“Al final, se impuso el sentido común”, dice con tono relajado Sara Aagesen, vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, a las pocas horas del difícil momento parlamentario que pasó el Gobierno en el Congreso, donde estuvo a punto de perder la votación de una enmienda del PP en la ley de Movilidad Sostenible que buscaba prorrogar la vida de las centrales nucleares. Pero su tarea más inmediata se centra ahora en la negociación de la cumbre del clima de la ONU en Belém (Brasil), a donde viaje hoy, tras haber sido designada facilitadora (mediadora) en uno de los ejes centrales del debate: el referido a la mitigación del cambio climático. “Me siento halagada, pondré el máximo empeño”, dice en esta entrevista.
El negacionismo climático ya gobierna en EE.UU. ¿Qué margen de acción le queda a la cumbre del clima de la ONU (COP30)?
El contexto puede ser complicado, pero necesitamos más multilateralismo, necesitamos más conferencias como esta, que son más necesarias que nunca. Una amplia comunidad internacional quiere seguir adelante con el proceso de lucha contra el cambio climático.
¿Sin Trump, es posible?
La salida de EE.UU. es un desafío, pero esta cumbre debe reforzar los compromisos del resto de los países con el sistema multilateral y con la acción mundial. El multilateralismo debe ganar, aunque algunos, como Trump, quieran quedarse al margen. Los avances en la acción climática nunca dependerán de un país, sino de una mayoría convencida. La Convención de Cambio Climático de la ONU la forman 198 países, y una gran mayoría apoya el proceso.
¿Qué se espera de esta conferencia?
Se trata de que, diez años después del Acuerdo de París, el compromiso siga vivo, que se refuerce la ambición climática y la implementación, así como la capacidad de dar respuesta multilateral y de cooperación. Y todo esto tiene que empujar para eliminar los combustibles fósiles, con una eliminación progresiva y una aceleración de las renovables y de la eficiencia energética. También se espera acordar un paquete de indicadores en materia de adaptación al cambio climático. Además, la agenda de la presidencia brasileña da gran relevancia a la transición justa, la igualdad de género y la financiación; se trata de ver de qué manera todos los países nos comprometemos para apalancar esa financiación necesaria de 1,3 billones [con b] de dólares para hacer frente al cambio climático en todas sus dimensiones.
Cada contribución que presenten los países en la COP es un paso hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles
¿Para qué debe servir?
Debemos reforzar cada uno de los compromisos de París a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional [los planes de acción para reducir emisiones] que se están presentando para mantener el objetivo de contener el calentamiento en 1,5ºC del Acuerdo de París. La COP30 debe servir para consolidar y atraer nuevas contribuciones. Cada contribución que presenten los países es un paso más hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Este tiene que ser el siglo de los ‘electroestados’ y no el siglo de los ‘petroestados’. El 75% de las contribuciones nacionales presentadas por los países incluyen medidas claras para triplicar las renovables, duplicar la eficiencia energética y alejarnos de los combustibles fósiles.
La UE27 se ha mostrado desunida al definir los objetivos climáticos ante esta cumbre.
La semana pasada hubo una negociación muy intensa y yo misma lideré la ambición de 12 estados que se sumaron. Tuvimos unas negociaciones complicadas, hasta las cuatro de la mañana; pero conseguimos aprobar una ley del Clima alineada con la ciencia, con esa reducción del 90% de las emisiones en 2040 respecto a 1990. Y acordamos nuestra contribución determinada a nivel nacional para ser presentada antes de que diera comienzo la COP30.
El proceso de debate interno en la UE está siendo convulso.
Lo que me sorprende es que ahora, tras la aprobación por parte de los gobiernos, en el Parlamento Europeo el Partido Popular español haya votado en contra de algo tan importante como es una ley de clima, cuando España es un país vulnerable al cambio climático y lo está viviendo en primera persona.
El PP da señales que lo acercan cada vez más a un partido totalmente negacionista
¿El Partido Popular es un partido negacionista?
Las señales que están dando lo acercan cada vez más a un partido completamente negacionista. Están diciendo no al Pacto Verde y yo creo que es un tacticismo político que no nos podemos permitir en algo como el cambio climático.
