Andrés Santiago, veterinario: “La nueva Ley ha aumentado los tiempos de enfermedad y dolor en muchos perros o gatos que lo necesitaban antes”
Ley de Medicamentos
El veterinario explica por qué la nueva normativa sobre medicamentos está generando retrasos, más burocracia y conflictos en el tratamiento de mascotas
Andrés Santiago, veterinario.
La nueva Ley de Medicamentos ha generado un fuerte malestar entre los veterinarios, que denuncian que la normativa limita su capacidad de actuación, impone una burocracia poco efectiva, retrasa los tratamientos y encarece los servicios. Muchos profesionales aseguran además sentirse forzados a incumplir su código ético o a enfrentarse a sanciones desproporcionadas por intentar atender correctamente a sus pacientes.
La norma tiene su origen en el Reglamento UE 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018 sobre medicamentos veterinarios. Según recoge el Boletín Oficial del Estado, su objetivo era “mejorar el mercado, la fabricación, la importación y exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios”, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente.
En lugar de seguir nuestro criterio profesional y pautar la medicación que consideramos, debemos elegir sobre una tabla diseñada en algún despacho por personas que no se dedican a esto
El reglamento europeo se impulsó a partir de la preocupación del sector sanitario por la resistencia a los antibióticos que se desarrolla tras una exposición continuada. En concreto, los profesionales advirtieron del riesgo que supone la administración de antibióticos a los animales de granja, ya que estos pueden llegar a los humanos a través del consumo de productos de origen animal y contribuir, a largo plazo, al desarrollo de resistencias a los antibióticos.
Aunque los reglamentos europeos son de obligada aplicación en todos los Estados miembros, los países pueden desarrollar normas complementarias dentro del margen que permite la legislación comunitaria. En el caso de España, el Gobierno optó por implementarla mediante el Real Decreto 666/2023, introduciendo restricciones adicionales que no existen en otros países, como la prohibición de que los veterinarios dispensen medicamentos directamente o la obligación de realizar un cultivo previo antes de aplicar determinados antibióticos.
Otros Estados han aplicado el reglamento de forma más flexible dando mayor margen al criterio de los veterinarios. Esta diferencia ha alimentado el debate en países como España e Italia, los dos que han impuesto más limitaciones y donde la contestación del sector ha sido intensa. “Esta ley nos cambia absolutamente todo. Nuestro trabajo ya es de por sí muy estresante, tenemos pacientes que no hablan, que no nos dicen qué les pasa, y a los cuales tenemos que hacer el mínimo de pruebas posibles porque el tutor no tiene dinero infinito. A esto súmale que, en lugar de seguir nuestro criterio profesional y pautar la medicación que consideramos adecuada, debemos elegir sobre una tabla diseñada en algún despacho por personas que no se dedican a la clínica veterinaria”, denuncia el veterinario Andrés Santiago.
El Ministerio— según apunta el especialista— accedió a mostrarse flexible, pero para algunos veterinarios todo esto es “palabrería”. “Dijeron que los inspectores entenderían algunas situaciones, pero para mí esto es palabrería. Si dentro de un año llega un inspector que no está de acuerdo con el antibiótico que le puse a un paciente, tendremos una discusión y mi palabra como veterinario especialista valdrá menos que la suya”.
Y lo peor, denuncia, es que en la mayoría de situaciones esta ley retrasará los tratamientos. “Ha provocado que muchos veterinarios duden antes de prescribir un antibiótico ante una sospecha, por ejemplo, de infección de orina. Esto ha reducido su uso, sí, pero también ha aumentado los tiempos de enfermedad y dolor en muchos pacientes que lo necesitaban antes”, explica Santiago.
El veterinario relata un caso reciente vivido en su propia consulta. “Tuvimos un paciente con una posible infección de orina al que le hicimos un cultivo y un antibiograma. El laboratorio nos indicó qué antibióticos eran más eficaces para ese caso concreto, pero al consultar la tabla que impone la ley solo podíamos prescribir fármacos de categoría D o, en el mejor de los casos, de categoría C. El problema es que el propio laboratorio nos estaba diciendo que el antibiótico más adecuado para ese paciente era de categoría B. ¿Qué hacemos entonces, lo ponemos o no lo ponemos?”.
