La reunión de la Junta de Seguretat de Catalunya celebrada el pasado 5 de diciembre ha provocado un apasionado debate en determinados círculos. Las supuestas novedades sobre la integración de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en el sistema de emergencias CAT112, han generado en un sector del independentismo algunos artículos encendidos denunciando la pérdida de una de las competencias de la Generalitat en materia de seguridad.
Según Josep Lluís Alay, director de la Oficina del presidente Puigdemont, “las pocas competencias autonómicas catalanas de seguridad se van al garete”. La periodista Pilar Rahola publicaba un artículo en El Nacional titulado “Picoleto al teléfono”, como si a partir de ahora, cuando un ciudadano llame al 112 quien tenga que responder desde el otro lado sea un guardia civil. Rahola sitúa el acuerdo de la Junta de Seguretat dentro del “persistente desmontaje de nuestra soberanía” y como parte de la “desnacionalización de Catalunya”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Seguridad de Cataluña, en el Palau de la Generalitat, a 5 de diciembre de 2024.
Cabe aclarar que el acuerdo del 5 de diciembre en el marco de una Junta de Seguretat carente de contenidos destacables nada cambia en relación con el funcionamiento actual del 112. El sistema ya remite a Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía los mensajes que afectan a sus escasas competencias en Catalunya: la única diferencia es que lo que hasta ahora se derivaba vía telefónica ahora podrá hacerse por vía telemática. Los avisos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado representan una ínfima cantidad de los enviados a Mossos d'Esquadra, Bombers y Servei d'Emergències Mèdiques (SEM): no llegan ni siquiera al 1% del total. Ni Catalunya ha perdido ninguna competencia ni los policías del Estado responderán a las llamadas del 112.
Algunos independentistas exaltados, antes de tocar a rebato, deberían saber que el acuerdo de remitir avisos del 112 a Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía se adoptó en la Junta de Seguretat de Catalunya de septiembre de 2018, cuando Quim Torra era presidente de la Generalitat; y Miquel Buch, consejero de Interior, ambos de Junts. Aquella Junta ya decidió crear un grupo de trabajo Generalitat-Ministerio del Interior para hacerlo posible técnicamente. Otra cosa es que el ministro Grande-Marlaska haya querido ahora vender humo para apaciguar las protestas de los sindicatos policiales. Cuando el ministro afirmó de forma solemne que “a partir de las 0.00 horas del día siguiente” los cuerpos policiales del Estado se integraban en el 112 estaba protagonizando una perfomance, una actuación, vacía de contenido.
Los que ahora consideran el 112 como una herramienta de la soberanía nacional puesta en peligro harían bien en recordar algunos episodios anteriores que afectaron a este servicio. Cuando en 2010 el conseller Joan Saura puso en funcionamiento un moderno e innovador Centro 112 en Reus, CiU y el PP tildaron las nuevas instalaciones de “obra faraónica”. Posteriormente, la Generalitat decidió privatizar la gestión del 112, y, en 2017, el gobierno de Carles Puigdemont adjudicó la externalización a la empresa de Valladolid, Grupo Norte, que en 2021 entró en concurso de acreedores. El servicio terminaría en manos de la empresa de Madrid, Ferrovial. El proceso llevó al 112, según los sindicatos, a una situación crítica, provocando un conflicto que todavía se arrastra.
Unas competencias que no han llegado
Lo que realmente es importante y preocupante de la última Junta de Seguretat es lo que no se ha acordado. Todo estaba listo para aplicar unos acuerdos largamente trabajados y que se hubieran tenido que materializar en la Junta de Seguretat prevista para el pasado mes de mayo. La avanzada convocatoria de elecciones por parte del presidente Aragonés, convenientemente aprovechada por el ministro Grande-Marlaska, impidió su celebración. Se trataba de transferir a los Mossos d'Esquadra las competencias de orden público y seguridad en puertos y aeropuertos. Pero la publicación por parte de La Vanguardia de los acuerdos previstos provocó una tormenta en el Ministerio del Interior y, una vez más, Grande-Marlaska cedió a las presiones de unos sindicatos policiales cada vez más sesgados hacia la derecha. De nuevo, el País Vasco ha pasado por delante de Catalunya y su Junta de Seguretat acordó el pasado mes de julio que sea la Ertzaintza quien ejerza estas funciones. Cuando se habla de mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales parece extraño que no se quiera aplicar este principio a los puertos catalanes: ¿cómo argumentar que los Mossos como policía integral de las ciudades que disponen de puerto no puedan investigar los delitos cometidos en estas zonas?
También se preveía la sustitución del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil por la Unitat de Medi Ambient de los Mossos d'Esquadra y por los Agents Rurals, más allá que estos dos cuerpos puedan investigar los delitos e ilícitos administrativos. Según el Estatut de 2006, corresponde a la Generalitat “el cumplimiento de las disposiciones para la conservación de la naturaleza, del medio ambiente y de los recursos hidrológicos”, y la competencia exclusiva en espacios naturales, cuencas hidrográficas internas, pesca fluvial y marítima, caza y temas forestales Es intolerable que el ministro Grande-Marlaska declarara al terminar la Junta de Seguridad que el SEPRONA no abandonará Catalunya, menospreciando la legislación vigente. Tiene sólo una parte de razón la consellera Núria Parlón cuando advierte que es necesario disponer de los efectivos suficientes para ejercer de forma correcta estas funciones; también se trata de tener voluntad política por asumirlas. Gobernar Catalunya comporta saber hacer frente al Gobierno central cuando toca, aunque sea del mismo color político. Quizás estaría bien que el presidente Illa, además de citar al presidente Maragall, adoptara sus actitudes en defensa del autogobierno.
Las competencias hoy en litigio fueron reclamadas por el Parlament en la Resolució aprobada durante el Ple monogràfic sobre la Seguretat celebrado hace un año, en noviembre de 2023. El incremento del autogobierno y, en concreto, de las competencias en seguridad, no es una reivindicación sólo del independentismo oficial: es una cuestión de país que afecta al desarrollo del modelo de seguridad que en los años ochenta definieron CiU, PSUC, ERC y PSC; un modelo concretado posteriormente en el Estatut de 2006 aprobado en referéndum por el pueblo catalán.