¿Europa está perdiendo liderazgo frente a China en la acción climática?
China ha presentado ahora un objetivo para lograr una reducción de emisiones de entre el 7 y el 10%. Lo que tenemos que hacer es sumar liderazgos, no competir por los liderazgos. China está alcanzando su pico de emisiones y empieza a reducirlas. Las reducciones de emisiones que recogen sus planes son al final menores de las que ellos finalmente logran alcanzar en sus resultados.
La abstención de Junts en el Congreso de los Diputados ha impedido que saliera adelante la enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la “fecha de cese definitivo” de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. Dado que Junts ha roto con el Gobierno, la pregunta es si esa abstención se ha hecho a cambio de algo.
Lo que ha ocurrido es que la enmienda que propuso el PP en la ley de Movilidad Sostenible era algo que no tenía ningún sentido, es decir que esa enmienda crea inseguridad jurídica, provoca ruido y genera confusión. Hay unos procedimientos en materia de seguridad radiológica que deben garantizarse. Hemos dicho que esto es algo tan sensible que requiere respeto a los procedimientos en toda la legislación vigente y máximo rigor: con las instalaciones y con los ciudadanos. No se pueden generar falsas expectativas y hacer las cosas con improvisación.
La enmienda sobre las nucleares del PP a la Ley de Movilidad Sostenible creaba inseguridad jurídica y confusión. Al final se ha impuesto el sentido común
Pero ¿no hay ninguna contrapartida para Junts, como alguien puede pensar?
En este caso, ha predominado el sentido común. Ha prevalecido la idea de que esa enmienda genera una falsa idea de que puede haber una prórroga automática de las instalaciones nucleares y que puede hacerse sin una orden ministerial. Eso es lo que pretendía la enmienda, saltándose la normativa vigente. Los procedimientos deben garantizarse, y esto tiene que ver con la seguridad nuclear y radiológica. Yo creo que al final ha imperado el sentido común. Actuamos siempre de manera responsable y vamos a seguir haciéndolo. Y vamos a cumplir con todos los requisitos que marca la legislación, y no nos podemos saltar lo que diga el organismo especializado en materia de seguridad nuclear.
Las empresas han solicitado tres años de prórroga a la central de Almaraz. Y el Gobierno lo trasladará al Consejo de Seguridad Nuclear. Y entonces, ¿quién decide esa prórroga? ¿El Consejo de Seguridad Nuclear o el Gobierno?
Siempre hemos dicho que la solicitud de ampliación tiene que estar, y ha estado siempre, en manos de las empresas. Ellas son las que acordaron el calendario de cierre y ellas son las que podían hacer la solicitud de cambio. También hemos sido claros en decir que esta solicitud de ampliación no puede venir acompañada ni de rebajas de impuestos ni de cargas que perjudiquen económicamente a los ciudadanos. No puede haber un sobrecoste de las facturas de la luz para los ciudadanos. Y es cierto que ahora las empresas no solicitan ninguna condición de contorno [económica] y han renunciado a esta rebaja de los impuestos [y de las tasas que se pagan por los residuos a Enresa]. Y por supuesto, también dijimos que el procedimiento tiene que cumplir con todas las garantías de seguridad nuclear. Y, por lo tanto, en poco tiempo enviaremos el informe al CSN. Este es un informe preceptivo y esto es muy importante, es vinculante en todo lo que sea relativo a seguridad nuclear. No vamos a prejuzgar lo que diga este informe. Es un informe muy técnico, es complejo, requiere su propio proceso de análisis por parte de los técnicos…
En su despacho, el miércoles
¿A qué responderá el informe del CSN?
Debe responder a la pregunta de si se cumplen todas las garantías en materia de seguridad nuclear en el caso de una ampliación, porque en este caso ha habido una solicitud de ampliación por parte de las empresas. Y son ellos los que tendrán que requerir toda la información que consideren oportuna; pero nosotros, insisto, no vamos a interferir en un trabajo, tan técnico y tan relevante como es el del Consejo de Seguridad.
