Semana crucial. Semana clave. Semana decisiva. Tales expresiones, formuladas así o con enunciados semejantes, son moneda corriente en la política española, marcada por una fragmentación parlamentaria que obliga a constantes negociaciones entre fuerzas con intereses divergentes. Tanta reiteración resta verosimilitud a las mencionadas expresiones, puesto que el momento que verdaderamente marca un antes y un después es, por definición, singular. Y, sin embargo, la sucesión de momentos clave en la política española es constante y diríase que infinita.
También la semana que hoy empieza se nos presenta como decisiva. En esta ocasión, porque el Parlamento español admitirá, o no, el próximo jueves a trámite una proposición no de ley con la que Junts pretende forzar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a someterse a una cuestión de confianza. Los efectos de esta proposición, en caso de ser tramitada, serían probablemente más simbólicos que prácticos. Pero los neoconvergentes esgrimen su admisión como una condición irrenunciable para proseguir sus conversaciones con los socialistas. En el trasfondo de esta decisión está su queja por el modo en que, a su criterio, el PSOE ha incumplido algunos de los compromisos políticos que previamente ha suscrito con ellos a cambio de apoyos parlamentarios. Estos apoyos, vienen a decir, se han prestado ya, pero la contrapartida todavía no ha llegado tal y como fue acordada.
El Parlamento decidirá el jueves si Sánchez se somete a una cuestión de confianza o no
Los socialistas dirigen el Gobierno central y el de la Generalitat, pero tanto los presupuestos de España como los de Catalunya para el año recién empezado están todavía en aire, porque los partidos que respaldaron la investidura de Sánchez no están dispuestos a mantener su apoyo sin ver sus peticiones satisfechas. Las cuentas estatales y las de nuestra comunidad son los temas de fondo en las negociaciones que mantienen los socialistas con Junts, por un lado, y con ERC, por otro. Pero no son los únicos que están sobre la mesa.
La lista es, en este sentido, larga. Los temas económicos como la quita del 20% de la deuda de la Generalitat al Fondo de Liquidez Autonómica figuran entre los más relevantes. Pero no cabe olvidar otros, por ejemplo infraestructurales, como sería el traspaso efectivo del servicio de Rodalíes o la completa ejecución de las inversiones públicas estatales en nuestra comunidad (algo que no ocurre). U otros de claro componente político y social, como el traspaso de competencias en materia de inmigración.
Los pactos no satisfechos acaban convirtiéndose en obstáculos para la buena marcha del país
Es fácil entender que Junts, con un limitado poder en otras instituciones políticas, utilice sus siete escaños del Congreso de los Diputados como una palanca para mover sus intereses. Y se entiende también que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga más prisa por hacer concesiones a sus interlocutores a cambio de apoyos inaplazables que por sustanciar luego esas concesiones. Ahora bien, esto último es algo difícilmente admisible. Los acuerdos no se alcanzan para dilatar su ejecución, sino para cumplirlos. Este principio debería regir en cualquier ámbito vital, incluido, obviamente, el político.
Dicho lo cual, ni unos ni otros deberían propiciar, como vienen haciendo, a negociaciones que se alargan durante meses y años con muy escaso fruto. Y, naturalmente, tampoco deberían olvidar jamás que de sus decisiones depende la gestión de la cosa pública, y que todos ellos ocupan la arena política, además de para defender sus ideas, su orgullo y su posición, para velar por el interés de los ciudadanos, porque solo así se harán dignos de su voto. Por decirlo de un modo llano y transparente: la no aprobación de los presupuestos de la Generalitat supondría una mengua en la inversión pública de alrededor de 4.000 millones de euros, hipótesis indeseable y difícilmente justificable. Este dato debería ilustrarnos de modo concluyente sobre el coste que puede reportar una pugna política mal orientada y, en particular, el incumplimiento de la palabra dada por un partido a otro.
El día en que nuestra política funcione con más formalidad, en que los regateos sobre el compromiso adquirido dejen de ser algo habitual, habremos logrado un gran avance. De paso, empezaremos quizás a salir del bucle de las semanas decisivas o clave o de infarto, en las que la buena marcha del año se arriesga en negociaciones de última hora. Los acuerdos políticos, decíamos, deben cumplirse. Cuanto antes, mejor.