Las escuelas siempre reflejan, de manera muy rápida y clara, lo que sea que esté pasando en la sociedad. Ahora mismo acusan de entrada que hay menos niños, de manera que el curso que viene empieza con casi 31.000 alumnos menos que el anterior en Catalunya. Pero también se notan otras cosas, como la crisis de la vivienda. La llamada “matrícula viva”, la que se produce ya empezado el curso, cuando hay que buscar escuela a un niño que acaba de llegar a un barrio, ya no viene motivada solo por los flujos migratorios, también porque hay cada vez más familias que pierden su casa y tienen que buscarse la vida (y el colegio) en otro lugar. Solo entre septiembre y enero de este mismo curso, 12.000 alumnos han llegado de nuevas a las escuelas catalanas.
No todos los colegios se adaptan igual a los cambios, claro. Siempre es la red pública la que se ocupa de lo complejo de manera desproporcionada, mientras que la concertada hace ver que seguimos en 1993, el año en que se implantó la última reforma de conciertos. O peor, en 1985, cuando el gobierno de Felipe González se inventó la figura del colegio concertado.
El curso que viene empezará con 83 aulas menos en Catalunya, para adaptarse a la bajada de la natalidad, y 81 de ellas desaparecerán de la escuela pública, porque la Generalitat no puede obligar a los concertados a reducir su oferta antes de la inscripción. En muchas aulas de I3 habrá una ratio baja, de unos 18 alumnos o menos, pero en la Secundaria es imposible esponjar los grupos porque no hay medios ni suficientes aulas. Lo de la matrícula viva crea, además, un círculo vicioso: se acaba concentrando en centros que han inscrito a pocos alumnos porque se veían poco deseables.
Cada vez más familias pierden su casa y tienen que buscarse la vida (y el colegio) en otro lugar
Que haya menos niños es en realidad una oportunidad histórica para replantear todo el sistema educativo y ajustarlo a la realidad de esta década, empezando por el necesario desconcierto de muchos centros que ni siquiera se ajustan a la normativa. Pero para eso haría falta un Govern que quisiera meterse en un lío que legislatura tras legislatura se va aplazando porque tiene unos riesgos políticos evidentes.
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Es hasta cierto punto comprensible que las familias que estos días van a las puertas abiertas de los centros para buscar colegio o instituto a sus hijos, cada vez más escasos y raros, no tengan esto en la cabeza –y eso que escoger escuela es uno de los actos políticos más relevantes que hace un ciudadano a lo largo de su vida–. En las sesiones preguntarán si la criatura de tres años puede empezar el curso con pañal o si los de doce que empiezan la ESO pueden llevar su táper al comedor. La mayoría no estará pensando en las particularidades de la Lomloe ni en la desigualdad estructural. Sin embargo, está todo ahí, a la vista de quien quiera verlo. Se manifiesta, para empezar, en los centros concertados que preparan seductores packs de bienvenida y que despliegan todos sus encantos para recibir a sus futuros clientes. En esos dossiers impresos en papel bueno no siempre figura la cifra mágica, la de la cuota ilegal que siguen cobrando y que perpetúa unos desequilibrios que hace tiempo que no podemos permitirnos.