Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sentará en el banquillo de acusados. Así lo ha decidido la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que el martes rechazó, por dos votos contra uno, el recurso de García Ortiz relativo a la causa en su contra por la presunta filtración de correos electrónicos cruzados por el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que lo investigaba por fraude fiscal. Por este delito la abogacía del Estado pide para González Amador casi cuatro años de cárcel.
Nunca antes, en la democracia española, una persona que ostenta el cargo de fiscal general se había visto en semejante tesitura. Se trata de un caso con gran potencial lesivo. Para García Ortiz, obviamente, y sobre todo para la credibilidad de las instituciones. No en balde el fiscal general ostenta la jefatura superior y la representación del ministerio fiscal, y este, a su vez, es el órgano encargado de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, además de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.
La sombra de la duda pone ahora en entredicho la idoneidad de García Ortiz y, en opinión de no pocos ciudadanos, le inhabilita para el desempeño de un cargo de tan elevada responsabilidad en la administración de Justicia. En una escena política menos convulsa que la española, desde hace tiempo sacudida por las constantes tácticas de acoso y derribo contra el Gobierno, que buscan afanosamente un refrendo judicial, en ocasiones con insuficiente base probatoria, no estaría fuera de lugar que el fiscal general se apartara del cargo y esperara alejado de él un hipotético fallo favorable que restituyera su honorabilidad. Vería, de este modo, interrumpida su carrera profesional. Pero la institución a la que representa no sufriría entretanto las consecuencias de la mencionada sombra de duda.
El Supremo rechaza la apelación de García Ortiz, que será juzgado por revelación de secretos
Conviene referirse, además de al contexto político, a las peculiaridades de este caso. Empezando por el completo desacuerdo entre los dos magistrados que optaron por rechazar el recurso de García Ortiz y el tercero, que emitió un voto discrepante. Según sostienen los dos primeros, hay indicios suficientes contra el fiscal general. Según el tercero, carece de sentido que su imputación siga adelante, porque “no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”.
Los jueces, en tanto que administradores de justicia, disponen de cierto margen al interpretar las leyes. Los hechos sobre los que se fundamentan sus juicios, por el contrario, deben estar firmemente acreditados. En el caso que nos ocupa, es oportuno recordar que además del fiscal general tuvieron acceso a dichos correos electrónicos, y con anterioridad, una veintena de personas; que algunas de ellas los divulgaron total o parcialmente; y que no ha sido posible demostrar que fuera García Ortiz quien realizó la filtración que está en el origen de la causa. Aun así, se le imputa al fiscal general un delito de revelación de secretos, penado con seis años de cárcel.
La dimensión política de este caso es evidente. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición conservadora, así como el secretario general del PP y su portavoz parlamentaria, coincidieron, al poco de conocerse el rechazo del recurso, en su exigencia de la dimisión inmediata del fiscal general, vinculándolo a lo que Feijóo definió, siguiendo su línea habitual, como la “corrupción sanchista”. Pedro Sánchez, por su parte, expresó su total respaldo al fiscal, sobre cuya inocencia no alberga dudas, y cuyo caso enmarca en la ofensiva judicial del PP. Todo indica por tanto que García Ortiz seguirá de momento ejerciendo su cargo.
Uno de los tres jueces niega la existencia de cualquier indicio para imputar delito al acusado
Los servidores públicos, y con mayor motivo los que ocupan altos cargos, deberían presentar expedientes inmaculados, libres de cualquier sospecha. Con ellos, toda exigencia es poca. Por eso decíamos que no estaría fuera de lugar que el fiscal general se apartara de su puesto, aun sabiéndose inocente. Y por el mismo motivo afirmamos que sería deseable que ese alto nivel de exigencia que ahora se aplica a un cargo de designación gubernamental rigiera también en otros ámbitos no menos relevantes para la buena marcha del país, incluidos el de la oposición y el de la judicatura.