Tal día como ayer, hace exactamente dos años, se celebró la sesión constitutiva de la XV legislatura, que cruza ahora su teórico ecuador, siempre al albur de una posible convocatoria de elecciones generales anticipadas, que la oposición exige sin tregua y que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, dispuesto a agotar su compromiso, se resiste a conceder, escudándose en el deseo de avanzar en su agenda progresista.
Si echamos la vista atrás y revisamos este bienio, lo que vemos es una media legislatura caracterizada por la pugnacidad de la oposición, que ha llevado la descalificación del Ejecutivo y la acritud parlamentaria a costas no holladas previamente, dificultando sobremanera un clima de diálogo y, no digamos, de entendimiento, pese a acuerdos excepcionales como el que permitió la renovación del poder judicial. Y, en el otro rincón del cuadrilátero, vemos a un Gobierno que ya no disponía de una mayoría consistente ni estable, y que se ha visto paulatinamente debilitado, tras los golpes encajados tanto por los casos de corrupción que afectan a dirigentes socialistas como por un inédito procesamiento del fiscal general del Estado. Ni siquiera a estas alturas del período estival, con el grueso de la clase política de vacaciones, remiten la furia y el ruido, ahora a costa de los incendios forestales que calcinan el noroeste peninsular.
Pedro Sánchez inició su tercer mandato –ocupa la presidencia desde el 2018– con el propósito central de reducir la crisis institucional derivada del procés independentista catalán, que enfrentaba a la Administración central con la de la Generalitat. Sus esfuerzos se concretaron en la promulgación de la ley de Amnistía que debía restañar heridas entre los dos poderes mencionados y apaciguar las fricciones en una sociedad catalana dividida.
La batalla de los presupuestos será un elemento central de la ‘rentrée’ política
Hay que añadir que logró su objetivo, aunque las resistencias de ciertos estamentos judiciales impiden aún, a día de hoy, aplicar dicha ley a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras. Lo cual contribuye a mantener latente un clima de enfrentamiento, y por tanto de inestabilidad, en la escena política del país.
Sánchez no se cansa de recordar que la economía de nuestro país atraviesa una fase positiva, con un índice de crecimiento que la sitúa al frente de los países comunitarios, una política salarial al alza, una tasa de afiliación a la Seguridad Social récord y un menguante índice de paro, todo ello regado y favorecido por una caudalosa corriente de fondos estructurales europeos. Pero nada de lo dicho garantiza a Sánchez que vaya a poder aprobar este año los presupuestos generales del Estado, en un país que viene prorrogándolos desde el 2023.
Esa va a ser una batalla clave en la cercana rentrée política española. Y una nueva ocasión para que la oposición insista en su castigo al Gobierno, a todas luces su prioridad, y para que los de Carles Puigdemont sigan condicionando su apoyo parlamentario a la obtención de contrapartidas. De lo que ocurra con esta batalla presupuestaria depende que el Gobierno conserve una fortaleza mínima para alcanzar su objetivo de seguir hasta el año 2027.
Los objetivos de los partidos dejan de ser legítimos cuando olvidan la defensa institucional
Hemos dicho en anteriores ocasiones que esta posibilidad –la de agotar la legislatura– no debe descartarse, dada la resiliencia del presidente y la siempre mejorable efectividad de una oposición agresiva pero incapaz de obtener los apoyos necesarios para impulsar una moción de censura que descabalgue al Gobierno. Y hemos dicho también, y lo reiteramos, que produce auténtico vértigo la posibilidad de hallarnos ante una segunda mitad de la legislatura en la que la aspereza política no solo se mantenga, sino que aumente. Nada indica, vista la reorganización de la cúpula del PP, que vaya a ocurrir otra cosa.
Dicho todo esto, no podemos sino exhortar de nuevo a los grandes partidos para que reconsideren su conducta y alejen su actividad del encono y la acerquen a un proyecto de progreso del país y de mayor concordia. Tratar de conservar o alcanzar el poder apoyándose en el lamentable soniquete del “y tú más” no garantiza a ningún partido el éxito, aunque, por el camino, produce unos daños al conjunto del sistema que ya se perfilan como de muy difícil reparación. Los partidos tienen sus propios y legítimos objetivos, pero estos dejan de serlo cuando olvidan su común obligación de respetar, honrar y defender las instituciones estatales.