. Con formación y estancias académicas en instituciones como Columbia University y Harvard Law School, así como experiencia en escenarios donde la democracia se tambalea, su punto de vista combina la técnica constitucional con una convicción práctica: unas elecciones nunca son solo elecciones si hay exclusión, censura o miedo. 

En este encuentro del especial Mujeres y democracia, enmarcado en los 50 años de democracia que conmemora el Gobierno de España, Joana Bonet, periodista y directora del Magazine de Guyana Guardian, le plantea una pregunta que atraviesa toda la conversación: qué se aprende cuando se ha visto de cerca cómo se apagan —a veces con rapidez— los estándares democráticos. Aguilera responde con un primer aviso: “hoy, la democracia está temblorosa en todo el mundo”. Y, aun así, reivindica un patrimonio europeo: “Tenemos que estar orgullosos de las democracias que se han ido construyendo en Europa”.

Bonet recuerda la parada más reciente de Aguilera como observadora electoral en Kirguistán y una lista de países por los que ha pasado: Irak, Sudán, Haití, Zimbabue, Zambia, Venezuela, Timor Este o territorios de la antigua Yugoslavia. La pregunta es directa: ¿qué evolución ha visto en lugares donde el proceso democrático es frágil? 

Aguilera describe una paradoja: por un lado, “hay unos estándares que todo el mundo tiene muy claros”; por otro, detecta una “desdemocratización” en varios contextos. Incluso la propia presencia internacional se vuelve más difícil: “Hace tres años estuve en Zimbabue y fuimos la última misión de observación electoral porque están cerrando las puertas”.

Y ahí introduce una tensión clave que, según explica, vive a menudo dentro de las propias misiones: cuando ella habla de detenciones de periodistas, persecución de la oposición o de la escasa o nula participación de mujeres y minorías en algunos lugares, le recuerdan desde instancias técnicas que su trabajo no es una misión de derechos humanos sino electoral. Sin embargo, su respuesta no se queda en el procedimiento: si se habla de elecciones, dice, se habla necesariamente de participación y de igualdad. Por tanto, “al final es una gran plataforma para hablar de derechos humanos”, sostiene.

Bonet le pregunta si ha vivido situaciones de peligro o presión en el desempeño de su trabajo. Aguilera no lo dramatiza, pero es clara: “Siempre hay mucha presión”. Según explica, las misiones internacionales llegan a un país con un mandato independiente para desarrollar su trabajo de análisis, mientras que embajadas y delegaciones gestionan intereses diplomáticos o económicos. La misión del equipo observador es examinar cada aspecto y debe aportar pruebas constantes para justificar cada afirmación.

El relato de Aguilera baja a la realidad concreta de lo vivido por la jurista: moverse con discreción, contrastarlo todo “a todos los niveles” e insistir en lo que algunos prefieren que no conste: minorías apartadas, comunidades que “no pueden votar”, opositores encarcelados. También describe un patrón: negar la existencia de minorías hasta que alguien investiga mínimamente y aparecen comunidades apartadas, sin acceso real a derechos o incluso sin posibilidad de votar. La democracia, viene a decir, no se rompe solo con un gesto: también se degrada cuando expulsa a parte de la ciudadanía del espacio público.

Si hay una palabra que aparece una y otra vez en la entrevista es inclusividad. Dice que en los últimos años se presta más atención a la participación de mujeres, jóvenes y comunidades LGTBI+, pero subraya el límite obvio: “Si es un delito tener relaciones con personas del mismo sexo, ¿cómo va a participar esa comunidad en unas elecciones?”.

Aguilera también alerta del riesgo de confundir medidas simbólicas con cambios reales. En su trabajo, las misiones no solo observan: terminan con un informe y un paquete de recomendaciones. Si en un país se detecta, por ejemplo, que falta participación y empoderamiento de las mujeres, se deja por escrito y se propone una hoja de ruta. 

El problema llega cuando, pasado el tiempo, cuando toca evaluar qué se ha aplicado, algunos gobiernos presentan como cumplimiento medidas ficticias: “Hicimos unas fiestas para las mujeres, unos seminarios…”. El balance real, sin embargo, no cambia: “¿Cuántas mujeres hay ahora? Ninguna”. Por eso insiste en que hacen falta “cambios estructurales”, no acciones puntuales. Y ahí sitúa el debate de las cuotas: cuando han fallado la educación, los incentivos y las políticas previas, “ponemos cuotas” como medida contundente para abrir por fin la puerta del poder.

