Casi seis meses después de la trágica dana que causó 228 muertos en Valencia quedan aún pendientes de resolver muchas dudas sobre la gestión realizada por la Generalitat Valenciana, máxima responsable del manejo de la crisis, por los responsables autonómicos de Emergencias y por el papel jugado por agencias como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la difusión de información de lo que acontecía en los cauces. Pero tras las declaraciones ante la juez como investigados de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, es razonable concluir que la respuesta del ejecutivo autonómico fue tardía en la prevención de un fenómeno que se venía anunciando días antes del 29 de octubre.
Que el Cecopi, máximo órgano de Emergencias cuyo mando único recaía en Pradas, se convocara a las 17 h. de esa jornada condicionó probablemente que, como señalaba ayer la juez instructora en otro auto, no se gestionaran adecuadamente los recursos para alertar a la población –la juez habla de la “manifiesta pasividad de la Administración autonómica, que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente”–.
Valga recordar que el Ayuntamiento de València convocó su “cecopi” (denominado Cecopal) a las 10 de la mañana de ese mismo día, y que la Universitat de València (UV) optó por suspender las clases un día antes con la misma información que tenía la Generalitat Valenciana.
La juez dice que no se gestionaron de forma acertada los recursos para alertar a la población
Los errores cometidos por los responsables autonómicos parecen evidentes, por mucho que se excusen en que no se tenía suficiente información de la Aemet o de la CHJ. Un director general de la Generalitat ha reconocido ante la jueza en un escrito que era responsabilidad del Cecopi vigilar la situación de los cauces y barrancos como el del Poyo; vigilancia que sorprendentemente no se mantuvo durante toda la jornada tras ver hacia el mediodía que el caudal bajaba de nivel.
Tampoco parece normal que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que también declaró el lunes ante la magistrada, reconociera que se enteró de lo que estaba sucediendo en el barranco que provocó la mayoría de las muertes tras hablar con la alcaldesa de Paiporta, pasadas las 19 horas.
Es, como mínimo, sorprendente que la CHJ, responsable también de la vigilancia de las cuencas, no mantuviera tampoco una vigilancia presencial e informara al minuto a la representante del Gobierno. La Confederación remitió un email alertando del aumento del caudal a las 18.43, cuando ya el agua se había desbordado. Además, su presidente, Miguel Polo, que mantiene un sospechoso silencio, formaba parte del Cecopi y en ningún momento verbalizó lo que estaba sucediendo en Valencia. En ningún momento, como han reconocido todos y todas ante la juez, el Cecopi prestó atención al barranco del Poyo, y todo se centró en vigilar la presa de Forata ante el riesgo de rotura. La alerta ES-Alert que se mandó a las 20.11 fue, justamente, por Forata, no por el Poyo, cuando ya había centenares de muertos.
Los valencianos merecen saber toda la verdad de qué decisiones se adoptaron y quiénes las tomaron
Sobre aquella jornada queda la duda de la coordinación. Pradas ha entregado a la jueza el listado de llamadas, con acta notarial. En el mismo se verifica que en momentos claves de la crisis no pudo contactar con Carlos Mazón: uno de esos instantes justo después de hablar con Bernabé, que le alertó de la catástrofe en Paiporta. Es extraño que el president no hablara con Pradas desde antes de la comida que mantuvo con una periodista hasta las 17.37, más de media hora después de convocarse el Cecopi. Además, la exconsellera mantuvo una breve conversación con Mazón a las 20.10, un minuto antes de lanzarse la alerta a la población.
El president ha negado que en esa llamada él diera ninguna instrucción para difundir la ES-Alert, pero no se entiende que no hablara de esa llamada cuando narró las que hizo esa tarde en una conferencia hace unas semanas en Madrid. Ayer, la izquierda recurrió a unas declaraciones del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en un programa televisivopara afirmar que Mazón dio la última opinión sobre esa alerta, lo que le vincularía con el proceso de decisión que está investigando la jueza. El propio Mompó lo negó posteriormente en la red X.
Faltan pocos días para que se cumplan seis meses de la peor tragedia conocida en las últimas décadas en España y la instrucción judicial sigue. Los valencianos se merecen saber toda la verdad de las decisiones que se adoptaron y quiénes las adoptó pues, como señala la instructora, la lentitud de la respuesta fue una de las causas de que muchas vidas no se pudieran salvar. Todos los implicados, comenzando por el president, deben ser más transparentes y no esperar a que sean los testigos o las pruebas los que puedan poner en evidencia lo que hasta ahora han sido los relatos oficiales.