Las ciudades españolas modifican cada cierto tiempo sus normas para adaptarlas a los nuevos hábitos de convivencia. El crecimiento de la población urbana y el aumento de animales de compañía han obligado a los ayuntamientos a revisar su concepto de limpieza pública. En la actualidad, muchas administraciones locales no solo regulan el comportamiento de los vecinos, sino también el de sus mascotas.
Las políticas de civismo buscan que la convivencia en calles y plazas sea más equilibrada, y para lograrlo, algunas urbes han convertido en obligación lo que antes era una simple recomendación. En ese contexto, varias ciudades importantes han endurecido sus ordenanzas para sancionar la falta de limpieza tras las micciones de los perros.
Obligatorio
La capital catalana prepara una reforma que endurece su ordenanza de civismo
Barcelona se sitúa entre las ciudades que han decidido reformar sus normas. El gobierno del alcalde Jaume Collboni trabaja en una actualización de la ordenanza de civismo, vigente desde 2006, que prevé medidas más estrictas contra las micciones en la vía pública, tanto humanas como animales.
El nuevo texto propone multas de hasta 300 euros para quienes no limpien la orina de sus perros. Según explicó el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, el objetivo es reforzar la convivencia y mejorar la imagen de los espacios públicos.
Orinar perro
a comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, detalló que la propuesta incorpora también la obligación de asumir los costes de limpieza y reparación de los daños ocasionados. Además, las bonificaciones por pronto pago se reducirán al 40 o 50 %, frente al 65 o 75 % actuales, y la aprobación definitiva se prevé para este noviembre.
La revisión incluye también un endurecimiento de las sanciones por orinar en la calle. Los técnicos municipales plantean agravantes que aumentarán las multas en función de factores como el olor o la estrechez de la vía. En casos de reincidencia, las sanciones podrán alcanzar los límites fijados por la legislación estatal. El Ayuntamiento pretende que estas medidas no se interpreten como un castigo, sino como una forma de garantizar la convivencia y la limpieza de la ciudad.
Responsabilidad ciudadana
Otras ciudades aplican políticas parecidas con diferentes rangos de multas
Madrid, Sevilla, Valencia o Zaragoza cuentan con ordenanzas similares que obligan a los dueños a limpiar la orina de sus mascotas. En la capital andaluza, la multa puede llegar a los 500 euros, mientras que en Valencia y Zaragoza las sanciones oscilan entre 50 y 750 euros. En Valladolid, la cantidad máxima alcanza los 3.000 euros, y en Gijón puede llegar hasta 750.
Cada ayuntamiento establece su propio rango de sanciones, pero el mensaje es común: los propietarios deben asumir la responsabilidad de mantener las calles en condiciones adecuadas. Este planteamiento, extendido ya por las principales ciudades españolas, marca un cambio en la forma de entender la convivencia urbana.