Origen de las protestas
Dos casos han incendiado al sector veterinario en España el último año. El primero, la muerte de una perra llamada Selva en Galicia, cuyo tratamiento se vio ralentizado por la nueva normativa; y el segundo, la primera sentencia firme a contra un veterinario por saltarse los procedimientos y vender un fármaco en su clínica.
Selva era una perra de nueve años que el 13 de febrero de 2025 llegó de urgencia a una clínica veterinaria en Cee (A Coruña) tras sufrir la mordedura de otro perro. Según establece la nueva ley, los veterinarios deben iniciar en estos casos con antibióticos de amplio espectro y, si el animal necesita un fármaco más potente, realizar previamente un cultivo bacteriano que justifique su uso. En el caso de Selva, los antibióticos iniciales no fueron suficientes y el cultivo exigido por la normativa no llegó hasta el lunes 17 de febrero, días después de su muerte.
Es difícil porque la ley te dice que solo puedes darle ese jarabe, suministrarle otra cosa ya es actuar 'off label' y bajo tu propia responsabilidad
“En situaciones como esa, no prima nuestro criterio ni tampoco el bienestar del paciente, hay que entender a cada uno de ellos, las situaciones particulares, que algunos no pueden tomar jarabes, como por ejemplo un gato agresivo... Es difícil porque la ley te dice que solo puedes darle ese jarabe, suministrarle otra cosa ya es actuar 'off label' y bajo tu propia responsabilidad”. En este momento, relata, tiene un paciente diagnosticado con infección bacteriana y él, como veterinario y profesional, no puede decidir qué antibiótico darle, sino que debe guiarse por la tabla establecida por la normativa europea.
Pero este no es el único problema de la ley. La nueva normativa obliga a adquirir en farmacias muchos medicamentos que antes podían dispensarse directamente las clínicas veterinarias. Esto supone un riesgo en situaciones de urgencia: si una mascota necesita iniciar un tratamiento en un día festivo y la farmacia de guardia no dispone del fármaco, el animal no podrá recibirlo hasta el día siguiente laborable. Una situación que ya ocurrió en Baleares, donde un veterinario ha sido sancionado con una multa de 90.000 euros por haberse saltado el procedimiento que marca la ley y haber vendido medicamentos en la consulta, algo prohibido. Y aunque no es la primera multa que se aplica, sí es el primer caso de sentencia firme.
En cuanto a la resistencia a los antibióticos —la principal razón por la que se impulsó la ley—, Santiago duda de que el problema esté en el criterio de los veterinarios de pequeños animales. “Poner tantas trabas está provocando que muchos tutores recurran a antibióticos de uso humano, como la amoxicilina, sin control veterinario ni prescripciones adecuadas. Y eso sí que está generando un problema”, advierte.
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A su juicio, combatir la resistencia antibiótica pasa por aplicar correctamente los tratamientos. “Se lucha respetando los tiempos de tratamiento marcados por el veterinario y utilizando antibióticos que controlen la infección bacteriana concreta de cada paciente. Me parece muy bien que hagamos cultivos y antibiogramas, es decir, que sepamos qué bacteria tiene el paciente y qué antibiótico le funciona mejor. Pero después, con esos resultados, deberíamos poder decidir qué antibiótico usamos”.
En definitiva, la aprobación de esta ley, según el veterinario Andrés Santiago, no solo ha generado trabas para el cuidado de los animales, sino que también ha provocado que muchos veterinarios se sientan frustrados. “Ya hay un gran índice de suicidios en veterinaria, como para que ahora nos impongan el tener que pensar que durante un tiempo un inspector con boli y libreta va a venir a decirme por qué hice mal poniéndole el antibiótico que necesitaba un paciente”.