En España hay alrededor de cien mil personas que viven sin poder salir de casa, prisioneras en su propio domicilio. Se trata de ciudadanos que, debido a su discapacidad, a su condición de dependientes, a la falta de ascensores en las fincas donde habitan, etcétera, no pueden acceder a la calle y deben permanecer de modo continuo en su residencia. Esta es una de las lacerantes realidades que pretende corregir el anteproyecto de reforma de la ley de Dependencia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, cuya entrada en vigor no será efectiva hasta que su tramitación parlamentaria se resuelva favorablemente.
La mencionada ley de Dependencia fue aprobada en diciembre del 2006, con el propósito, según se recoge en su exposición de motivos, de atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyo para desarrollar las actividades de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer sus derechos de ciudadanía.
En los dieciocho años que lleva en vigor, dicha norma ha reportado progresos para las personas que se han podido acoger a ella. Pero también ha revelado sus limitaciones, a menudo relacionadas con la insuficiencia de los recursos públicos destinados a dar una vida mejor y más igualitaria a los dependientes. De ahí la pertinencia del anteproyecto aprobado ayer, entre cuyos objetivos se cuentan eliminar las incompatibilidades de prestaciones (y, en consecuencia, poder compaginar, por ejemplo la asistencia a domicilio y la atención en un centro de día), garantizar la accesibilidad a la vivienda (para entrar o salir de ella sin impedimentos, a veces insalvables) y ofrecer una protección reforzada a mujeres y niñas con discapacidad.
El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto para reformar la ley de Dependencia
El anteproyecto, presentado ayer por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, hace hincapié, como se apuntaba, en la voluntad de eliminar el régimen de incompatibilidades que fue instaurado por el Gobierno del PP en el 2013, al objeto de ampliar la atención que pueden recibir los discapacitados. En el capítulo de accesibilidad a la vivienda, y con el deseo de evitar el confinamiento de quienes tienen problemas de movilidad, se trata de establecer mecanismos para agilizar las reformas en fincas urbanas, también en espacios públicos, que permitan superar estas limitaciones. Y en el capítulo destinado a mujeres y niñas discapacitadas se persigue su especial protección, con acento en los enfoques de inclusión y género.
Las reformas contenidas en este anteproyecto son más que oportunas. Añadir al serio contratiempo que supone padecer una discapacidad la condena de exclusión social es un despropósito y una crueldad. Pero, en política, la toma de decisiones, incluidas las que están en el buen camino, se queda en poca cosa si no recibe los medios necesarios para que logre un desarrollo palpable. La realidad cotidiana de los dependientes continúa siendo muy dura. Así lo atestiguan las cifras, que nos hablan de listas con más de 270.000 personas que han cursado sus peticiones de ayuda y siguen sin recibirla, y de periodos de casi un año (334 días) para acceder a tales ayudas. Estos precedentes no invitan a un gran optimismo. Es probable que la financiación necesaria para dotar el anteproyecto de ley que nos ocupa, si finalmente recibe luz verde en el Congreso de los Diputados, no sea sencilla.
Esto es así porque los recursos públicos son limitados, porque el régimen de sanciones anunciado para incrementarlos probablemente no llene de manera suficiente las arcas públicas, y porque el número de dependientes, dada la evolución de la pirámide de edad, en la que pesa el envejecimiento de la población, puede seguir produciendo efectos preocupantes. Ayer conocimos un dato que ilustra lo dicho: en Catalunya 116 centros escolares están en peligro por el descenso de la natalidad y la consiguiente baja en el índice de ocupación de sus plazas, según documenta un estudio realizado por la Fundació Bofill.
Sin la financiación adecuada, la iniciativa podría tener un recorrido limitado
Los problemas para financiar mejoras en la vida de los dependientes están ahí. Pero el compromiso de la sociedad con ellos no puede decaer, por una cuestión de elemental solidaridad humana y, también, porque España se debe a su compromiso con la convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que suscribió en el 2008, dos años después de su promulgación.