Entonces, en qué condiciones el Gobierno aceptaría estudiar la continuidad de Almaraz y de las demás centrales nucleares. ¿Qué requisitos deberían darse?
Lo hemos dicho siempre, hemos sido claros. Lo estudiaremos siempre que las condiciones, principalmente, sean que no afecte a los consumidores, que no afecte a los contribuyentes, que no suponga una carga, un coste adicional a la factura de los consumidores y que se cumplan todos los requisitos de seguridad nuclear. Esa es la posición en la que estábamos y en la que estamos.
El Pacto Climático que promueve el Gobierno y que discute el Congreso hacia dónde debe orientarse? El decálogo propuesto parecía muy condicionado por el trauma de los incendios de este verano. ¿Se va abriendo paso a medidas de mitigación u otros ámbitos?
Se busca reforzar mecanismos de adaptación, pero también de mitigación. Hace una apuesta clara por el mundo rural y por el sector primario, agricultura, pesca y el sector de la ganadería también, porque son los primeros afectados ante los riesgos y los impactos del cambio climático. En esos 10 ejes hemos puesto encima de la mesa algo tan importante como son los medios necesarios para dar respuesta en las mejores condiciones los 365 días del año, y también generar esa cultura de prevención. Se busca una unidad de todas las administraciones públicas, de las fuerzas políticas, de la sociedad civil en su conjunto, también para anticiparnos y para defender el interés general a la hora de actuar y proteger nuestro país, las vidas y nuestra economía.
Las oenegés han expresado su preocupación por el retraso del Fondo Social para el Clima y su temor de que se pueda desvirtuar el destino de esos recursos, pues se deben dedicar a las personas y sectores vulnerables a las subidas de los precios de la energía.
Hemos conseguido un pacto europeo para crear un Fondo Social para el Clima y vamos a seguir trabajando para implantar las mejores medidas cada uno de sus países. Pero a día de hoy prácticamente ningún país ha sido capaz de presentar su propuesta de Fondo Social del Clima, pero, pese a ese retraso, también en la ley del Clima y en el nuevo esquema de derechos de emisión, vamos a seguir demostrando nuestra voluntad de proteger a los sectores más vulnerables y el acompañamiento a los sectores que precisan esas transformaciones.
Sacamos a información el lunes la redacción de los proyectos de los barrancos del Poyo y el río Magro en Valencia
Cuando hay aguaceros hablamos de desocupar las zonas inundables, pero solo cuando se han dado tragedias. ¿Se abordará el proyecto del barranco del Poyo?
En Valencia, hemos venido trabajando en un plan de recuperación y mejora de la resiliencia de 550 millones de euros para adaptar la cuenca hidrográfica a la realidad. Este mismo lunes [mañana] saldrá información pública la licitación de la redacción de los proyectos de los barrancos del Poyo y el río Magro. Este lunes, estos proyectos estarán en el BOE.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) prevé que el 81% de la electricidad sea de origen renovable en 2030. ¿Se están cumpliendo las previsiones?
El año pasado aumentamos la ambición, para alinearla con un rueda que no para de girar. Estamos avanzando muy rápidamente en materia de transición energética y en el cumplimiento de los objetivos que se negociaron a nivel europeo. A pesar de que las sendas del Pniec son indicativas, vamos por buen camino. Creo que tanto la Administración como el sector están preparados para las transformaciones que se están dando la década. La fotovoltaica y el autoconsumo avanzan según las previsiones. Se esperaba la instalación de 46 GW y tenemos 46,5 GW este 2025. En el caso de la eólica hay un decalaje de algo menos de 4 GW respecto a lo previsto y que esperamos recuperar. Por eso, hemos sacado un nuevo paquete de medidas para incentivar la repotenciación eólica [de las instalaciones existentes], donde creemos que también hay un gran campo de avance.
Pero para no perder esa energía renovable hace falta más almacenamiento, reclaman muchos sectores...