La conversación entra en uno de sus núcleos conceptuales a partir de una cita de Rosa Luxemburgo, pensadora marxista y revolucionaria: “La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente”. Luxemburgo vinculó la libertad política a la protección del disenso: sin derecho a discrepar, la libertad se vacía. En este sentido, Mar Aguilera señala que en el debate público se invoca mucho la libertad, pero no siempre se protege la de quien está en peor posición. “No se respeta, sobre todo, la libertad del débil”, dice; de quien vive en una situación de vulnerabilidad y, por tanto, tiene menos margen real para elegir.

Para explicarlo, recurre a un ejemplo de manual: la libertad entendida como mera posibilidad formal —“yo ofrezco, tú aceptas”— puede ser una coartada cuando hay desigualdad material. Aguilera recuerda un conocido caso de la jurisprudencia estadounidense, Lochner vs. New York (1905), donde se discutió precisamente esa idea: un empresario defendía su “libertad” para imponer jornadas extenuantes y la “libertad” del trabajador para aceptarlas. El problema, subraya, es que si una parte tiene poder y la otra apenas tiene alternativas, esa libertad es más aparente que real. Por eso su conclusión es simple: la libertad solo funciona cuando existe un mínimo de igualdad de posición. Y vuelve a la palabra que atraviesa toda la entrevista: autonomía. “Si la gente no tiene una autonomía económica y una autonomía de pensamiento y de movimiento, no hay libertad”.

Cuando Bonet le plantea la brecha salarial o la escasa presencia femenina en los espacios de decisión, Aguilera responde con una llamada a bajar la discusión a datos: “Vamos a ver los números. ¿Cuáles son las cifras? Enciende la televisión: ¿cuántos expertos hay? ¿Cuántas expertas hay?”. Su argumento no es que el avance haya ido “demasiado lejos”, sino lo contrario: sin políticas activas, la igualdad se queda en declaración de intenciones. “Sin unas políticas activas que garanticen esta inclusividad y esta implementación”, sostiene, la subrepresentación no se corrige sola. 

Y en ese punto amplía el mapa para que no parezca un debate sectorial. No habla de minorías en sentido demográfico, sino de colectivos minorizados en derechos, voz y poder. Por eso, además de las mujeres, menciona a “la minoría más importante que hay en España, que es la comunidad gitana”, y se pregunta por qué “no sale por ninguna parte”. Su ejemplo apunta al corazón de su tesis: la democracia se mide también por a quién deja fuera del relato y de las instituciones.

Aguilera lo formula como una consecuencia histórica: durante años “les han dicho que eran menos” —a unos por pertenecer a un pueblo perseguido, a otras por ser mujeres— y esa desautorización se traduce en ausencia de voz pública. De ahí su conclusión: si ha habido “una planificación de neutralizar la autonomía” de determinados colectivos, la respuesta no puede ser pasiva. Tiene que ser estructural: garantías, implementación y políticas que conviertan la igualdad formal en igualdad efectiva.

En el tramo final de la entrevista, Aguilera señala un riesgo que conecta con el clima actual: “La democracia no es gratuita”. A su juicio, quienes trabajan contra la inclusividad y la igualdad efectiva actúan “de forma muy concreta y determinante”. Y cree que hay una desconexión —especialmente juvenil— alimentada por frustraciones materiales. Pone un ejemplo que en 2026 se ha vuelto estructural: la vivienda. “¿Cómo no es un derecho fundamental el derecho a una vivienda digna?”, se pregunta, imaginando un futuro en el que nos parezca inaceptable lo que hoy se normaliza. 

En ese marco, enlaza tres derechos sociales que, para ella, deberían tener máxima protección: salud, educación y vivienda. Y advierte de la privatización y del “desmantelamiento” de garantías que fueron, durante décadas, una de las promesas más tangibles de la democracia.

No se queda, sin embargo, en el diagnóstico oscuro. Matiza que no toda la juventud está desencantada: ve “muchos jóvenes preocupados por el medioambiente” y también implicados “chicos y chicas, con el feminismo”. El punto, insiste, es no regalar la primera victoria a quienes desean otro relato: lograr que una parte de la ciudadanía crea que no puede influir en nada. 

En este especial por los 50 años de democracia, Mar Aguilera cierra la entrevista con una idea tan jurídica como política: la libertad no se declama, se garantiza con derechos efectivos, con instituciones que no excluyan y con una ciudadanía dispuesta a implicarse antes de que sea tarde.