El Gobierno, a través del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha prometido reactivar y promover una ley para la protección y defensa de los derechos de los grandes simios. El ministro se ha reunido con las principales entidades y organizaciones dedicadas a la protección de estos animales para abordar “una normativa que será pionera a nivel mundial”. El Gobierno en una nota dice que pondrá en marcha la ‘Ley Jane Goodall’.
La Ley de Protección Animal de 2023 mandataba que, tres meses después de su entrada en vigor, el Gobierno presentaría una Ley de Grandes Simios (chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas), pero más de dos años después, aún no ha sido publicada.
Las principales organizaciones especializadas en la defensa de los grandes habían alcanzado previamente un acuerdo conjunto con el objetivo de fortalecer y dar coherencia técnica al anteproyecto legislativo que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Todas estas entidades remitieron al ministro Pablo Bustinduy una solicitud formal para constituir un grupo de trabajo técnico, integrado por juristas expertos en derecho animal, primatólogos y profesionales del bienestar animal para colaborar en el desarrollo de la ley.
La propuesta ha sido acerptada. Este compromiso lo firman el Instituto Jane Goodall, Fundació MONA, Fundación Rainfer, AAP Primadomus, Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians.
Asimismo, las entidades han hecho saber al ministerio una serie de consideraciones ante la futura ley con la intención de incorporar los compromisos científicos, éticos y legales adquiridos y que las organizaciones han consensuado.
Este consenso se une a una carta al ministro a la que se han adherido más de 150 organizaciones y una petición pública con más de 72.400 firmas.
Una nueva sensibilidad social
La ley nace de las diversas iniciativas legislativas emprendidas con el fin de actualizar y adecuar la actual normativa a la consideración de los grandes simios como seres sintientes, en sintonía con las nuevas sensibilidades sociales hacia ellos, surgidas del mayor conocimiento científico sobre su naturaleza y comportamiento.
La ley tendrá como objetivo evitar el daño o el maltrato de estos animales, y establecer la prohibición expresa de experimentación o investigación cuando ello pueda producirles daños y no redunde en su beneficio
Asimismo, en la custodia y tenencia de estos animales, y con el propósito de conservación, se deberá establecer unas condiciones muy rigurosas y en ambientes óptimos para esta misión.
Quedará asimismo prohibido la utilización de los grandes simios con fines comerciales o en cualquier tipo de espectáculos que menoscaben su dignidad.
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Lo primero, una vida digna
“Desde Fundación Rainfer trabajamos cada día con grandes simios rescatados. Sabemos de primera mano lo que necesitan para tener una vida digna. Esta ley no puede construirse sin escuchar a quienes los cuidamos”, ha afirmado Marta Bustelo, directora de la Fundación Rainfer.
“Pedimos una ley basada en la ciencia, que reconozca la complejidad emocional y cognitiva de estos seres. No es solo protección, es un deber moral”, ha señalado Olga Felíu, directora de Fundació MONA.
El legado de Goodall
“El legado de Jane Goodall nos interpela: proteger a los grandes simios es una deuda histórica con nuestros parientes evolutivos más cercanos. Esta ley debe ser un paso firme en esa dirección”, ha añadido Laia Dotras, directora adjunta del Instituto Jane Goodall en España.
“Llevamos décadas reclamando este avance. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Esta ley debe prohibir su explotación, garantizar sus derechos básicos y poner fin al uso comercial de grandes simios en España”, ha concluido Pedro Pozas, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio.
“Es fundamental que esta ley no solo se apruebe, sino que lo haga con un contenido sólido y riguroso. Nuestro compromiso es aportar toda la experiencia acumulada para que España lidere esta normativa a nivel mundial”, ha declarado Marta Esteban Miñano, portavoz de Fundación Animal Guardians.
Las organizaciones proponen que este grupo de trabajo funcione entre octubre y diciembre de este año, con el objetivo de entregar un borrador técnico y consensuado antes del 31 de diciembre, listo para su tramitación.
