“Como en una orquesta: si cada uno toca por su cuenta, la música se vuelve insoportable”. Así resume Yaara Nieto, de ANUT, el caos institucional que rodea la gestión del bienestar animal en España. Mientras las leyes avanzan, los recursos públicos siguen siendo insuficientes, y el trabajo de las voluntarias —las que realmente sostienen el día a día de las colonias felinas y el rescate animal— continúa dependiendo de la buena voluntad individual.
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Un modelo que propone corresponsabilidad
En su propuesta a la Diputación de Lleida, ANUT plantea un modelo de copago solidario entre diputación, consejos comarcales, ayuntamientos y familias multiespecie que dejan salir a sus gatos domésticos a la calle, para cubrir los gastos veterinarios básicos: revisión, microchip, esterilización, vacunación y desparasitación. Es una medida responsable que se suma a las propuestas de tenencia responsable que ya existen legalmente y son promovidas por otras entidades como FAADA y su campaña “soy responsable”.
Yaara Nieto, educadora canina.
Pero la iniciativa va más allá: introduce una variante dirigida a las familias multiespecie con gatos domésticos. El objetivo es que quienes permiten que sus mishis salgan al exterior —con el riesgo de dejar o quedar embarazadas— asuman parte de la responsabilidad sobre el impacto poblacional. Estas familias podrían acogerse al copago para esterilizar y regularizar la situación de sus animales, evitando que los gatos domésticos contribuyan al crecimiento descontrolado de colonias comunitarias.
En este marco, juristas colaboradoras podrían actuar como mediadoras y representantes legales en casos de abandono, negligencia o maltrato, defendiendo a los animales domésticos que son dejados a su suerte. A la vez, ANUT propone reforzar la colaboración con veterinarios y gestoras de colonias para coordinar las capturas, el control sanitario y la educación responsable.
No es una propuesta menor: significa reconocer que el bienestar animal no puede depender solo del activismo o del voluntariado, sino que requiere de estructuras estables, financiación y planificación pública.
La realidad que no se quiere ver
El documento subraya una paradoja dolorosa: las administraciones locales reconocen la obligación legal que establece la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, pero siguen derivando las tareas esenciales a asociaciones sin recursos.
En muchas comarcas catalanas, como La Noguera o La Segarra, los Agentes Rurales disponen de una sola jaula trampa para seis municipios, y la URMA de los Mossos d’Esquadra apenas cuenta con media docena de efectivos para cubrir territorios extensos. A ello se suma una carencia estructural: en municipios pequeños no existen brigadas municipales ni protectoras con capacidad para recoger animales enfermos o fallecidos.
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Aunque desde 2009 es competencia de cada ayuntamiento hacerse cargo de estos animales, en la práctica, los vecinos y voluntarias se ven obligados a llamar al 112, un servicio que en la mayoría de casos no da respuesta efectiva a este tipo de incidencias. El resultado es el mismo: cuerpos que permanecen días sin recoger, gatas heridas o enfermas sin atención y una sensación de abandono institucional que vulnera las obligaciones legales.
Mirar fuera: cuando el derecho se organiza para proteger
La situación española no es aislada. En otros países, el bienestar animal se ha integrado en estructuras jurídicas y logísticas sólidas, donde las ayudas institucionales no son una excepción, sino una obligación de Estado.
1
Francia – Fondation Brigitte Bardot y la red pública de refugios
En Francia, las asociaciones no trabajan al margen del Estado, sino en convenio directo con las administraciones locales y regionales. La Fondation Brigitte Bardot gestiona más de 11 000 animales en refugios distribuidos por todo el país.
Las campañas de esterilización y adopción se financian parcialmente con fondos públicos, garantizando que ninguna comuna quede sin cobertura veterinaria.
2
Alemania – Tierschutzgesetz: una ley con financiación real
Alemania cuenta con una de las leyes más avanzadas de Europa. El Tierschutzgesetz no solo prohíbe el maltrato, sino que obliga a los estados federados a disponer de fondos, personal e instalaciones para atender animales abandonados.
Los refugios locales reciben subvenciones públicas proporcionales a la carga animal y pueden reclamar apoyo económico cuando asumen competencias municipales.
3
Estados Unidos – Animal Legal Defense Fund: justicia y educación
En Estados Unidos, la Animal Legal Defense Fund (ALDF) lleva décadas impulsando el reconocimiento jurídico de los animales como “seres sintientes”.
Su estrategia combina acción legal, lobby y educación pública, logrando leyes que penalizan el maltrato, crean bancos de sangre veterinarios y fondos de emergencia municipales.
Apoyo institucional: la pieza que sostiene todo
En todos estos modelos hay un denominador común: el compromiso público sostenido. Sin subvenciones, sin programas estables y sin coordinación entre administraciones, las mejores leyes quedan en papel mojado. Las ayudas —económicas, logísticas o formativas— son lo que convierte el bienestar animal en una política pública real, no una tarea heroica a costa del voluntariado.
Porque una colonia felina, un refugio o un banco de sangre no pueden depender solo de la buena voluntad. Necesitan estructura, presupuesto y reconocimiento institucional. Solo así la compasión deja de ser resistencia y se convierte en justicia.
Redes ciudadanas y juristas en acción
En los últimos meses, han proliferado redes ciudadanas y grupos jurídicos que comparten modelos de instancias, denuncias y reclamaciones administrativas para exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la Ley 7/2023. Estos grupos —formados por voluntarias, abogadas animalistas y profesionales veterinarios— están profesionalizando la defensa felina, interviniendo en casos de negligencia y asesorando a cuidadoras ante conflictos vecinales o administrativos.
Mishilovers celebra estos pasos, porque la unión entre ciudadanía, juristas y técnicos es el camino para dignificar el cuidado animal y reforzar el cumplimiento legal.
Tarragona podría ser un referente en bienestar animal… si se escucha a quienes ya lo practican
En definitiva, el trabajo de ANUT marca una ruta clara: la del activismo que se organiza desde el derecho. El bienestar animal no puede sostenerse solo en el amor por los animales, sino en estructuras legales, técnicas y humanas que repartan responsabilidades de forma justa. Defender una tenencia responsable es también defender a la comunidad con la que convive.
Y el derecho, bien utilizado, no es un arma de conflicto, sino una herramienta de paz. Ojalá existan cada vez más proyectos —jurídicos, veterinarios y comunitarios— que den a los gatos y a quienes los cuidan el lugar que merecen: dentro de la ley y bajo su amparo.