En el campo del almacenamiento, hemos puesto en marcha nuevas medidas para impulsarla, con hibridación o agilización de las tramitaciones… Estamos en casi 8 GW de almacenamiento instalados, y con un paquete de incentivos y ayudas que van a aportar otros 7 GW. Este año debe ser el del boom del sector de almacenamiento. Pero lo más importante es que el apetito y el atractivo inversor hacia la transición energética hacia nuestro país sigue siendo y es apreciable. Hace poco presentamos la planificación de la red eléctrica de España: el plan de la red de transporte del horizonte 2030 y también la modificación de las inversiones de las redes, tanto en transporte como en distribución. Y lo que vemos es que las peticiones de eólica suman 60 GW, o sea, duplican la necesidad del Pniec en el horizonte 2030 y la fotovoltaica llega a 150 GW, o sea que multiplica por cinco lo previsto en el Pniec. Yo creo que sigue habiendo mucho atractivo y mucha atracción en España por esa transición, que es un éxito y una oportunidad.
Muchos proyectos eólicos y fotovoltaicos son conflictivos en el territorio.
España tiene una normativa ambiental muy garantista. Los proyectos tienen que superar esas evaluaciones ambientales, que son transparentes. Y todos los interesados tienen la oportunidad de ser agentes. Las declaraciones de impacto ambiental introducen medidas correctoras y compensatorias para mitigar el posible impacto ambiental que tienen esas tecnologías renovables. Pero hay que resaltar que las tecnologías renovables desplazan las tecnologías fósiles, y tienen muchísimos co-beneficios en términos de salud, en términos de competitividad, en términos de autonomía estratégica, que normalmente son muy difíciles de medir, pero están ahí. Y, por otro lado, en el Ministerio hemos abogado y hemos apostado por intentar consolidar la convivencia de las energías renovables con otras prácticas, y me refiero aquí a la agrovoltaica. Podemos hacerla compatible con otros usos tradicionales, y se ha demostrado que funciona. Funciona para la agricultura y para la ganadería. Entendemos que esa es una práctica que cada vez vamos a tener de forma más recurrente por todo el territorio. La convocatoria que lanzamos hace dos semanas para la agrovoltaica ha habido un magnífico éxito. Y le diré también que Cataluya han sido beneficiaria de una parte importante de esas ayudas a la agrovoltaica.
Sara Aagesen
¿Y qué se puede hacer para mejorar aquí también y hacer que esa implantación responda igualmente a una transición justa?
Nosotros entendemos que, al final, las energías renovables generan empleo y riqueza y combaten la despoblación rural. Por eso, lo que hemos hecho es cambiar los criterios de acceso a la red eléctrico [para hacer el vertido o evacuación de la electricidad limpia producida]. Antes, ese acceso se lo quedaba el primero que llegaba. Pero ahora lo que hacemos es incorporar criterios que maximicen los beneficios socioeconómicos en el territorio, en las poblaciones próximas a los proyectos. Y esto es lo que también hemos hecho de manera muy innovadora en los concursos de transición. Creemos que las renovables van a respetar los criterios de transición justa y queremos que lo sean aún más en esta década y los próximos años.
Parece que se está retrasando la implantación de la eólica en el ámbito marina.
La planificación previa de la ordenación del espacio marítimo [POEM] fue un proceso con muchísima participación. Queremos hacerlo todo con la mayor transparencia. Vemos que otros Estados miembros europeos están dando marcha atrás porque entienden que el marco no ha tenido la participación y los incentivos adecuados. Hemos ido despacio, pero con buena letra. Hace muy poco hemos mantenido reuniones con las confederaciones de pescadores y con promotores, para poder avanzar de forma conjunta. Estos, al final, deben ser proyectos que, al igual que los proyectos en tierra, maximicen los beneficios. Pronto queremos sacar a audiencia pública la orden para promover los concursos, que es algo importante. Se va a definir cómo serán esos concursos para la eólica off shore en nuestro país. Pero insisto, una de las máximas que estamos buscando es que haya aceptación, que sean proyectos que sean bienvenidos en los territorios.
Con la eólica marina hemos ido despacio, pero con buena letra. Queremos sacar a audiencia pública la orden para promover los concursos y que los proyectos sean pactados
Del sistema eléctrico español se dice que crece la oferta pero no la demanda eléctrica. Hay sectores que deben también electrificarse.
