El periodo 2023-2025 se ha caracterizado por la continuación del proceso de estatización de la economía y de asalto-desmantelamiento a las instituciones de la democracia liberal iniciado hace siete años, y coronado por el descubrimiento de una estructura corrupta incrustada en el corazón del poder. En este contexto, el balance triunfal de su gestión realizado por el líder socialista es una tragicómica ironía y ha de ser analizado con un mínimo detalle.
El incremento del PIB asentado sobre el gasto público, la inmigración y el turismo configura un modelo de crecimiento de baja calidad con niveles de productividad precarios. Esto no es algo casual, sino el resultado de una concepción ideológica incompatible con una economía capaz de crecer de manera sostenida, equilibrada y de elevar el nivel de vida de la población. ¿Por qué?
De entrada, la obsesión gubernamental por controlar cada faceta de la vida económica ha alcanzado niveles alarmantes degenerando en un intervencionismo kafkiano, tan arbitrario como ineficiente, que ahoga la iniciativa privada. Cada decreto, cada nueva normativa ha distorsionado el correcto funcionamiento de los mercados generando una mala asignación de los recursos.
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Con la excusa de la justicia social o la protección a los vulnerables, el gasto público se ha disparado convirtiéndose en una orgía de clientelismo y de derroche, financiada a costa de los contribuyentes. Para sufragarlo se ha desatado una caza de brujas fiscal que estrangula a las clases medias y a las pequeñas y medianas empresas. Cada subida de impuestos es un desincentivo al ahorro, a la inversión y a la creación de empleo. Para más inri, a pesar del brutal aumento de la fiscalidad, la deuda pública se sitúa en niveles alarmantes y se ha transformado en una bomba de relojería que se cierne sobre las futuras generaciones, compromete la sostenibilidad financiera de las Españas y las sitúa en una posición muy vulnerable, sin margen de maniobra ante la emergencia de cualquier shock externo.
La proliferación de subsidios y de rentas mínimas, aunque se venda y muchos lo perciban como una medida humanitaria, encierra una trampa perversa: fomenta la dependencia del Estado y desincentiva la búsqueda activa de empleo. Por ejemplo, la Airef ha señalado que el Ingreso Mínimo Vital disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales (un 12%) y reduce el número de días trabajados en 0,6 días mensuales (un 11%). Se está construyendo un Estado de pobres asistidos en lugar de ciudadanos prósperos, perpetuando la precariedad bajo la falsa apariencia de protección social.
Se construye un Estado de pobres asistidos en lugar de ciudadanos prósperos, perpetuando la precariedad
Los últimos dos años han sido testigos de un insidioso y calculado deterioro de las instituciones fundamentales de la democracia liberal. Se ha emprendido una peligrosa erosión de los contrapesos y equilibrios que sustentan el Estado de Derecho. La politización y el intento de colonización de las instituciones han alcanzado cotas alarmantes y ello socava la confianza ciudadana y deteriora el sistema democrático desde sus cimientos.
La degradación del debate público es otra señal de alarma. El Gobierno ha contribuido activamente a un clima de polarización extrema, demonizando a la oposición y a cualquier voz crítica. La descalificación sistemática, el recurso a la propaganda y la difusión de narrativas divisivas impiden el diálogo constructivo y fracturan la cohesión social. En una democracia liberal, la diversidad de ideas y el respeto al disenso son esenciales; la lógica del “ellos contra nosotros” asfixia el pluralismo y fomenta la intolerancia.
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La seguridad jurídica, pilar fundamental de cualquier sociedad próspera y libre, ha sido sistemáticamente vulnerada. Cambios normativos súbitos, legislaciones ambiguas o con efectos retroactivos, y la percepción de que los contratos o las reglas del juego pueden ser alterados a conveniencia política, han generado una profunda desconfianza. Esta inestabilidad jurídica no solo espanta la inversión y el talento, sino que también genera una profunda incertidumbre entre los ciudadanos, que ven cómo sus derechos y expectativas pueden ser alterados arbitrariamente.
La cuestión de la propiedad privada ha emergido como un punto crítico. La retórica populista que la demoniza, junto con medidas que limitan su uso o goce legítimo, como en el mercado de la vivienda o en sectores productivos, representan un ataque directo a un fundamento básico de la libertad individual y del sistema económico. Cuando el Estado se arroga el derecho a dictar de manera excesiva cómo los individuos pueden disponer de sus bienes, se socava la autonomía personal y se abre la puerta a un control desmedido.
En síntesis, los dos últimos años de gobierno socialista no solo han sido un lastre para asentar la economía sobre bases sólidas, sino que han marcado un peligroso retroceso en la calidad de la democracia liberal. Se está construyendo un modelo que, de no corregirse, conducirá en el plano político a un autoritarismo electivo y, en el económico, a la decadencia.