El miércoles el presidente del Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados un plan de quince medidas de lucha contra la corrupción. Quedó desdibujado entre la fenomenal bronca a la que nos tienen acostumbrados sus señorías. Pero la ciudadanía necesita percibir una voluntad firme de combatir esta lacra que cercena la credibilidad en la clase política y corroe nuestro sistema democrático.
No voy a entrar en un análisis detallado de las medidas, sino que me centraré en dos que a mi entender son vitales para evitar que se repitan casos como el del trío Cerdán, Ábalos, Koldo en el PSOE y el de Bárcenas en el PP. Me refiero a la medida número seis del paquete presentado, referente a la financiación de los partidos, y a la novena, que versa sobre las empresas corruptoras.
Vaya por delante que tanto la Comisión Europea en sus informes, el último publicado el pasado lunes, como el Tribunal de Cuentas, han insistido desde hace años en la necesidad de legislar en estos ámbitos. Pero ha tenido que pasar lo que tiene a Pedro Sánchez en la cuerda floja para que el Gobierno reaccionara.
En el ámbito de la financiación y control económico de los partidos políticos, se prevé exigirles que sometan sus cuentas anuales y las de sus entidades asociadas a auditoría. Se trata de algo que se dejó sin abordar en la reforma legislativa del 2015, a raíz del caso Bárcenas, en un ejercicio de autoindulgencia que no debe repetirse. En la actualidad, la ley obliga a los partidos a remitir sus estados financieros al Tribunal de Cuentas, pero este incurre en retrasos de cuatro años en publicar sus informes. Imaginen que esto sucediera en el sector privado. El PSOE somete voluntariamente sus cuentas a auditoría, pero su auditor es poco conocido; el PP ni eso.
El PSOE y el PP tienen una responsabilidad histórica en la lucha contra la corrupción
Además de hacer obligatoria la auditoría, habría que exigir que la realice una de las firmas más reputadas, a fin de que la independencia del auditor esté fuera de toda duda. Los partidos políticos tienen una repercusión social igual o superior a la de las empresas del Ibex 35. Es preciso que las firmas que los auditen ofrezcan el mismo grado de fiabilidad. Por otra parte, además de verificar la fiabilidad de las cuentas, el alcance de la auditoría debería cubrir el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos en la ley para las donaciones privadas y otros ingresos de los partidos y sus fundaciones.
Convendría añadir dos medidas relativas a los partidos no contempladas en el plan. Una es someter a las fundaciones y entidades vinculadas al mismo régimen de restricciones en las donaciones y aportaciones que se impone a los partidos, ya que la regulación actual es mucho más laxa. La otra, endurecer el sistema sancionador, toda vez que los parlamentarios han sido muy tibios a la hora de imponer sanciones que puedan afectar a sus organizaciones; una medida que hay que considerar es hacerles responsables civiles de las corruptelas incurridas por los políticos de su afiliación.
Lee tambiénLas instituciones, en jaque
En lo que respecta a la actuación empresarial, la propuesta presentada prevé endurecer las sanciones a las empresas corruptoras. Habrá que estar atentos a la regulación concreta en que se traduzca, pues debe tratarse de un régimen eficiente, de aplicación ágil y que no pueda eludirse con formalismos o “puertos seguros”. Acciona ha despedido a quien aparentemente era el responsable directo de los pagos realizados al trío imputado. Pero la percepción pública es que la responsabilidad no debe quedarse ahí. Una empresa que incurra en este tipo de prácticas debería ser objeto de sanciones económicas que resulten disuasorias, como lo es la prohibición de contratación con las administraciones públicas durante plazos de tiempo relevantes, pudiendo aplicarse por vía administrativa, ya que el garantismo asociado a la vía penal suele restarles eficacia.
Los integrantes de la sociedad civil debemos estar atentos y presionar para que lo anunciado no quede en un castillo de fuegos artificiales, ni se diluya en regulaciones descafeinadas. Tanto el PSOE como el PP tienen una responsabilidad histórica en ponerse de acuerdo en esto. Y los partidos que apoyan al Gobierno en presionarles para ello. Si no lo hacen, quedarán todos sumidos en el fangal que lleva a los ciudadanos a optar por soluciones extremas.