Ríos negros. Las postales, viralizadas en las redes sociales con cientos de vídeos, se repiten en Galicia, Extremadura y Castilla y León, las tres comunidades autónomas que más han sufrido este verano los incendios forestales que quemaron cerca de 400.000 hectáreas en todo el país. Las primeras lluvias intensas del otoño han empezado a arrastrar las cenizas que quedaron bajo tierra, provocando la contaminación de los acuíferos y la interrupción del suministro de agua potable en algunas localidades. “Los incendios forestales son mucho más que llamas: su impacto continúa y pone en peligro ecosistemas fluviales y los acuíferos que son las reservas estratégicas de agua. El agua puede envenenarse durante años”, advierte Mónica Parrilla de Diego, responsable de Incendios de Greenpeace España.
Lo que está ocurriendo ya había sido alertado por los expertos cuando las llamas se apagaron. El fenómeno no es nuevo. Se repite todos los otoños posteriores a las grandes temporadas de incendio. Este año, con un fuego que se extendió con mucha voracidad por varias regiones, las corrientes negras afectan a más acuíferos de lo habitual. Las lluvias intensas arrastran hacia los ríos los restos de monte quemado -cenizas, tierra erosionada, metales pesados y materia orgánica- que acaba en embalses y cauces naturales.
La emergencia no termina cuando se apagan los incendios. Si no protegemos los recursos hídricos, sembramos nuevas crisis ecológicas y sociales
Paco Castañares, ex director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR), lo explica de esta manera: “El problema se produce porque, al perder el suelo el anclaje de la vegetación quemada, pues se queman también las raíces y todo es fácilmente arrastrable”.
Además de la contaminación de los acuíferos, este arrastre se lleva la vegetación que ya estaba empezando a brotar, provocando una erosión con consecuencias a largo plazo. “Hablamos de un problema que es más grave de lo que parece porque si nos quedamos sin suelo, nos quedamos sin la posibilidad de recuperar la vegetación”, alerta este experto.
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En lo inmediato, la consecuencia principal es “la gravísima contaminación” que se está produciendo en “aguas limpias y claras” de estas tres comunidades autónomas. Esta contaminación está generando problemas de turbidez, colapso de captaciones y restricciones de consumo, según los datos recogidos por Greenpeace.
“La emergencia no termina cuando se apagan los incendios. Sin actuaciones post-incendio para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos, estamos sembrando nuevas crisis ecológicas y sociales. Es urgente que las administraciones tomen medidas para evitar que las cenizas lleguen a los ríos y zonas de captación que llegan a imposibilitar la potabilización del suministro de agua”, señala Parrilla.
Castañares recuerda que en 2016, con incendios más pequeños a los de este año en Extremadura, se produjeron hasta ocho grandes riadas de aguas negras que contaminaron el río Jerte durante dos años seguidos. “Imaginemos lo que puede durar este episodio, que recién ha comenzado. ¿Cuántas riadas más habrá? ¿Durante cuánto tiempo ocurrirán?”, se pregunta.
Según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea se han visto afectadas por incendios en las últimas dos décadas, con un coste ambiental y económico superior a los 43 millones de euros. Las demarcaciones del Miño-Sil, Duero y Galicia Costa son las más vulnerables.
Los ecologistas señalan que con casi 400.000 hectáreas abrazadas y 62 grandes incendios forestales, “si no se actúa con rapidez, los efectos sobre la calidad del agua podrían ser uno de los mayores daños ecológicos” del 2025.
Ríos con agua negra en el norte de la provincia de Cáceres
El impacto en el suministro de agua
El arrastre de materiales tras los incendios no sólo afecta a la biodiversidad. Las partículas contaminantes acaban llegando a los embalses que abastecen a pueblos y aldeas, comprometiendo la calidad del agua para el consumo humano.
