La confrontación entre quienes defienden el medio ambiente en el que habitan y quienes desde diferentes gobiernos, argumentan que son necesarios determinados proyectos cuyo objetivo es el desarrollo económico está hoy muy viva en diferentes puntos del territorio nacional. Comarcas de Galicia, País Vasco, Castilla y León o Aragón están en efervescencia, mientras a nivel autonómico se modifican leyes que simplifican los trámites para la puesta en marcha de iniciativas empresariales. Se trata de cambios que, según denuncian los ambientalistas, acaban perjudicando a entornos con grandes valores por su biodiversidad o ya en el límite de su explotación.
Altri
La celulosa de la discordia
Va para cinco años desde que se dio a conocer el proyecto de construcción de una gran celulosa, de la empresa Greenfiber, mayoritariamente de la multinacional portuguesa Altri, en Palas de Rei (Lugo). Y casi tres desde que se consideró “estratégico” por la Xunta de Galicia. El objetivo: abrir una fábrica para producir, con madera de eucalipto, celulosa y fibra textil lyocell, un material muy demandado por la industria de la moda. La polémica saltó al saberse que utilizará 46.000 millones de litros de agua cada día (el consumo de todo Lugo) del embalse de Portodemouros, y que devolverá 35.000 millones depurados al río Ulla, pero con más grados de temperatura. De ahí, llegarán a la ría de Arousa. Días atrás, la empresa ha obtenido el permiso ambiental de la Xunta, pero desde hade más de un año las movilizaciones en toda Galicia han ido a más, ante el temor del impacto de esas aguas sobre las miles de mejilloneras que hay en Arousa, a cambio de los 500 empleos nuevos que dice la empresa que creará. Greenpeace ya ha recogido más de 600.000 firmas en contra, a lo que se suman movilizaciones que han continuado este mismo sábado con una gran protesta por tierra y mar y los manifiestos de los científicos.
La semana pasada, el presidente Alfonso Rueda dijo por vez primera que los 250 millones de euros de fondos públicos que Altri necesita para construir la planta, deberá pedírselos al Gobierno central porque de Galicia no saldrán, cuando en el pasado dijo que la apoyaría. Para los que se movilizan, es su respuesta a la presión social: “No hemos tenido acceso al expediente ambiental, ni sabemos quién lo ha hecho, pero las protestas calan y no vamos a parar porque el 68% de las mejilloneras que tenemos en Galicia están en esa ría, y ahí producimos el 70% de los mejillones, así que no las podemos perder”, asegura Xocas Rubido, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA).
Rubido recuerda, además, que debido al cambio climático “ahora la ría recibe menos viento del noroeste y las aguas ser renuevan menos, a la vez que el Ulla trae menos agua y Altri puede hacer mucho daño”. De momento, desde el Gobierno central se indica que estudiarán la propuesta, mientras en Altri aseguran que ya se plantean varios escenarios de financiación para sacar adelante su fábrica.
Dos sedes Guggenheim
En la reserva de Urdaibai
Numerosos colectivos de Euskadi llevan meses movilizados contra la posible ampliación con dos sedes nuevas del Museo Guggenheim en la única reserva de la biosfera de la comunidad, Urdaibai, que tiene 22.000 hectáreas y es hogar de más de 250 especies de aves. Es Zona de Especial Protección (ZEC) y de protección de aves (ZEPA). El proyecto, a falta de concretarse, consiste en hacer un nuevo edificio en Guernika (como recepción); una vía verde de seis kilómetros -en parte sobre palafitos, al ser zona inundable-; y ya en el municipio de Murueta, otro edificio para exposiciones, el posible Guggenheim Urdaibai. Se estima que lo visitarían 140.000 personas al año y que generaría desarrollo en el entorno.
Pero para la Plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, es un despropósito ambiental: “El proyecto no se ha publicado, pero ya han reducido de 100 a 20 metros el área de protección de la costa en Murueta para hacerlo, y lo que hemos recurrido. Va a masificar una zona muy vulnerable, causando daños ambientales importantes, así que vamos a seguir con demandas, alegaciones y protestas hasta que se descarte”, asegura la portavoz de la plataforma, Eider Gotxi. Hade unos días, han enviado una carta a la Fundación Solomon R. Guggenheim, que gestiona los museos por el mundo, para exponerles la situación, mientras organizaciones como SEO/Birdlife o Greenpeace también han alertado del riesgo para la biodiversidad.
