Una de las cosas que llaman más la atención, al regresar a España después de vivir durante unos años en el extranjero, es el problema que tenemos con la ocupación de viviendas particulares. Las dificultades con la vivienda son comunes en toda Europa, aunque en muchos lugares no sean tan acusadas como en Barcelona, y ocupas existen en todas partes. Pero que yo sepa, en ningún lugar de Europa encuentran tantas facilidades como aquí, con la excepción quizá de Portugal.
Soy consciente de que, con los números en la mano, el asunto no tiene la magnitud que a veces se dice. Recuerdo bien los datos que leímos en los periódicos no hace mucho: según el Ministerio del Interior, de los 27 millones de casas que hay en España, el año pasado solo fueron ocupadas 16.400, de las que solo 2.300 estaban habitadas o eran segundas residencias. De esto se desprende que el asunto afecta a un tanto por ciento ínfimo de viviendas.
Sin embargo, este pequeño tanto por ciento se va acumulando desde hace años y la cuestión sale regularmente en las conversaciones entre amigos y en las reuniones familiares, siempre con un grado de alarma y estupor. Alarma porque la lotería puede tocarle a cualquiera y porque todo el mundo conoce casos más o menos cercanos. Y estupor, porque cuesta entender que una casa pueda ser ocupada por las buenas por alguien que no tiene ningún derecho a ello y que luego resulte tan difícil echarle.
Es posible que estadísticamente el problema sea pequeño, pero políticamente es tóxico
Como es lógico, la alarma y el estupor son máximos entre las personas que piensan que el derecho de propiedad es sagrado y que no debe estar limitado por el derecho de los demás a una vivienda digna. Además, gravitan en especial sobre las personas de cierta edad, que por regla general son las que tienen viviendas y pueden resultar perjudicadas. Pero también son compartidos, en un grado menor, por quienes, con una mentalidad más abierta, piensan que hay que ser comprensivos con las personas que no pueden pagar los alquileres actuales; y también por los jóvenes que no tienen vivienda en propiedad y que se asombran de que con un poco de cara dura y de audacia sea posible ocupar un piso y hacerse fuerte en él durante un tiempo indefinido.
Conversando con amigos que entienden del asunto más que yo, he intentado desentrañar las razones por las que es tan difícil echar a los ocupas y no he acabado de sacar nada en claro. ¿Es debido a un exceso de garantismo de la legislación vigente? ¿Es por las diferencias de criterio entre los partidos que forman la coalición del Gobierno? ¿Por falta de coherencia entre la legislación nacional, la autonómica y la local? ¿Porque los problemas de la vivienda son tan acusados que ningún político quiere hacerse responsable de un desahucio? ¿Por la lentitud de la justicia? ¿Por falta de voluntad política? Incluso leí una divertida novela protagonizada por ocupas –Lectura fácil, de Cristina Morales– donde se explican bien los trucos que utilizan. Me fue útil para ver las cosas desde su punto de vista, no para aclarar la inacción de las autoridades.
El sentido de propiedad lo llevamos todos muy adentro. Cualquiera que haya visto jugar a niños de dos o tres años o que haya seguido un pleito de lindes entre vecinos lo sabe. Por eso, no consigo entender en modo alguno por qué el Gobierno de Pedro Sánchez regala esta baza a la oposición. La legislación vigente parece redactada a medias por los fabricantes de alarmas, que se deben de estar haciendo de oro, y por unos infiltrados del PP o de Vox que quieren poner en evidencia la debilidad y las contradicciones del Gobierno, con el asesoramiento de algún discípulo aventajado de Kafka.
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Es una legislación diseñada para atar las manos de las autoridades y dejarlas en ridículo, para alimentar los temores de los propietarios, jugadores involuntarios de esta siniestra ruleta. ¿Qué tipo de gobierno y de leyes tenemos que son incapaces de hacer respetar un derecho tan básico como la propiedad de la vivienda?
Hay que proteger a los colectivos más vulnerables, sin duda, y una manera de hacerlo es proporcionándoles una vivienda digna. Pero es necesario protegerles de acuerdo con un procedimiento regulado por la ley y con cargo al presupuesto público, no con cargo a los pobres particulares que tienen la mala suerte de que unos ocupas se les metan en casa. ¿Qué tipo de protección es esta que, por no dejar en la calle a unas personas que ocupan casas que no son suyas, a menudo con la intermediación de mafias que han convertido la ocupación en un jugoso negocio, deja desprotegidos a los propietarios legítimos, obligados a emprender un sinfín de acciones legales para resolver –o intentarlo– un problema que la policía y la justicia deberían solucionar en cuestión de horas?
No se entiende. Es posible que, estadísticamente, el problema sea pequeño. Pero políticamente es tóxico. Un gobierno de izquierdas ¿no debería ser el más interesado en evitar que se le pueda acusar de desatender una de las obligaciones más inmediatas de la autoridad, que es la de proteger la propiedad privada? Si el poder concedido por los ciudadanos en las urnas no sirve para hacer respetar un derecho tan básico, ¿para qué sirve? Luego nos sorprendemos de que la gente apueste por partidos populistas.