La violencia contra los animales no siempre se presenta en forma de golpes o agresiones directas. Existe otra forma, igual de dolorosa y perjudicial, que se manifiesta a través de la inacción, la indiferencia o la negación sistemática de recursos y apoyo: el maltrato institucional y ciudadano por omisión. Esta forma de violencia, muchas veces silenciada, genera sufrimiento constante en los animales y un profundo desgaste en las personas que intentan protegerlos.
El maltrato institucional se produce cuando las administraciones públicas no cumplen con su obligación legal y moral de proteger a los animales. Esto incluye desde la falta de atención veterinaria en situaciones críticas, hasta la ausencia de protocolos para la recogida de animales muertos, o incluso la negativa a actuar ante casos claros de maltrato.
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En muchos municipios, las gestoras de colonias felinas se enfrentan a la imposibilidad de denunciar formalmente casos de envenenamiento o agresiones, porque los ayuntamientos no actúan cumpliendo la ley bajo la titularidad municipal sobre estos animales, a pesar de estar censados y gestionados bajo programas CER. Esta omisión no solo deja indefensos a los animales, sino también a las personas voluntarias, que acaban asumiendo cargas administrativas, emocionales y económicas sin respaldo institucional.
Es urgente profesionalizar esta tarea imprescindible. La falta de planificación a largo plazo dificulta que los ayuntamientos sepan dónde poner recursos o cómo actuar ante imprevistos. Es necesario que se constituyan comisiones de trabajo donde participen todos los agentes implicados en espacios que tienen presencia felina (desde urbanismo hasta las propias gestoras), para prever actuaciones, poner soluciones de base y evitar que los problemas se conviertan en urgencias. Ejemplo de ello son los traslados temporales de puntos de alimentación por obras o la reubicación de colonias en casos extremos.
Violencia ciudadana: la otra cara de la moneda
El maltrato también se expresa desde la ciudadanía cuando, por acción u omisión, se genera un entrono hostil hacia las colonias felinas. La colocación de venenos, trampas o alimentos contaminados son actos delictivos que muchas veces no se denuncian ni se investigan. A esto se suma la presión vecinal hacia las gestoras, que en ocasiones deben soportar insultos, amenazas o agresiones por alimentar estando autorizadas por al Ayuntamiento y cuidar a los animales legalizados.
Un ejemplo común de esta violencia es la proliferación de carteles en comunidades de vecinos que prohíben alimentar gatos en la vía pública, generando conflictos y malestar vecinal ante una situación que es legal. La alimentación de colonias censadas es un derecho reconocido por la normativa actual. Lo ilegal no es alimentar, sino impedirlo sin canalizar una mediación a través del ayuntamiento para resolver la situación. La falta de empatía y de comprensión social también es una forma de maltrato. Y las comunidades de vecinos son responsables subsidiarias si no ponen remedio a un problema que genere la muerte de algún animal.
Existe presión vecinal hacia las gestoras, pero la alimentación de colonias censadas es un derecho reconocido por la normativa actual
Una de las raíces más profundas de esta violencia es la incomprensión del comportamiento felino y de las dinámicas de convivencia humano-animal. Muchos conflictos podrían evitarse si se entendiera que los gatos necesitan puntos de alimentación seguros, refugios estables y un trato continuado con las personas cuidadoras. El desconocimiento genera miedo, rechazo y, en última instancia, violencia estructural.
Cuando los municipios no dotan de zonas seguras, no informan a las comunidades vecinales o no visibilizan la labor de las cuidadoras, están contribuyendo a perpetuar un clima de tensión y desprestigio hacia quienes intentan cumplir la ley y proteger el bienestar animal.
Qué necesitamos para cambiar esta realidad
• Protocolos institucionales claros para actuar ante emergencias, maltrato o incidencias, construidos con la participación activa de las personas que operan directamente sobre el terreno: guardias urbanas, técnicos, veterinarios, gestoras y entidades.
• La mediación juega un papel clave. Es la herramienta que permite ordenar las prioridades de todas las partes, establecer marcos de acción consensuados y buscar soluciones que satisfagan a todos los agents implicados. De hecho, una de las condiciones recogidas en las subvenciones estatales a ayuntamientos para la gestión ética de colonias felinas es precisamente contar con esta figura mediadora, incluida en el plan CER. Mishilovers ofrece este servicio de mediación a los municipios que lo requieran.
• Canales oficiales para que las cuidadoras puedan denunciar sin sentirse desprotegidas, incluyendo la figura de la mediación, y reconocimiento emocional y logística de las personas cuidadoras.
• Apoyo veterinario municipal real, con presupuesto y tiempos definidos, así como campañas de sensibilización ciudadana sobre la gestión ética de colonias.
• Reforzar la formación interna del personal técnico y jurídico municipal y la formación de gestoras de colonias en técnicas de captura, bienestar felino y cuidados preventivos.
El maltrato no solo es lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer. La violencia por omisión es una realidad silenciada que perpetúa el sufrimiento de los animales y el agotamiento de quienes les cuidan. Para avanzar hacia una sociedad justa, empática y responsable, debemos dejar de mirar hacia otro lado. Actuar es proteger. Ignorar también es violencia.