El caso Montoro es una bomba en el corazón de la confianza ciudadana en una de las principales instituciones gubernamentales: la Agencia Tributaria. Lo sabido hasta ahora, al margen de cuál vaya a ser el recorrido judicial del caso, estremece. De confirmarse lo que de momento tiene únicamente valor indiciario estaríamos ante uno de los casos de corrupción de consecuencias más graves de las últimas décadas.
Con independencia de los detalles de cada trama, el fondo de la corrupción tiene siempre un esquema de lo más básico: se trata de traicionar el interés general en favor del privativo y personal esquilmando directa o indirectamente el erario. Da igual el modus operandi, pues el resultado siempre será el mismo: serán los ciudadanos honrados quienes compensarán con sus impuestos las mil formas distintas que pueden adoptar los sobrecostes derivados de la corrupción.
En este sentido, la supuesta trama organizada en el Ministerio de Hacienda en la época del ministro Cristóbal Montoro no es diferente, pues remite al mismo objetivo de siempre: robarle al ciudadano aunque sea de forma indirecta. Solo que en este caso, el supuesto saqueo se producía desde el propio Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, los principales motores de vuelo de una democracia liberal avanzada en la que se obliga a todos los ciudadanos a participar en su sostenimiento a través de los impuestos.
La trama Montoro operaba en todos los niveles posibles de corrupción tributaria
La trama Montoro operaba en todos los niveles posibles de corrupción tributaria. Leyes a medida de los lobbies o empresas que pasaban previamente por caja de la consultora fundada por él mismo –banca, juego, energía, etcétera–, aprovechamiento de la información fiscal de determinados contribuyentes –personas físicas o jurídicas– para ayudarles o perjudicarles discrecionalmente, y acceso privilegiado a determinados expedientes para, previa modificación si resultaba conveniente, ayudar a aliviar la presión judicial a la que venía sometido el PP por otros casos de corrupción.
Todo un tres en uno que, caso de confirmarse, permitiría afirmar que Cristóbal Montoro hizo de su ámbito de competencia ministerial un cortijo para uso y disfrute de él, de sus colaboradores y socios, y también de su partido. Un escenario realmente grotesco que asimilaría el funcionamiento de la Agencia Tributaria en su época a la de cualquier república bananera. De tal forma que la primera obligación de un ministro sería enriquecerse él y los suyos, sin dejar de lado los intereses de su formación política para poder seguir drenando lo de todos hacia sus bolsillos durante tanto tiempo como sea posible.
Naturalmente, el caso Montoro tiene su derivada política. Al PSOE le permite apostar por la estrategia del empate con el caso Cerdán-Ábalos. Por el contrario, el PP debe destinar energía y recursos a un frente con el que no contaba. Pues siendo cierto que el partido de Alberto Núñez Feijóo no guarda relación alguna con Cristóbal Montoro y los años en los que este ocupó la cartera de Hacienda, el escándalo es lo suficientemente relevante como para empañar gravemente el dulce momento que vivía esta formación política tras la celebración de su congreso extraordinario. Ahora bien, el hecho de que los dos principales partidos de España compitan en las portadas con asuntos relacionados con la corrupción es, principalmente, un galvanizador del voto radical y antisistema que en estos momentos se embolsa principalmente Vox.
El hecho de que PP y PSOE estén hoy manchados por la corrupción es un galvanizador del voto a Vox
Más allá de las siglas, lo verdaderamente importante es de nuevo la amenaza de quiebra definitiva de la confianza en las instituciones por parte del ciudadano. Descubrir que en plena época de recortes y subida de impuestos, el mismo ministro que exigía a sus ciudadanos que se apretasen el cinturón era capaz de ponerse servilmente al servicio de lobbies y empresas para beneficiarlas a cambio de dinero es un jarro de agua fría difícil de soportar. Como lo es también descubrir que los datos fiscales de los ciudadanos estaban en manos de alguien capaz de utilizarlos a su antojo, como haría cualquier dictadorzuelo de tres al cuarto que no ha de rendir cuentas a nadie.
Será urgente que el Gobierno actual ponga en marcha algún tipo de medida que intente taponar la vía de desconfianza que pueda generar este caso entre los ciudadanos respecto a la Agencia Tributaria. Hacienda seguimos siendo todos. Y por eso es imprescindible que se llegue al fondo de este asunto. Tanto en la dimensión política como en la empresarial y lobbística.