Salvador Illa afirmó ayer desde Shanghai que no entiende cómo puede ser que la amnistía aún no se aplique en España, después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y deja una frase para la reflexión: “En una democracia la última palabra la tienen los ciudadanos y no los jueces”. Si echamos la vista atrás, y recordamos el nacimiento de eso que hemos convenido en llamar procés , llegaremos a la conclusión de que en el origen de todo el conflicto subyacía ya una clara contraposición de poderes. Por un lado, los catalanes votaron una reforma del estatuto de autonomía mediante un referéndum y ese mismo texto fue aprobado mayoritariamente por la voluntad popular del Congreso de los Diputados. Y, por otro, unos jueces del Constitucional –con una mayoría conservadora– interpretaron que aquel texto vulneraba la Carta Magna y empezaron un proceso de poda de la ley que provocó el despliegue del discurso independentista.
Ahora, otra mayoría diferente –progresista– del Constitucional ha avalado con la ley de Amnistía el camino para normalizar la vida política en Catalunya. Pero otros jueces, esta vez del Supremo, se niegan a ello y no dejan que los líderes independentistas, como Carles Puigdemont, puedan volver a Catalunya sin recibir un correctivo penitenciario. Se repite la historia.
En conversaciones que he mantenido con algunos jueces a lo largo de estos últimos años de tanta polémica, éstos se defienden con el argumento que se han visto obligados a jugar un papel que no han buscado. Y que el problema territorial de España debería resolverse en el terreno político y no en el suyo. Sin embargo, a la hora de la verdad, vuelven a tener todo el protagonismo como se ve estos días con la aplicación de la ley de Amnistía.
Es fácil coincidir con aquellos que rechazan esta ley por el uso instrumental que se hizo de ella –Junts apoyó la investidura de Pedro Sánchez a cambio de su aprobación–, pero el espíritu de la norma y sus consecuencias es lo que debería primar. Y hoy Catalunya, mal que les pese a separatistas y separadores, ha recuperado el clima que había antes del procés . Y todavía se normalizará más cuando la ley se aplique al cien por cien. Solo es cuestión de tiempo.
