Política en llamas. Bajo este titular nos referíamos en nuestro editorial del pasado sábado a las pullas entonces recién cruzadas por políticos del PP y del PSOE, tras los incendios forestales que en las últimas semanas han quemado más de 370.000 hectáreas y que, en no pocos casos, siguen todavía activos. En él nos referíamos también al lamentable cuadrilátero en que desde hace años se ha convertido la escena política española, con grave y acaso irreparable daño para la imagen parlamentaria.
Si dicho editorial reflejaba lo sucedido en vísperas de la rentrée política, mientras las principales figuras del Gobierno y la oposición iban acabando sus periodos vacacionales para regresar a la palestra, el de hoy abunda en la cuestión, pero en un momento en que el curso político parece haber arrancado ya de un modo más formal, al menos para los dos grandes partidos, el PP y el PSOE.
Los populares celebraron el lunes su primer comité de dirección del curso y, a su término, anunciaron un “plan integral contra incendios”, compuesto por cincuenta medidas, y presentado por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Entre dichas medidas se destacó la creación de un registro nacional de pirómanos, que impondría a quienes han sido condenados por practicar la piromanía el uso de una pulsera electrónica, similar a la que llevan los condenados por violencia de género, con el propósito de tenerlos localizados en todo momento. Dirigentes socialistas tacharon ayer tal plan de mera ocurrencia y lo despacharon con maneras displicentes.
El curso político arranca tras los grandes incendios con planes y reproches cruzados de PP y PSOE
Este plan era la respuesta conservadora al que propuso la semana pasada Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para atacar los incendios combatiendo la crisis climática, y que a su vez mereció el desdén de los populares. Ayer, en el primer Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó la declaración de zonas afectadas por una emergencia para los territorios calcinados por los incendios, y se dieron también pasos para el desarrollo del mencionado plan gubernamental que se propone hacer frente a la crisis climática.
No es hoy nuestro propósito comparar las iniciativas contra los incendios presentadas por el PP y el PSOE, ni tampoco inclinarse por una u otra. Todas las medidas encaminadas a evitar que el año próximo, o en otros años venideros, suframos niveles de destrucción como los de este 2025 merecen, de entrada, nuestro beneplácito. Pero es obvio que, aunque compartan un mismo afán, las dos iniciativas citadas parecen expresar ambiciones distintas. Una cosa es querer tener bajo control a los delincuentes dispuestos, o no, a reincidir (a los que, por cierto, solo se les puede atribuir una parte menor de los grandes incendios). Y otra cosa es disparar más alto, en el convencimiento de que nos enfrentamos a una nueva generación de incendios, particularmente destructivos, a menudo incontenibles, cuya causa última radica en la crisis climática, motivo por el cual se proponen estrategias novedosas para paliar sus efectos. Aun así –insistimos–, todo plan contra el fuego descontrolado resulta a priori digno de atención.
En la presente coyuntura, la cuestión central es cómo apostar por las medidas más urgentes, cómo sumar esfuerzos, cómo coordinar las iniciativas políticas y las estrategias institucionales, siempre con el fin de aminorar los efectos de estos desastres y de evitar su reiteración. Lamentablemente, no es eso lo que se ha hecho hasta la fecha. El PP ya ha expresado que su prioridad es seguir desgastando al Gobierno de Sánchez, con la esperanza de que arroje la toalla cuanto antes. Sus peticiones de comparecencias en el Senado empezaron ayer con la ministra de Defensa, que acusó a Feijóo de torpedear la correcta coordinación entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos, en este caso presididos por el PP. Es obvio que el PSOE busca la comparación de la gestión de los incendios con la de Mazón ante la dana de Valencia.
La ciudadanía no necesita más choques, sino nuevas políticas que eviten o atenúen futuros desastres
Lo hemos dicho ya más arriba: de lo que se trata ahora, si de veras se quiere ofrecer una gestión sensata a la ciudadanía, es de sumar esfuerzos y coordinar la acción política e institucional, más aún teniendo en cuenta que nadie está por completo libre de culpa. Todo lo demás puede parecer de alguna utilidad de cara a la propia militancia, pero resulta estomagante y reprobable para el conjunto de los ciudadanos, que esperan de su Gobierno, y también de la oposición, una actitud responsable que contribuya a atenuar los problemas de todos. Solo así se mejorará el bienestar colectivo y se podría llegar a controlar el voraz incendio que consume la política.