Siempre debe haber un equilibrio entre la generación de energía y la demanda. En España, en 2022 aprobamos la última planificación de la red eléctrica, hasta 2026, y la palanca transformadora fue la integración de las energías renovables. No había prácticamente nueva demanda. Se incorporaba nueva generación renovable, pero de facto no había demandas para nuevos proyectos industriales, proyectos de electrificación de puertos o proyectos de hidrógeno como nuevo vector energético. Ahora, la nueva planificación supone lanzar un cambio de paradigma total. El factor principal que rige esta nueva planificación es precisamente la demanda. Hay un deseo de venir a España, de que la industria que existe se quede y participe de esta descarbonización competitiva a las que se ofrece esos precios más competitivos de la mano de las renovables y, por lo tanto, yo creo que es una señal espectacular, transformadora y muy positiva.
¿Cómo se afronta el alto consumo de los centros de datos?
En el caso de los centros de datos, es algo que también tenemos que poner en su contexto. El Gobierno tienes una estrategia de inteligencia artificial, que fue actualizada el año pasado y en la que se contempla, además, el despliegue de los centros de procesamiento de datos. Se espera que en el año 2030 haya una potencia de computación de aproximadamente 4 GW en términos de potencia eléctrica. Y la propia patronal del sector reafirma como algo ambicioso conseguir esos 4 GW. Pues bien, la situación actual en nuestro país es que ya hay acceso concedido a la red de 12 GW. Es decir, se triplica ese objetivo que se espera conseguir en el año 2030.
Queremos que en los centros de datos se minimicen las externalidades negativas asociadas al consumo de energía, el consumo de agua, que sean los mejores proyectos
Te teme su impacto ambiental.
El Gobierno español lo que ha hecho el pasado mes de agosto, en línea con la estrategia de inteligencia artificial y con la propia normativa europea, es lanzar a información pública un proyecto de real decreto para orientar ese despliegue de los centros de procesamiento de datos a proyectos que sobre todo minimicen las externalidades negativas asociadas al consumo de energía, el consumo de agua. Queremos que sean los mejores proyectos que estén alineados con la normativa europea y con lo que en España queremos ver.
Las compañías eléctricas han presentado su propuesta para hacer inversiones en la red, pero amagan con no hacerlas si no tienen la retribución justa
La remuneración de las actividades de transporte y distribución es competencia de la CNMC [Comisión Nacioal de los Mercados y la Competecia], que está tramitando ahora el nuevo período de planificación hasta 2031. Y lo que ha hecho es poner encima de la mesa una propuesta con una tasa de retribución financiera que incrementa prácticamente el 20% la que existe actualmente. Pasa del 5,58% al 6,68% para este periodo. Nosotros, como ministerio, lo que hicimos es emitir unas orientaciones con dos objetivos. El primero es que a la hora de definir esta tasa de retribución financiera seamos conscientes de que la electrificación y la inversión en redes es algo que está ocurriendo en todas partes del mundo. O sea, es algo que tiene un efecto arrastre y necesitamos que esas inversiones sean suficientemente atractivas para que las empresas quieran hacerlas aquí. Pero a la vez también tenemos que buscar un equilibrio para que nuestra electricidad siga siendo competitiva, porque al final el pago de esas redes lo hacemos todos y cada uno de los consumidores, y las empresas pequeñas y grandes.
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¿Convencerá a las eléctricas?
Nosotros hemos emitido los correspondientes informes en cuanto a la metodología y demás. Pero el Ministerio y el Gobierno de España están haciendo algo muy transformador. Por primera vez, ponemos encima la mesa no solo una nueva planificación muy ambiciosa hasta el 2030, sino que hemos aumentado el nivel de inversión que tienen las redes de distribución en un 62%. Eso significa que, entre transporte y distribución, las empresas van a poder invertir hasta el final de la década 30.000 millones de euros. Por lo cual yo creo que es un incentivo al que las empresas muy difícilmente van a renunciar.
