Los gobiernos europeos son el principal obstáculo para las fusiones bancarias transfronterizas. El caso más paradigmático del momento es el categórico rechazo del canciller alemán, Friedrich Merz, al intento de Unicredit de comprar Commerzbank. Ese rechazo lo protagoniza la primera economía comunitaria y es un ejemplo del nacionalismo financiero que impide el fortalecimiento de la UE. Habría muchas más fusiones paneuropeas, pero la mayoría de las entidades no se atreven siquiera a intentarlas. Las iniciativas, para tener éxito, deberían partir de los gobiernos, y eso, por el momento, parece impensable. El Ejecutivo portugués, por ejemplo, se opuso al intento de CaixaBank de comprar Novo Banco, por considerar que la presencia bancaria española ya era excesiva en su país. En cambio, posteriormente no pudo evitar que lo comprase el francés BPCE.
La resistencia nacional a compartir el poder económico con otros países impide constituir campeones bancarios europeos de dimensión mundial, al nivel de los existentes en Estados Unidos y China. Paradójicamente, esa resistencia choca con las directrices de la propia Comisión Europea (CE), del Banco Central Europeo (BCE) y del ya casi mítico informe Draghi, que señalan la urgente necesidad de aumentar la capacidad financiera europea.
Las autoridades comunitarias, como mal menor, alientan asimismo las fusiones nacionales en cada país. Pero en esos casos también se producen intervenciones de algunos gobiernos para frenarlas, como ha sucedido en España con la opa del BBVA sobre Banc Sabadell, y en Italia, aunque por razones diversas. En este último país, el Gobierno de Giorgia Meloni frenó también la opa de Unicredit por BPM e impidió, así, la unión de la primera y la tercera entidad del país. El consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, intenta que su banco crezca fuera y dentro de sus fronteras, pero choca tanto con las autoridades extranjeras (Alemania) como con las nacionales. Y su fracaso desalienta otros intentos similares. La Comisión Europea ha dado ya un toque de atención a los gobiernos español e italiano.
El nacionalismo de los gobiernos es el principal obstáculo a las fusiones bancarias transfronterizas
En cualquier caso, lo importante para aumentar la capacidad financiera de la Unión Europea, y poder situarla al nivel que le corresponde por la dimensión de su economía, sería impulsar las fusiones o integraciones transfronterizas de los grandes grupos financieros de cada país. El informe Draghi, en este sentido, defiende la necesidad de avanzar hacia una unión bancaria más integrada, por la vía de reducir la fragmentación actual y fortalecer el tamaño y la eficiencia de los bancos europeos. Advierte, igualmente, que la Unión Europea cuenta con demasiados bancos, lo que deteriora su rentabilidad, ya que hay un exceso de sucursales y de empleados que provoca altos costes operativos. Estas causas estructurales, según señala, solo se pueden corregir mediante procesos de consolidación. El BCE llegó a calificar de urgentes dichos procesos.
Tanto Draghi como el BCE subrayan que las fusiones entre bancos de distintos países europeos potenciarían economías de escala, permitirían diversificar riesgos y mejorarían la capacidad de inversión e innovación tecnológica que necesita la UE, que se estima en 800.000 millones de euros de inversión adicionales por año, el 4,7% del PIB europeo. Esa inversión debería financiarse en un 80% por el sector privado. De ahí la necesidad de bancos fuertes comunitarios que contribuyan a mejorar la competitividad europea frente a Estados Unidos y China.
La UE necesita bancos más grandes y mayor ahorro para ganar soberanía y competitividad
Para facilitar las fusiones transfronterizas, según dicho informe, sería vital avanzar en una unión de mercados de capitales que fuera más eficaz, lo que comporta unificar legislaciones financieras, crear un sistema comunitario de garantía de depósitos (EDIS) y una supervisión única del BCE.
No obstante, la mayoría de los gobiernos de la UE son reacios –como hemos señalado– a potenciar las fusiones paneuropeas. Lo más absurdo de su defensa del nacionalismo bancario, sin embargo, es que la mayor parte de los propietarios de los grandes bancos europeos no son los gobiernos, ni los grupos económicos nacionales, sino grandes fondos de inversión internacionales. Lo que en realidad parece defender cada partido en el gobierno, sea del país que sea, es su poder para influir directa o indirectamente en las decisiones de sus grandes bancos. Es evidente que esta actitud de la práctica totalidad de la clase política europea no favorece los intereses superiores de la UE ni de sus ciudadanos, así como tampoco su influencia en el mundo. El gran desafío, por tanto, no es bancario, sino político. Se trata de superar –de una vez por todas– las estrecheces del nacionalismo caduco que prima en cada país y apostar, de verdad, por una Europa unida y cada vez más integrada.