“Los gatos desaparecían de la noche a la mañana, algunos volvían desorientados y otros eran encerrados en jaulas para siempre”: así operan las empresas de control de plagas en la gestión de felinos comunitarios

Sociedad

Organizaciones denuncian que algunos ayuntamientos contratan a empresas de control de plagas, pese a que la Ley 7/2023 de Bienestar Animal dictamina que los gatos comunitarios no son una plaga

Los gatos comunitarios no son una plaga, según la ley.

Los gatos comunitarios no son una plaga, según la ley. 

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Todo empezó con llamadas de voluntarias desesperadas. Mujeres que llevaban años cuidando colonias felinas en sus barrios nos pedían ayuda entre lágrimas: los gatos que habían alimentado y esterilizado desaparecían de la noche a la mañana, otros volvían desorientados tras haber sido capturados por empresas contratadas por su ayuntamiento, otros eran encerrados en jaulas para siempre. A raíz de estas denuncias, nos encontramos con un patrón que se repite tanto en España como en otros países: empresas de control de plagas que, bajo la etiqueta de “gestión ética”, convierten a los gatos comunitarios en un negocio lucrativo.

Los contratos municipales afirman que aplican el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), sin embargo, la realidad que describen las gestoras es otra: gatos desaparecidos para siempre, horas en furgonetas sin ventilación, jaulas sucias y sin cubrir, cachorros separados de sus madres lactantes, animales liberados todavía bajo los efectos de la anestesia. Todo para que el contratista pueda cerrar rápido la “captura” y facturar cuanto antes el haber quitado el problema del medio. En muchas ocasiones, ni siquiera se informa del número real de gatos capturados ni de su destino: se cobra una cantidad fija y listo. 

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Sin control de censos ni seguimiento posterior, lo único que se consigue es encerrar el problema bajo llave en jaulas. Cuando además se excluye a las gestoras locales —que son quienes conocen realmente las colonias—, lo que sale a la luz es incómodo: lo que no se hace, lo que se hace mal y, sobre todo, que los gatos siguen convertidos en un “problema” no resuelto, porque no se les puede hacer desaparecer.

Muchas cuidadoras nos cuentan que se despiertan llorando al ver el estado de las colonias —de los animales que sí que regresan— tras la intervención de estas compañías. Lo que debería ser un programa de gestión integral de colonias se reduce a un servicio parcial, sin criterio, sin seguimiento y, en algunos casos, con muertes evitables por negligencia en los cuidados post-captura y absoluta falta de interés en garantizar el bienestar animal.

Muchas cuidadoras nos cuentan que se despiertan llorando al ver el estado de las colonias tras la intervención de las compañías de control de plagas

Además, la Ley 7/2023 de Bienestar Animal es clara: los gatos comunitarios no son una plaga. Contratar empresas cuyo objeto social es precisamente el control o exterminio de plagas supone un error de concepto profundo. Implica percibir a los gatos como un estorbo que hay que hacer desaparecer, en lugar de reconocerlos como animales que forman parte del territorio y de la biodiversidad urbana. Este enfoque no solo atenta contra su bienestar, sino que alimenta la crispación social: se fomenta la confrontación con discursos que justifican la desaparición de aquello que “molesta”, en vez de apostar por soluciones éticas y efectivas que ya han demostrado funcionar. Así, se crean divisiones dentro de comunidades vecinales, se erosiona la confianza en las instituciones y se convierte la convivencia en un problema grave al que se responde eliminando parte del ecosistema en lugar de gestionarlo correctamente.

Contratos en serie y cero personalización

La fórmula es conocida: una empresa de servicios redacta un protocolo estándar, copiado y pegado en diferentes municipios, sin censo previo ni evaluación real de las colonias de esa localidad y toda la casuística que las envuelve. Ese documento se convierte en la base para adjudicar contratos a empresas cuyo objeto social original es el exterminio de animales, no su bienestar. Después, subcontratan a capturadores sin formación felina que aplican métodos de estrés alimentario y trabajan sin supervisión veterinaria.

El contraste es sangrante: precios de capturas sin informes de número de animales con un incremento del 200%, comparados con los facturados por profesionales de la captura ética y profesional, con seguimiento y retorno garantizado.