La idea, de momento, no avanza, pero tampoco se descarta. El gobierno vasco ha impulsado en febrero pasado un proceso de “escucha activa” para entrevistar a 1.000 personas a lo largo del año para, han dicho, “entender esa complejidad y tratar de dar respuesta a las diferentes sensibilidades”. A la vez, el lehendakari Imanol Pradales, en un reciente viaje a Nueva York, transmitió a la fundación su postura a favor de la ampliación y declaró que el Guggenheim de Bilbao ha tenido un gran impacto positivo y en su origen también hubo críticas.
Hidrógeno verde
Las lagunas de Villafáfila (Zamora)
La extracción de millones de litros de agua en las cercanías del humedal de las lagunas de Villafáfila (Zamora) ha generado otro “punto caliente” de conflicto: en las inmediaciones se ha propuesto construir una planta de hidrógeno verde, con su parque fotovoltaico asociado, que precisará 117 millones de litros de agua al año. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ya ha dado su visto bueno a la extracción del acuífero, pero agricultores, activistas y conservacionistas están en contra. Pendientes de la decisión que tome la Junta de Castilla y León, la CHD considera que no habrá riesgo para las lagunas, dado que casi toda su agua proviene de la lluvia. El geólogo Pedro Huertas, de la Universidad de Salamanca, que ha estudiado la zona, no lo tiene tan claro. “Tienen un aporte salino del acuífero que es fundamental para la biodiversidad que contienen, así que una extracción importante de su acuífero puede afectar”, indica a La Vanguardia. Serían 320.000 litros extraídos cada día, durante los 25 años que durará la concesión.
Contra el proyecto ha habido ya manifestaciones en Zamora, una provincia con numerosas iniciativas industriales en su territorio. “Villafáfila es una zona natural única que se pone en riesgo si la capa freática disminuye, pero además el proyecto implica poner placas fotovoltaicas en un lugar donde las aves pueden confundirlas con agua”, denuncia Julio Fernández, de Ecologistas Zamora.
El conflicto que no cesa
Canal Roya en Pirineos
Después de que en 2023 una masiva campaña lograra parar la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal por el paraje pirenaico de Canal Roya, el lugar sigue siendo objeto de controversia. El anterior presidente socialista prefirió parar el proyecto, ante el rechazo generado, justo antes de las elecciones. Desde entonces, los ecologistas y muchos en Aragón intentan blindar Canal Roya exigiendo su declaración como parque natural Anayet. Sin embargo, esta posibilidad, de momento, ha sido frenada judicialmente en febrero, dejando la puerta abierta para que pueda retomarse un proyecto que el gobierno de Aragón tampoco ha descartado, aunque ahora no cuenta con fondos para ello.
Desde Salvemos Canal Roya, Paco Iturbe insiste en que el plan sigue siendo aunar las estaciones de esquí por la montaña, como si se ha aprobado entre Astún y Candanchú: “Hasta que no logremos proteger ese lugar, el peligro está ahí, lo que implica seguir movilizados, preparando nuevas marchas y protestas”, anuncia. En su día, la defensa de Canal Roya fue apoyada por cientos de científicos y buena parte de la población pirenaica, que considera que esa unión no aumentaría sus recursos, sino los de empresas del esquí favorecidas con la unión de estaciones.
Una macrogranja porcina en un embalse
La Cuerda del Pozo (Soria)
Hace unos días, la Junta de Castilla y León dio el visto bueno ambiental a una macrogranja, para más de 4.300 cerdos, junto al Embalse de la Cuerda del Pozo. Es un proyecto contra el que llevan movilizándose siete años los sorianos y los ambientalistas. En este caso, la luz verde ha tenido en contra el voto ecologista y de la CHD, que considera desactualizados los informes sobre los impactos de una macrogranja que está situada a 100 metros de un arroyo y a 700 metros de un embalse del que bebe gran parte de la población soriana. Hace unos 10 días, el alcalde de Cidones se quejaba a Efe porque la Junta no les informó de su resolución, mientras que desde la Asociación Soria Verde se anuncian más protestas si sigue adelante el proyecto. Cabe recordar que solo en Soria hay casi medio millón de cerdos en unas 270 granjas. Esta nueva macrogranja porcina, junto a un bosque, se ha estimado que generará unos 10.000 metros cúbicos al año de purines en uno de los entornos naturales más conocidos de Soria.