Mercè Salla, madre catalana en Australia, sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16: “Muchos adolescentes encuentran maneras de esquivarla”
Redes y adolescentes
Mercè Salla y su hijo, Gabriel, que viven desde hace años en la costa este de Queensland, explican cómo se aplica en la práctica la prohibición de redes a menores y qué efectos reales tiene en la vida de los adolescentes
En España, el anuncio de Pedro Sánchez sobre la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años ha abierto un gran debate.
¿Qué ocurre cuando un país decide que un menor de 16 años no debería tener redes sociales? ¿Desaparecen de golpe Instagram, TikTok o Snapchat de la vida de los adolescentes, se enfrían las conversaciones entre amigos o, simplemente, todo sigue igual pero por otros caminos? Mientras en España el anuncio de Pedro Sánchez de impulsar una prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años ha abierto un gran debate, en otros lugares del mundo esa pregunta ya no es teórica, sino parte de la vida cotidiana de miles de familias.
Australia es uno de esos países. Allí, la limitación del acceso a las redes sociales para menores entró en vigor el pasado 10 de diciembre de 2025. La normativa es aún demasiado reciente para medir sus consecuencias de manera concluyente. No se presentó como una solución milagro, pero sí como una línea roja: la de asumir que la protección de los menores en internet no puede recaer únicamente en el control parental ni en la buena voluntad de las plataformas.
La letra pequeña de la prohibición
Así se aplica en la práctica
Desde la costa este del estado de Queensland, Mercè Salla Martret, investigadora y madre de dos hijos, y Gabriel Martínez Salla, de 14 años, han vivido esa transición desde dentro. Su experiencia permite humanizar el debate, alejarlo del eslogan político y observar cómo se aplica realmente una prohibición de este tipo, qué cambia (y qué no) en el día a día de un adolescente y hasta qué punto las normas consiguen frenar o simplemente redirigir el uso de las redes sociales.
En España, la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno pasa por elevar a los 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales, exigir a las plataformas sistemas de verificación de edad más robustos y reforzar su responsabilidad legal ante contenidos dañinos, ilegales o que fomenten conductas adictivas. La iniciativa española se inspira en medidas ya aplicadas o en proceso de implementación en países como Francia o Australia.
En el caso australiano, recuerda Mercè, la medida no llegó de forma abrupta, sino que se habló de ella durante meses, se explicó en las escuelas y se intentó preparar tanto a padres como a hijos para lo que estaba por venir. Aun así, reconoce que la principal duda no estaba tanto en el fondo de la decisión como en su ejecución: “Lo que generaba más incertidumbre no era tanto la prohibición en sí, sino cómo se acabaría implementando en la práctica por parte de las diferentes redes sociales y hasta qué punto el control sería realmente efectivo o no”.
Pensé que perdería el contacto con gente que no tenía WhatsApp, y eso me ponía de mal humor
Para Gabriel, de 14 años, el anuncio tuvo un impacto emocional más inmediato. La idea de no poder usar redes sociales hasta los 16 años le hizo sentirse mal, sobre todo por el miedo a perder contacto con amigos con los que no coincidía a diario, como antiguos compañeros de primaria o del fútbol. “Pensé que era una mala pasada porque no podría continuar hablando con mis amigos y que perdería el contacto con gente que no tenía WhatsApp, y eso me ponía de mal humor”, explica, poniendo palabras a una inquietud compartida por muchos adolescentes.
Ese contexto es clave para entender la experiencia australiana. En Queensland, al menos, los teléfonos móviles están prohibidos en los institutos, lo que hace que las interacciones digitales se concentren fuera del horario escolar y que el móvil no sea una herramienta más dentro del aula. En ese escenario, la prohibición de redes sociales no alteró de forma drástica la rutina académica, aunque sí obligó a los adolescentes a reorganizar sus canales de comunicación.
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Aun así, con el paso de las semanas, y una vez aplicada la norma, Mercè asegura que muchos adolescentes encontraron la manera de reactivar o crear nuevas cuentas en determinadas plataformas. Ajustar la edad del perfil o recurrir a herramientas técnicas se convirtió en una práctica habitual. “Los amigos que tuvieron que salir de las redes se crearon un perfil con una edad dos años más mayor o usaron una VPN para crear la cuenta en un país donde no estaba prohibido”, asegura Gabriel.
La letra pequeña de la prohibición
Sin alteraciones relevantes en el día a día familiar
En el día a día familiar, los cambios no fueron drásticos, explica la investigadora. No detectaron alteraciones relevantes en el estado de ánimo ni en el rendimiento escolar, en parte porque el tiempo de pantalla ya estaba regulado mediante aplicaciones de control parental. Sí percibieron, en cambio, una reducción de la presión social asociada a la obligación de “estar” presente en determinadas plataformas, una presencia constante que muchos adolescentes viven más como una carga que como una elección libre.
Desde la perspectiva de Mercè, la medida funciona mejor como mensaje colectivo que como prohibición como tal. Marca un límite, refuerza el discurso que muchas familias ya trasladan en casa y deja claro que el entorno digital no es inocuo para los menores. “Ayuda a marcar límites claros y a reforzar el mensaje de que las redes sociales no son espacios neutros ni inocuos para los menores”, señala.
Eso no significa, advierte, que la medida esté exenta de problemas. La prohibición puede generar desigualdades en función del grado de control o implicación de cada familia, una brecha que los propios adolescentes saben detectar y aprovechar: “Muchos encuentran maneras de esquivarla”, asegura Mercè. Además, considera que todavía ha pasado poco tiempo para evaluar sus efectos sociales a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta que muchos menores siguen accediendo a las plataformas por vías alternativas.
Pensando en España, Mercè se muestra partidaria de una iniciativa similar, apoyándose en estudios que cuestionan el impacto positivo de las redes sociales en menores de 16 años, pero insiste en que no puede quedarse solo en una prohibición legal. Para que funcione, sostiene, habría que ofrecer alternativas reales de socialización y comunicación que no estén diseñadas para maximizar la adicción, reducir el uso del teléfono en las escuelas y acompañar la norma con una estrategia educativa más ambiciosa.