La apertura del nuevo año judicial, celebrada ayer en la sede del Tribunal Supremo, pasará a los anales de la judicatura española por una serie de factores excepcionales, que la hicieron particularmente tensa. El primero de ellos fue que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, participó en el acto, donde leyó, como establece la ley orgánica del Poder Judicial, la memoria anual de su departamento, pese a estar imputado por un presunto delito de revelación de secretos que se juzgará, precisamente, en el Supremo. El segundo fue que el jefe de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, decidió no acudir al acto en protesta por la presencia de García Ortiz, pese a que el Rey presidía la reunión. El tercero, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestara el pasado lunes que “hay jueces que hacen política”. El cuarto, que el acto vino precedido por una propuesta de boicot, por parte del ala más conservadora de la judicatura que, finalmente, no prosperó. El quinto, consecuencia de todo lo dicho, es que el estamento judicial, que lógicamente defiende la independencia de su labor, ha visto como la constante refriega política entre el PSOE y el PP, que ha causado ya estragos en el Parlamento, alcanzaba también su sede.
Ciertamente, es inusual que el fiscal general del Estado, máximo responsable de velar por el cumplimiento de la ley en España, se halle inmerso como imputado en una causa judicial. En un escenario político menos cainita que el nuestro lo más satisfactorio hubiera sido que, a partir del momento en que el Supremo confirmó su procesamiento, en julio pasado, García Ortiz se apartara del cargo hasta ver restablecido su honor. Dicho esto, no cabe olvidar el origen del mencionado procesamiento: la supuesta filtración de correos electrónicos relativos al proceso que se sigue, por hasta cuatro delitos, contra el compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y crítica implacable del Gobierno socialista. Quizás fue recordando esto que García Ortiz deslizó ayer en su discurso estas palabras referidas a su Ministerio Fiscal: “Una institución no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes”.
La causa contra García Ortiz, el plantón de Feijóo y las palabras de Sánchez agitan la ceremonia
Respecto al plantón de Feijóo, creemos que fue una decisión errónea. Por el desaire que comporta hacia la figura del jefe del Estado y a los jueces y, también, porque abunda en un estilo de oposición muy acerba, escasamente constructiva, basada en el constante descrédito de un rival que, hasta la fecha, sigue contando con el respaldo de una mayoría parlamentaria. El hecho de que Feijóo prefiriera ir a Arganda a arropar a Díaz Ayuso en el arranque de curso del PP madrileño abunda en el error. Si se quiere de verdad reforzar las instituciones, no es con plantes como hay que hacerlo.
El presidente Pedro Sánchez tampoco estuvo afortunado al lanzar su mensaje sobre la politización de algunos jueces en una entrevista televisiva concedida a principios de semana. El modo en que se instruyen causas como las que afectan a su esposa, su hermano o al propio fiscal general del Estado puede suscitarle suspicacias. Pero por más convencido que estuviera el presidente de lo que dijo, podía defender a los investigados sin arremeter contra la judicatura y también podría haberlo expresado en otra ocasión, no necesariamente en vísperas de la apertura del año judicial. Con el manifiesto apoyo que exhibió el jueves en la Moncloa a García Ortiz ya bastaba.
La presidenta del Supremo defiende la independencia judicial, pero la distingue del libre albedrío
Añadiremos que Isabel Perelló, presidenta del Supremo, fue ayer oportuna al defender “con firmeza” en su discurso la independencia del poder judicial, en lo que cabe interpretar como una alusión a las palabras de Sánchez. Y no lo fue menos al precisar, acaso pensando en determinados jueces, que “independencia no equivale a libre albedrío”. Esa es la línea. Y en esa línea no deben caber posicionamientos, y no digamos boicots, de magistrados demasiado sensibles a sus ideologías particulares.
La política española debe abandonar la senda de confrontación constante, y sobre todo de la que se plantea como una mera cacería de rivales, con el afán de ocupar sus puestos, y volver cuanto antes al debate de las ideas y de los proyectos de futuro para el país. Esto último es lo que interesa a los ciudadanos, muy por encima de la opinión que la oposición tiene del Gobierno, o el Gobierno de la oposición. Tal cosa ya es archisabida, además de, a estas alturas, irrelevante, aunque extremadamente lesiva para el prestigio de los órganos institucionales que ejercen la representación popular.