Ayer se dio a conocer un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre la gestión del Departament de Drets Socials, en particular sobre la de la ya extinta dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). La conclusión de dicho informe es demoledora: durante el periodo 2016-2024, “el volumen de importes pagados indebidamente es de al menos 167,56 millones de euros”, de los que 7,17 millones son ya irrecuperables.
Llueve sobre mojado, aunque esta vez con renovada intensidad. La información conocida ayer se suma a las difundidas en los últimos días de mayo, entre las que destacaron dos: las presuntas irregularidades asociadas a la contratación de servicios de la DGAIA y la investigación judicial de una red de pederastia, en cuyas garras cayó una menor tutelada, que fue reiteradamente violada. Es difícil imaginar otro supuesto en el que un ente público, en este caso uno creado para proteger a menores abocados a la indefensión, fracase de manera más estrepitosa.
La gravedad de estos episodios aconsejó al Departament de Drets Socials hacer tábula rasa, al menos a nivel institucional, crear la dirección general de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) y así tratar de refundar el sistema público de tutela de menores en Catalunya.
La Sindicatura de Comptes atribuye a Drets Socials irregularidades por más de 167 millones
Pero, a veces, no basta con un cambio de nombre. Una herida no cicatriza como es debido si previamente no se limpia y se sana, por más doloroso que pueda resultar este proceso. Los pagos indebidos de la DGAIA a jóvenes que ya no reunían las condiciones requeridas para beneficiarse de ellos se produjeron durante presidencias de la Generalitat ocupadas por representantes de Junts y de ERC, en un período de ocho años en el que se sucedieron hasta cuatro consellers de Drets Socials. Probablemente, estos ex cargos públicos podrían ofrecer alguna información de interés sobre las razones por las que se produjeron los mencionados fallos.
Entre los detalles conocidos ayer está que las prestaciones ahora fiscalizadas y consideradas irregulares dependen de recursos informáticos que la Generalitat externalizó tiempo atrás, lo que dificultó el control de los procesos de ayuda. También ayer, la actual consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, manifestó durante una comparecencia en el Parlament de Catalunya que será difícil evitar irregularidades similares en el futuro si la Generalitat no se dota de un sistema digital determinado. Dicho en otras palabras, no se dispone, según se infiere de lo dicho por la consellera, de los recursos pertinentes para evitar nuevas irregularidades.
Admitir este tipo de deficiencias constituye un primer paso en la dirección correcta. Pero garantizar una gestión sin tacha es algo más complejo, aunque de todo punto irrenunciable. Son muchos los errores cometidos. Son ya numerosos los reconocimientos de gestión defectuosa. Además, según denuncia la Sindicatura de Comptes, “no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos, ni se difunden resultados vinculados a las actividades”. Las cosas no pueden continuar así.
Generalitat y la nueva DGPPIA deben fiscalizar mucho mejor la gestión de los recursos públicos
No ponemos en cuestión el sistema de ayudas a quienes las necesitan. Pero sí exigimos una gestión irreprochable de estas políticas y de los recursos públicos que precisan. No solo porque esa sea la obligación de los funcionarios, públicos o subcontratados, que trabajan en este sector. También, y de modo muy principal, porque es inaceptable, en una coyuntura en la que son muchas las personas necesitadas de auxilio, que otras que ya tienen trabajo y que disfrutan de una situación estabilizada se hagan con ayudas de las que, strictu sensu, podrían prescindir, o para las que no son los candidatos más cualificados.
La Generalitat, la Conselleria de Drets Socials y la DGPPIA son las instituciones más interesadas en esclarecer esta cadena de irregularidades, que mina la confianza popular al desvelar el mal uso de los recursos públicos. Por tanto, deben ser las que se sitúen al frente de la lucha contra tales irregularidades. Lo mejor que pueden hacer a tal fin es depurar responsabilidades, revisar procedimientos (por ejemplo, cediendo a los jueces la potestad para retirar tutelas a los padres, ahora reservada a funcionarios), respaldar a quienes denuncian incorrecciones (en lugar de tratar de disuadirles), dotarse de los medios imprescindibles y apostar por una transparencia que, hasta la fecha, ha sido más que insuficiente.