Por primera vez en la democracia española, un fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo de los acusados. El hecho es tan grave que la petición de dimisión que ha hecho inmediatamente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tiene todo el sentido. Es difícil de defender que el jefe de todos los fiscales siga en el cargo a punto de ser acusado y el día del juicio tenga un subordinado suyo actuando para pedir o no su absolución.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Sin embargo, este caso presenta matices también inéditos. La decisión tomada ayer por la sala de apelaciones del Tribunal Supremo de rechazar el recurso del fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue decidida por dos votos a favor y uno en contra. Los dos magistrados que defendieron la instrucción del juez entienden que hay indicios suficientes contra él, mientras que el discrepante pidió el archivo de la causa porque entiende que “no resulta posible atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración”, o sea, el delito. Como hemos ido informando, la causa contra el fiscal general se debe a que se le acusa de haber facilitado a la prensa unos correos electrónicos entre el abogado del empresario Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investigaba por fraude fiscal.
Como bien dice el magistrado que ha quedado en minoría, existe una veintena de personas que tenían acceso a esta información y no existe ninguna prueba que pueda culpar al fiscal general de hacer esta filtración. Existe también el testimonio de los periodistas que divulgaron la información, que exculparon al propio García Ortiz de ser el filtrador.
En conclusión, el fiscal general va a sentarse en el banquillo por las sospechas, sin pruebas, de que fue él quien facilitó la noticia. Se enfrenta a un delito de revelación de secretos, por el que le piden seis años de cárcel. La falta de indicios es lo que lleva al Gobierno a defender su inocencia y no exigir su dimisión.
Es muy posible que García Ortiz tenga razón y sea inocente, pero es muy cuestionable que siga en el cargo en estas circunstancias. A pesar de que hoy por hoy esté acusado sin ninguna prueba clara en su contra.