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Las quejas son recurrentes: jaulas olvidadas en descampados con animales muertos dentro, gatas lactantes alejadas de sus crías, colonias desestructuradas por completo. A esto se suman los refugios, residencias felinas u otros recintos donde encierran gatos capturados con la excusa de que se encontraban cerca de colegios o parques, sin castrar ni controlar, mezclando animales de distintas colonias que terminan enfermando o muriendo por el estrés del hacinamiento. Y sin una justificación legal que lo respalde, dado que las reubicaciones o el traslado de los animales de calle están muy limitados a casos excepcionales.

El modelo es el mismo: aparentar control, facturar rápido y seguir dejando toda la responsabilidad a las gestoras voluntarias, las personas que seguirán cuidando de esas colonias felinas en el municipio, muchas de ellas destrozadas tras la actuación del CER por parte de estas empresas.

Un problema global

No se trata de un fenómeno local. En Estados Unidos, en ciudades como San Diego o Los Ángeles, varios procesos judiciales han denunciado condiciones inadecuadas en espacios donde terminaban gatos capturados por empresas privadas. La estrategia llamada return-to-field (retorno al territorio) se aplicaba de forma precaria: hacinamiento, falta de cuidados veterinarios, estrés extremo y, en algunos casos, sacrificio.

En Costa Mesa (California), una ordenanza prohibió durante años el TNR (Trap-Neuter-Return), permitiendo que los contratistas se limitaran a retirar gatos de la calle sin retorno ni seguimiento. Muchos terminaban en refugios saturados o eran sacrificados. La presión ciudadana obligó a abrir un debate para legalizar el TNR en 2025, aunque todavía sigue bloqueado. En Brasil, investigaciones periodísticas han mostrado cómo programas municipales de captura mantenían gatos sin esterilizar en refugios temporales, en condiciones de hacinamiento y con altas tasas de mortalidad.

Three cute kittens drinking milk from a dirty plate outside.

Tres gatos que residen en la calle. 

D.Lamote

En Reino Unido, la British Pest Control Association ha advertido en su propio blog (PestAware) de los riesgos de tratar a los gatos ferales con los mismos métodos que se usan para plagas, rechazando enfoques indiscriminados que ignoran el bienestar animal. Incluso Westminster rechazó la propuesta de usar gatos como controladores de plagas en las inmediaciones del Parlamento por cuestiones éticas y de seguridad.

El papel clave de las asociaciones

La primera línea de defensa siempre han sido y seguirán siendo las asociaciones locales y las gestoras de colonias. Son ellas quienes conocen cada animal, cada punto de alimentación, cada conflicto vecinal. Son ellas quienes dedican su tiempo, dinero y salud emocional para sostener una tarea que debería estar respaldada por las instituciones.

Desde Mishilovers creemos que estas asociaciones deben ser la primera opción para cualquier ayuntamiento que quiera gestionar colonias felinas de forma ética. Y cuando una asociación no existe en el municipio, o se encuentra sobrepasada, ahí es donde entra nuestro trabajo: apoyar, coordinar y profesionalizar lo que ya se está haciendo con tanta dedicación, aportando herramientas, formación y estructura.

La primera línea de defensa siempre han sido y seguirán siendo las asociaciones locales y las gestoras de colonias

La pregunta es inevitable: ¿por qué los ayuntamientos insisten en adjudicar contratos a empresas de control de plagas para algo tan delicado como la gestión de colonias felinas? La respuesta apunta al camino fácil: menos problemas aparentes, menos quejas inmediatas de vecinos… aunque sea a costa de los animales y de quienes los cuidan. Pero hay un riesgo que no se puede obviar: la Ley 7/2023 de Bienestar Animal tipifica como infracciones graves y muy graves muchas de las prácticas descritas aquí. Seguir mirando hacia otro lado no solo compromete el bienestar de los animales, también expone a las administraciones a responsabilidades legales serias.

Y, lo más importante, ya no estamos solas. Cada vez somos más las organizaciones animalistas, asociaciones locales y redes de gestoras que no vamos a permitir que el maltrato animal y la eliminación encubierta de gatos comunitarios siga campando libremente. Existe una ley que protege a estos animales y estamos dispuestas a exigir que se cumpla. Porque gestionar colonias felinas no es exterminar, es cuidar. Y esa diferencia lo cambia todo.

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