El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo ayer a los
micrófonos de Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, que pondría las manos en el fuego por la honorabilidad del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en relación con el caso Koldo. El Gobierno y el PSOE han tenido que salir a defender la honorabilidad del número tres del partido como respuesta a un supuesto “informe no terminado” de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha sido filtrado a diversos medios. Al parecer, Cerdán se habría beneficiado de “un Audi y un Volvo” de la trama urdida por el empresario Víctor de Aldama. El político navarro salió a desmentirlo en La Sexta y dijo que si alguien encontrase los coches “se los regalaba”.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños .
Hasta ahora, muchos de los informes elaborados por la UCO en esta investigación llegaban a los medios de comunicación al mismo tiempo que al juez Leopoldo Puente, que se encarga del caso, lo que no deja de ser una anomalía del sistema. La novedad de la jornada de ayer es que su contenido se ha filtrado incluso antes de llegar a la autoridad judicial y a pesar de que no parece que el informe esté aún terminado.
Como suele ser habitual, estas filtraciones no tienen padre ni
madre, pero son utilizadas políticamente por la oposición para
erosionar al adversario. El portavoz del PP, Miguel Tellado, aconsejó ayer a Cerdán que convocara una rueda de prensa para desmentir la noticia (¿?). El problema de estas filtraciones se produce cuando hay errores de peso, como cuando la UCO, en un informe de marzo pasado, se equivocó gravemente sobre el patrimonio que supuestamente tenía el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
La unidad de la Guardia Civil tuvo que hacer un escrito al juez
para rectificar una parte de su informe y aclarar que confundió
pesos colombianos con el símbolo del dólar americano y por eso
se calculó que la compra de la parcela en Colombia había costado 2,1 millones de euros, cuando en realidad le costó a Ábalos 751 euros, en el año 2003.
Pero claro, si la operación Catalunya nunca ha existido, ¿quién se va a preocupar ahora sobre la calidad de los informes de la UCO y de quien está detrás de sus filtraciones?