La comarca de Valdeorras, situada en el noreste de la provincia de Orense, en Galicia, es un caso testigo. En localidades como Vilamartín y A Rúa, los vecinos no pueden beber el agua del grifo. Las cenizas que bajan de los ríos están entrando en la red de abastecimiento.”Está siendo horrible, sobre todo, porque nos inutiliza prácticamente todas las captaciones”, describe Enrique Álvarez, alcalde de Vilamartín.
En A Rúa (4.000 habitantes), el panorama es el mismo. El Ayuntamiento ha empezado a repartir agua embotellada para beber y ha habilitado el pabellón municipal para que los afectados puedan ducharse.
En Extremadura, los ríos negros que bajan por las localidades de Jarilla y Gargantilla han causado problemas en las captaciones de agua en Jerte, Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia, donde se han cerrado temporalmente las tomas. Este viernes, el Ayuntamiento de Gargantilla ha recomendado a los vecinos no consumir agua del grifo por precaución.
El mismo panorama ocurre en Castilla y León. En Puente de Domingo Flórez, municipio de la provincia de León, el alcalde ha emitido una alerta prohibiendo temporalmente el uso del agua para consumo o fines alimenticios. El regidor ha solicitado a la Diputación de León el envío de camiones cisterna para abastecer a los vecinos. En Vigo de Sanabria, otro municipio afectado, el agua se ha declarado no potable a la espera de nuevas mediciones.
Del enojo social a las actuaciones
Todas las comarcas afectadas cuestionan la “dejación de funciones” por parte de los gobiernos autonómicos -“el trabajo de contención de las laderas afectadas tenía que haber comenzado al día siguiente de terminar el control de los incendios”, se repite- y la falta de coordinación entre las administraciones -Gobierno nacional y confederaciones hidrográficas- para evitar que los ríos negros lleguen hasta las captaciones de agua.
Para Greenpeace, la “desidia política” se explica por “la gran falta de conocimiento sobre cómo los incendios alteran las propiedades del suelo, la escorrentía, la infiltración y, en última instancia, la calidad y cantidad del agua subterránea”. Esta organización denuncia que las políticas públicas siguen centradas en los suelos y las aguas superficiales, dejando fuera la protección específica de los recursos hídricos subterráneos. Por tanto, “es fundamental investigaciones multidisciplinares, redes de control piezométrico y una integración real del riesgo de incendios en la planificación hidrológica nacional, especialmente frente al cambio climático”.
El 2025 es ya uno de los peores años de la historia desde que hay registros de incendios, con casi 400.000 hectáreas calcinadas.
La ingeniería forestal, explica Castañares, recomienda tras los incendios la construcción de albarradas, de fajinas, gaviones y caballones, soluciones que pocas administraciones han aplicado este año. Las albarradas son un muro de contención hecho con piedra seca que se hace en las cabeceras de las gargantas y los arroyos para evitar que los arrastres lleguen a los abastecimientos de agua. Las fajinas forestales son una técnica de bioingeniería que utiliza haces de ramas y material vegetal para controlar la erosión del suelo en laderas.
También funcionan los gaviones -bloques de piedra que se colocan dentro de una malla a modo de contención para frenar el paso de las cenizas, pero no del agua- y los caballones, muy usados en la agricultura: surcos profundos con una lona que van reteniendo el agua, basándose también en las curvas de nivel.
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En Extremadura, la Confederación Hidrográfica del Duero arrojará desde este lunes paja sobre las zonas más altas de las cuencas afectadas para tratar de evitar el arrastre de cenizas al suministro. La táctica se conoce como “helimulching” y, según los últimos estudios científicos, tiene mucha eficacia en la reducción de la erosión del suelo. Los helicópteros van a intentar descargar más de 50.000 kilos de paja diarios sobre las zonas quemadas.
Para los ciudades y pueblos que hace tres meses sufrieron los incendios, las medidas llegan tarde, más cuando cuando se sabía -consenso científico- que las cenizas iban a llegar a los ríos. “De las llamas a la falta de agua, la pesadilla no acaba”, se quejan en el municipio gallego de A Rúa.
