La Generalitat anunció ayer que no podrá iniciar la recaudación del IRPF en Catalunya hasta el 2028, a diferencia de lo acordado por el PSC y ERC, que preveía empezar el próximo año. La causa esgrimida es técnica. Los profesionales de Indra han ultimado un informe en el que queda claro que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) no tiene los medios informáticos ni humanos para poder desplegar esta función. Está previsto que el próximo curso se incorpore a la ATC 400 nuevos funcionarios para reforzarla, pero aún así faltarían otros 700. La plataforma informática para asumir toda la documentación de los impuestos también necesita un tiempo para adaptarse a la nueva situación.
Marta Rovira (ERC) y Lluïsa Moret (PSC) se dan la mano tras la firma del acuerdo para investir presidente a Salvador Illa
Pero la razón principal va mucho más allá del número de funcionarios o de las necesidades tecnológicas. Se trata de tener los permisos legales para poder ejecutar el proyecto. Cuando alguien quiere construir un edificio, necesita antes que nada disponer de la preceptiva licencia de obras. Y, hoy por hoy, la Generalitat carece de ella. La metafórica licencia de obras que Catalunya necesita es el marco legal español que debe ser modificado: la ley de financiación de las comunidades autónomas, la de régimen común y la de cesión de tributos del Estado a Catalunya. Mientras estas tres leyes no se cambien, Catalunya no podrá recaudar los impuestos, ni en el 2026, ni el 2028, ni en el 2050.
El lugar para hacer la reforma es el Congreso de los Diputados, donde está por ver si el PSOE y ERC lograrían consensuar la mayoría suficiente para cambiar las leyes. Y lo que complica todo aún más es saber hasta qué punto la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene la voluntad política de llevar estas modificaciones al Parlamento. Mientras no se aborden estas reformas, el proyecto de nueva financiación para Catalunya es papel mojado. Esquerra tiene intención de presentar por su cuenta estos cambios legislativos y, si no logra aprobarlos, ya ha anunciado que no apoyará los próximos presupuestos de Pedro Sánchez, ni los de Salvador Illa. Por tanto, lo primero de todo es garantizarse la licencia de obras. El resto es puro funambulismo.
