A pesar de haber firmado el acuerdo del miércoles, Pedro Sánchez se ha reafirmado en su decisión de gastar en defensa solo un 2,1% del PIB, cifra considerada insuficiente por el secretario general de la OTAN para alcanzar los objetivos de capacidades establecidos por la Alianza Atlántica. Ante la actitud sanchista, el presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles del 40% a las importaciones españolas, lo que es pésimo para la economía y el empleo. Dicho esto, la postura adoptada por Sánchez es contraria a los intereses de las Españas, debilita de manera sustancial su imagen y credibilidad internacional y puede tener repercusiones muy negativas en el corto, medio y largo plazo.
De entrada, el panorama de seguridad global ha experimentado una transformación radical. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desmantelado décadas de relativa estabilidad, ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las fronteras europeas y ha hecho reemerger el fantasma de las agresiones interestatales. El conflicto ruso-ucraniano, sumado a la persistencia de amenazas como el terrorismo transnacional, la creciente sofisticación de los ciberataques, la desinformación y la inestabilidad en regiones adyacentes a Europa (Sahel, Oriente Medio), ha redefinido el escenario geopolítico y, por tanto, las prioridades en materia de seguridad estatal y colectiva.
En este escenario, el objetivo de gasto en defensa de las Españas es exiguo y no solo porque queda por debajo del deseado por la OTAN. Con su posición geoestratégica en el Mediterráneo, su cercanía al norte de África y su papel en el flanco sur de la Alianza Atlántica, las Españas se enfrentan a desafíos específicos que requieren capacidades de las que ahora se carece e imprescindibles para desplegar una estrategia de defensa-seguridad acorde con la naturaleza de la guerra híbrida. La protección de las fronteras, el control de los espacios aéreos y marítimos, la participación en misiones internacionales para estabilizar regiones cercanas exige un nivel de financiación superior al 2,1% del PIB.
Por otra parte, limitar el gasto en defensa a esa cifra es un ejercicio de irresponsabilidad y de insolidaridad respecto a los demás estados de la OTAN. Conforme al artículo 5 del tratado de Washington, el ataque contra uno de los miembros de la Alianza Atlántica es un ataque contra todos. La efectividad de ese principio exige la cohesión de la organización y ello implica cumplir los acuerdos adoptados y, en este caso, el incremento del gasto en defensa hasta el 5% del PIB.
La negativa del Gobierno Sánchez a hacerlo evidencia su falta de compromiso con la filosofía y los fines de la OTAN y proporciona un poderoso incentivo para que, en caso de tener problemas, los “aliados” se muestren poco animados a acudir en ayuda de las Españas.
Existe un margen extraordinario para incrementar el gasto en defensa sin subir impuestos
Pero ahí no termina la historia. Los ejércitos necesitan modernizarse de forma constante. Esto implica la adquisición de equipamiento de última generación, la inversión en investigación y desarrollo para estar y mantenerse a la vanguardia tecnológica (inteligencia artificial, drones, ciberseguridad, guerra electrónica), y la mejora continua de la formación y capacitación del personal militar. Unas fuerzas armadas bien dotadas son un potente elemento disuasorio, porque reducen la probabilidad de cualquier agresión y garantizan la protección del territorio y de la población.
La dicotomía entre las prioridades sociales y los imperativos de seguridad planteada por la coalición gubernamental que rige las Españas es falsa. Ignora una verdad fundamental: no hay bienestar social duradero sin seguridad. Un Estado incapaz de garantizar esta es vulnerable a la inestabilidad, a la coacción y, en última instancia, a la agresión. La defensa no es un lujo, no es un plato más en el menú presupuestario; es una de las funciones básicas del Estado; es el cimiento sin el cual es imposible vivir en paz y libertad. Es la póliza de seguros que permite dotar a la economía de la estabilidad imprescindible para que crezca y para que el Estado de bienestar pueda sobrevivir.
Por añadidura, situar el gasto en defensa en el 5% del PIB en el 2035 tendría un impacto benéfico sobre el crecimiento y el empleo no solo en el sector de la defensa y de sus industrias auxiliares, sino también produciría externalidades positivas sobre el conjunto de la economía, sus capacidades industriales y tecnológicas, lo que incentivaría la innovación y, en consecuencia, elevaría la productividad y el PIB potencial (según el informe Guns and growth: The economic consequences of surging defense spending del Kiel Institute for the World Economy, de febrero 2025).
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Una estrategia de esa naturaleza ha de verse acompañada de un plan de recorte, revisión y reestructuración del gasto público. Por un lado, una gran parte de él se destina al consumo corriente y a otras partidas sin incidencia alguna sobre el crecimiento, la productividad y la competitividad a largo plazo; por otro, las Españas están entre los estados de la OCDE con mayor ineficiencia del gasto público, solo superada por Italia, Grecia y Portugal. Existe, pues, un margen extraordinario para incrementar el gasto en defensa sin subir impuestos y, a la vez, proceder a una reducción del binomio déficit-deuda.
Las Españas van camino de convertirse en un Estado paria en la escena global como resultado de la actuación de un Gobierno bunkerizado y acosado por su propio comportamiento y hechos, que para sobrevivir a su dramática situación precisa crear y desarrollar enemigos internos y externos.